La crisis energética amenaza gobiernos europeos en vísperas de superaño electoral

Los chalecos amarillos vuelven a las carreteras francesas el 17 de octubre. En Portugal, conductores tocan bocinas y circulan lentamente en protesta. En Irlanda, donde manifestantes bloquearon la única refinería del país hace apenas meses, nuevas movilizaciones acechan en el horizonte. El catalizador es el mismo de hace cuatro años: el precio del combustible, especialmente el diésel, ha vuelto a dispararse por encima de los dos euros por litro en toda Europa. Lo que hace esta crisis particularmente explosiva no es solo la escasez o el costo, sino el momento en que llega: a las puertas de un superaño electoral que definirá el rumbo de la Unión Europea durante años.

Francia, Italia, España y Polonia —cuatro de los cinco países más poblados de la UE— celebrarán elecciones en 2027. También lo harán Finlandia, Grecia, Eslovaquia y Estonia. Mientras tanto, el gas natural y la electricidad vuelven a subir, el diésel sigue imparable, y los gobiernos europeos enfrentan una realidad incómoda: tienen mucho menos margen de maniobra que hace cuatro años. La manga ancha fiscal de la era pospandemia se ha cerrado considerablemente. Las partidas de defensa se han disparado. Los tipos de interés suben, y el Banco Central Europeo mantiene una postura más restrictiva. El coste de financiación se ha elevado aún más tras las tensiones en Irán. En este contexto, sacar el extintor a lo grande contra una crisis energética que devora los bolsillos de ciudadanos y empresas es mucho más difícil que en 2022.

La complicación se agrava con un giro inesperado en Washington. Donald Trump, tras meses de autocomplacencia, parece haber despertado a las advertencias de las encuestas. En un encuentro con el presidente ucranio Vladímir Zelenski, soltó una frase que cambia radicalmente el tablero global: "He dicho que no enviemos diésel fuera". Esas siete palabras rompen con una década de hegemonía exportadora estadounidense en gas, petróleo y derivados. Trump ha estado pidiendo a Zelenski que deje de atacar refinerías rusas, una posición que ahora refuerza con la amenaza de restricciones a las exportaciones estadounidenses. El cálculo político es claro: los precios altos están destrozando su apoyo en el heartland agrícola estadounidense, y necesita un truco de última hora antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.

Para Europa, esta amenaza es un terremoto. Países Bajos, Francia y España están entre los diez mayores importadores de gasóleo estadounidense. Si Trump cumple su promesa, el impacto será inmediato y severo. Pero antes de eso, los gobiernos europeos ya están bajo presión. Solo ahora, con semanas de demora, algunos comienzan a plantear medidas de emergencia similares a las de 2022: ayudas directas masivas, salvavidas para el campo y la industria, gravámenes adicionales sobre las empresas energéticas —que se están enriqueciendo nuevamente— y posiblemente una segunda ronda de la excepción ibérica que España e Italia implementaron años atrás. El Ejecutivo español anunció este martes un nuevo paquete anticrisis.

La historia de las crisis energéticas es inequívoca: siempre tienen consecuencias electorales. En Alemania, la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) capitalizó el descontento en las recientes elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, culpando de manera martilleante a conservadores y socialdemócratas por la carestía de combustibles y electricidad, aunque el origen real está en Rusia y Oriente Próximo. Este patrón se está replicando en toda la extrema derecha europea. Ronan Bolton, profesor de la Universidad de Edimburgo, lo explica así: "Es una gran oportunidad para los populistas, con sus soluciones aparentemente fáciles, como abandonar las políticas climáticas o volver a los combustibles fósiles, que no resisten un análisis riguroso". La ultraderecha ofrece impuestos más bajos y defensa a ultranza de los combustibles fósiles, presentando los costes energéticos como evitables y atribuyéndolos a decisiones de gobiernos en lugar de a shocks geopolíticos.

Jan Steckel, jefe del grupo de estudios sobre economía política del Instituto Potsdam, subraya el problema de fondo: "Todo esto encaja con un patrón más amplio: presentar los costes energéticos como evitables y atribuirlos a decisiones de los gobiernos en lugar de a shocks geopolíticos, que son los que realmente están encareciendo la energía". La solución real a las crisis repetidas de precios energéticos está en la autonomía estratégica: electrificación masiva, expansión de renovables y almacenamiento mediante baterías. Pero estas soluciones requieren años. La demanda ciudadana es inmediata: abaratar la factura de luz y el tique de gasolina hoy. Como señala Bolton, "las soluciones a largo plazo son las únicas posibles, pero el perjuicio inmediato abre un espacio político para ofertas electoralmente atractivas en un momento en el que hogares y empresas están en dificultades".

El panorama macroeconómico general es más optimista de lo que cabría esperar. El crecimiento, aunque modesto, resiste, y los índices de confianza pintan un cuadro distinto al de los surtidores. Pero esa última curva aún puede estar por llegar. Si Trump cumple su amenaza y prohíbe las exportaciones de diésel, Europa enfrentará una tormenta perfecta: una crisis energética en plena campaña electoral, gobiernos sin margen fiscal para responder, y una ultraderecha lista para capitalizar cada frustración con soluciones que suenan fáciles pero que ningún análisis riguroso puede sostener.