La crisis de Ceuta atrapa al Gobierno en un nuevo cruce de versiones sobre los avisos del CNI

Seis semanas después de que cerca de 80.000 migrantes irregulares atravesaran la frontera hacia Ceuta desde Marruecos, el Gobierno se encuentra atrapado en una nueva contradicción que amenaza con profundizar la crisis en lugar de resolverla. La dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, ha abierto un frente inesperado: mientras que el Ejecutivo y el delegado sostienen que nadie fue advertido de la amenaza, Sanz afirma públicamente que sí informó a su superior sobre los avisos del CNI recibidos el 29 de julio, la víspera del salto fronterizo. El delegado lo niega categóricamente.

La desclasificación de documentos que el Gobierno esperaba que demostrara su falta de responsabilidad ha tenido el efecto contrario. Los mensajes de WhatsApp revelan que un agente del CNI contactó a Sanz a las 13.52 del 29 de julio con información precisa: grupos en redes sociales estaban convocando un asalto a la valla fronteriza y entrada a nado para ese mismo día a las 20 horas, coincidiendo con la Fiesta del Trono. El agente mencionó dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Sanz respondió con una expresión ceutí. Luego, a las 21.34, ambos sostuvieron una llamada de 11 minutos cuya existencia y contenido el delegado también dice desconocer.

En su carta de dimisión, Sanz explicó que renunciaba por la incompatibilidad evidente entre su afirmación de haber transmitido esa información al delegado ese mismo día y las declaraciones públicas de Pérez Triano negando haberla recibido. Sanz había sido jefe de gabinete durante los últimos cuatro años bajo dos delegados anteriores, y el actual lo mantuvo en el cargo cuando fue nombrado en febrero. La Delegación insistió en que Triana no tuvo conocimiento de ninguno de esos mensajes ni de la llamada antes del 30 de julio. Sin embargo, Sanz se niega a asumir la versión oficial de que guardó silencio sobre información tan sensible.

La contradicción entre ambos no es un mero desacuerdo administrativo. Detrás está la investigación abierta por la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional, quien aprecia indicios de conducta delictiva por la entrada masiva de migrantes. Los cargos involucrados tienen presente que podrían enfrentar responsabilidades judiciales, lo que explica por qué ambos se resisten a reconocer quién sabía qué y cuándo. Según fuentes de la Delegación y del PSOE de Ceuta, sus versiones contradictorias responden precisamente a esa presión legal.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta desde hace 25 años, aprovechó el desencuentro para criticar al Gobierno. Consideró poco probable que Sanz no hubiera informado a Pérez Triano, y señaló que el cruce de versiones deja mal parado al Ejecutivo. "Lo que está sufriendo Ceuta no merece el que uno ande diciendo yo estuve, yo no me enteré, a mí no me dijeron", dijo Vivas, quien también afirmó que La Moncloa le pidió que dejara de llamar después de días advirtiendo sobre la crisis migratoria. Vivas vinculó las contradicciones a la causa judicial y recalcó que es lo más grave que ha ocurrido en Ceuta en su memoria.

La crisis ha destrozado también la estrategia política del PSOE en la ciudad. Pérez Triano fue proclamado candidato socialista para las próximas elecciones locales el 23 de julio sin competencia, seis días antes del salto fronterizo. Ahora ninguno de los dirigentes consultados ve posible que continúe en esa candidatura. Las protestas ciudadanas, que exigen la dimisión del delegado, terminan regularmente en la puerta de la Delegación. Algunos manifestantes han colocado una corona de flores frente a la sede con un mensaje: "Descansa en paz por tu muerte política". El entorno de Pérez Triano reconoce la presión enorme de ciudadanos que le piden, como máximo representante del Ejecutivo, que devuelva la normalidad a Ceuta. Su objetivo de poner fin a más de dos décadas y media de Gobierno del PP en la ciudad autónoma no tiene posibilidades para ninguno de los cargos socialistas consultados.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza. La jueza Tardón ha abierto la causa por indicios de conducta delictiva que atacó gravemente la integridad territorial de España. Todos los implicados, según Vivas, tendrán que comparecer como testigos o imputados para aclarar qué sucedió. El Gobierno, que hace seis semanas esperaba cerrar esta crisis demostrando que no fue advertido, se encuentra ahora enredado en una maraña de versiones contradictorias que solo la justicia parece capaz de desentrañar.