La crisis de Ceuta expone fallos reales más allá de la polémica sobre vacaciones políticas

Cada verano, sin falta, los políticos españoles se acusan mutuamente de abandonar sus responsabilidades para disfrutar del descanso. Este año, la crisis de Ceuta ha convertido ese debate cíclico en algo más que una escaramuza de redes sociales: ha expuesto fallos reales en cómo el Gobierno definió, dimensionó y respondió a una de las mayores emergencias geopolíticas de las últimas décadas.

La polémica comenzó donde siempre. Un ministro socialista criticó a un presidente autonómico del PP por estar "de farra" mientras su territorio ardía. Un senador popular contraatacó con la imagen de un presidente en la playa mientras España se quemaba. Los argumentos son viejos, gastados, cargados de demagogia. Hay fotos de líderes políticos sujetando mangueras en incendios que ellos mismos reconocen después que fueron "una metedura de pata". Hay alusiones al "palacete pagado por todos" mientras millones de españoles no pueden permitirse vacaciones. Hay críticas a presidentes autonómicos que se van "de farra". Pero cuando los políticos juegan este juego, a menudo se queman. La presidenta de Madrid pasó meses atacando a Sánchez por vivir en "cuatro palacios pagados por todos los españoles", hasta que se reveló que ella misma había disfrutado de un chalé de 4,3 millones de euros comprado con dinero público. Luego vino la compra de un ático de 6,3 millones. Esta semana, Díaz Ayuso tuiteó que los ministros se iban "de fiesta a cuerpo de rey" mientras Ceuta era "invadida por Marruecos", acompañando su mensaje con una foto de un acto científico en un observatorio. El alcalde de ese municipio, del mismo partido que Ayuso, salió a desmentirla públicamente, explicando que el evento había acogido a 500 personas, entre ellas trabajadores del observatorio y sus familias, y que el Gobierno había elegido ese lugar por su radiotelescopio de 40 metros de diámetro y sus instalaciones científicas de clase mundial.

Pero debajo de la demagogia hay algo más grave. Cuando casi 80.000 personas entraron irregularmente en Ceuta en cuestión de días, el Gobierno cometió errores fundamentales que ninguna cantidad de fotografías bien posicionadas podría disimular. Primero, definió mal el problema. No era una crisis migratoria. Era geopolítica. Marruecos había permitido deliberadamente que miles de personas cruzaran hacia territorio español como acto de presión política. El Gobierno tardó en entender eso. A las 24 horas hablaba de 49.000 personas. El número real era cercano a 80.000. Cuando te equivocas en un 100% en la cifra, el operativo que necesitas es completamente distinto. No es lo mismo gestionar 2.000 menores no acompañados que 4.000. Familias tuvieron que acoger a niños en sus casas. Menores durmieron en la calle. Personas pasaron varios días sin comer. El Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio.

Sánchez interrumpió sus vacaciones en La Mareta el 31 de julio para viajar a Ceuta y describir lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España". Pero el daño comunicativo ya estaba hecho. El Gobierno intentó generar una contranarrativa: una foto de videoconferencia con los ministros desde la residencia oficial. En la imagen no se veían las piernas del presidente bajo la mesa. Eso bastó para desatar especulaciones y burlas en redes sociales. La Moncloa aseguró que era un "efecto óptico", que no habían editado nada, que hubo otras videoconferencias similares de las que no tomaron imágenes.

Luego vinieron los vídeos. Sánchez recomendando canciones en Spotify mientras los buzos buscaban todavía cadáveres de inmigrantes ahogados. Unos días después, recomendando libros, cuando la crisis seguía sin resolverse. Los politólogos consultados coinciden en que el primero probablemente estaba programado con anterioridad. El segundo no. El segundo era un intento de transmitir normalidad, de decir que la crisis estaba encauzada. Fue un error. La situación seguía siendo muy difícil. El Gobierno lanzaba mensajes contradictorios: la ministra de Defensa viajaba al lugar del problema mientras el presidente recomendaba libros.

Hubo también desacuerdos entre ministerios sobre cuánto sabían de antemano. El Ministerio del Interior y el de Defensa dieron versiones distintas sobre el grado de conocimiento previo de la amenaza. Ambos señalaron a las mafias como único culpable. Esa versión, según los analistas, no es creíble. El Gobierno no quería dejar caer a nadie porque no quería admitir que se había equivocado. El ministro de Exteriores prometió devolver a "la última persona" que había entrado en Ceuta, algo que legalmente no puede hacer con menores ni solicitantes de asilo.

Los expertos son claros: el Gobierno cometió errores de gestión y comunicación que alimentaron la vieja narrativa de un Ejecutivo ausente. No se trata de si los políticos deben tener vacaciones o no. Por supuesto que deben tenerlas, coordinándose entre ellos. Se trata de saber reaccionar. De definir bien el problema, dimensionarlo correctamente y desplegar los recursos necesarios. En Ceuta, el Gobierno falló en los dos primeros pasos. Los ciudadanos de la ciudad gritaban que se sentían abandonados. Y si se sienten así, es porque algo no se ha hecho bien.