La congelación de óvulos: una solución cara con muchas aristas sin resolver

La Federación Española de Fútbol está ultimando un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección puedan acceder a la congelación de óvulos, una iniciativa que, aunque todavía sin detalles confirmados, ha bastado para reabrir uno de los debates más complejos en la intersección entre medicina reproductiva, derechos laborales y justicia social.

La vitrificación de óvulos, cuando se realiza antes de los 36 años, puede multiplicar por diez las probabilidades de lograr un embarazo en el futuro, con tasas de éxito que oscilan entre el 60 y el 70%. Para una deportista de élite cuya carrera exige el máximo rendimiento físico durante los años en que la fertilidad es más alta, la posibilidad de preservar esa fertilidad sin renunciar a la competición parece una solución razonable. Sin embargo, el procedimiento tiene un coste inicial de entre 2.800 y 5.000 euros, al que se suman los gastos anuales de almacenamiento, lo que lo convierte en una opción reservada, en la práctica, a quienes pueden permitírsela.

Los datos revelan una paradoja silenciosa: solo el 30% de las mujeres que congelan sus óvulos llegan a utilizarlos. El resto queda atrapado en un vacío legal que la legislación española no ha sabido resolver. La ley impide destruir los óvulos almacenados sin una certificación médica que acredite el fin de la edad fértil, lo que ha generado un inventario creciente de gametos en suspenso, sin destino ni posibilidad de cierre para quienes los depositaron.

El movimiento de la Federación, más allá de su dimensión deportiva, plantea una pregunta que trasciende el fútbol: ¿debe ser la institución —pública o privada— quien financie el acceso a la preservación de la fertilidad, o seguirá siendo una decisión que el mercado resuelve a favor de quienes tienen más recursos? Mientras ese debate no encuentre respuesta, miles de óvulos continuarán congelados, esperando un futuro que la ley no sabe cómo gestionar.