La crisis de Ceuta impulsa planes de centros de deportación fuera de la UE

Italia construyó un centro de deportación en Albania hace dos años con la intención de procesar solicitudes de asilo fuera de sus fronteras. Durante dos años consecutivos, el lugar ha permanecido casi vacío. Los tribunales han cuestionado su legalidad, y los costos han sido excesivos. Aun así, cuando las imágenes de miles de migrantes llegando a Ceuta inundaron las pantallas del mundo a principios de agosto, el ministro de Interior italiano Matteo Piantedosi vio una oportunidad. En una reunión del Consejo de la Unión Europea dedicada a la crisis en la ciudad española del norte de África, pidió que la UE construyera instalaciones similares fuera de su territorio para frenar la migración irregular. Habló de "soluciones innovadoras", un lenguaje cuidadosamente elegido para evitar la palabra "deportación" y sus connotaciones políticas incómodas.

No estaba solo. Dinamarca, un país socialdemócrata liderado por la primera ministra Mette Fredriksen, lo apoyó de inmediato. También lo hicieron Austria, Grecia, Países Bajos y Alemania. El comisario europeo Magnus Brunner, austriaco, confirmó después de la reunión que varios Estados miembros estaban negociando discretamente con países fuera de la UE para ubicar estos centros. Cuando un periodista utilizó la palabra "deportación", Brunner se apresuró a corregirlo, prefiriendo el término "retorno". Este grupo de seis naciones, que se autodenomina "grupo de países ejecutores", planea intensificar sus negociaciones en septiembre y espera cerrar acuerdos antes de que termine el año.

La aprobación del reglamento de retornos en junio fue el punto de inflexión legal que hizo posible este movimiento. El nuevo reglamento abre la puerta para trasladar migrantes y solicitantes de asilo rechazados a centros ubicados fuera de la UE. Esta apertura legal fue facilitada por el crecimiento de partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo y por la adopción de estas políticas por parte de los conservadores tradicionales europeos. Fredriksen y la primera ministra italiana Giorgia Meloni promovieron una carta conjunta firmada por diecinueve países pidiendo que se aplicaran estas "nuevas posibilidades" del reglamento, incluyendo lo que llaman "hubs" en terceros países.

Dinamarca tiene un historial con este tipo de iniciativas. En 2021, Fredriksen aprobó una ley que permitía trasladar solicitantes de asilo fuera de la UE para procesar sus solicitudes allí. Firmó un acuerdo con Ruanda, pero el proyecto fue suspendido en 2023 y nunca se reactivó. El fracaso no la desanimó. Ahora, con Ceuta como telón de fondo, cree que el momento es propicio para intentarlo de nuevo.

Los detalles sobre qué países acogerían estos centros permanecen en la sombra. Reportes de prensa en los países del grupo ejecutor mencionan a Ruanda, Uganda, Uzbekistán e incluso Montenegro, un candidato a la adhesión a la UE. Albania, donde Italia ya construyó su centro, también aparece en las conversaciones. El ministro de Interior alemán Alexander Dobrindt ha indicado que espera cerrar acuerdos con Estados fuera de la UE antes de que termine 2026.

Las organizaciones de derechos humanos ven en todo esto una maniobra política. Chiara Catelli, asesora de Picum, una red de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, sostiene que lo ocurrido en Ceuta no tiene relación alguna con los centros de deportación fuera de la UE. "Los gobiernos están utilizando cualquier excusa para imponerlos y dar la imagen de que son duros con la inmigración", dice. Señala que los cruces fronterizos se han utilizado durante años para convertir a los migrantes en chivos expiatorios y distraer a los votantes de problemas más profundos.

Brunner ha sido cuidadoso al no vincular directamente estos centros con los sucesos de Ceuta. Cuando habla de ellos, enfatiza que deben ubicarse en un "tercer país seguro", un concepto que no existe en la Convención de Ginebra pero que Europa ha construido para referirse a un Estado donde se presume que se respeta el principio de no devolución y se garantizan la vida y la libertad. El comisario también ha señalado que el endurecimiento de las políticas migratorias ha reducido la migración irregular un 55% en dos años y un 40% en lo que va de 2026. Sin embargo, reconoce que "las imágenes dramáticas" de Ceuta superan a cualquier estadística positiva, y esa es una lección que los gobiernos europeos han aprendido bien.