En Madrid, una firma de origen estadounidense vigila desde hace casi dos décadas los hospitales que la Comunidad confió a manos privadas, y en ese tiempo ha cobrado más de quince millones de euros del erario. Su labor, que parecía puramente técnica, toca el corazón de lo que el Estado paga a quienes gestionan la sanidad, y por eso cada cifra pesa más de lo que aparenta. Como tantas veces ocurre cuando lo público se entrega en parte a lo privado, la pregunta no es solo cuánto cuesta el control, sino quién controla al controlador.
La Comunidad de Madrid ha pagado más de 15 millones a Hill International, la firma que vigila sus hospitales privatizados
Una empresa privada vigila hospitales públicos gestionados por otras privadas
Mark
Lo primero que choca es que una empresa privada vigile a otras privadas. ¿Qué papel tiene exactamente Hill?
Mimi
Supervisa servicios no sanitarios como limpieza o seguridad, revisa facturas y liquidaciones, y asesora al Sermas en pliegos. Lo hace con un equipo de 16 personas en 11 hospitales concesionados, más la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa.
Mark
¿Y por qué importa tanto el control financiero?
Mimi
Porque de esos parámetros depende lo que Sanidad paga a Quirón y Ribera Salud. En 2025 fueron 138,78 millones en reequilibrio económico para los cuatro hospitales de concesión administrativa.
Luke
Conviene separar cosas. Los 138,78 millones son lo que se concedió a las concesionarias; el texto no dice que Hill decidiera esos pagos, solo que sus cálculos son la base.
Mimi
Cierto. Y el conflicto de intereses es una valoración de Público: Hill fue accionista indirecto de Torrejón hasta agosto de 2025 y a la vez evaluaba ese hospital.
Mark
¿Qué hay de la cifra de 15 millones?
Luke
Es el cálculo del periódico. Verificó 13,85 millones y estima unos cuatro más por dos prórrogas, de 2010 y 2014, que no figuran en registros públicos. Ese añadido no está documentado oficialmente.
Mark
¿Y la competencia?
Mimi
Hubo 11 ofertas al principio y cinco en 2015, pero en 2011 y 2022 Hill fue la única candidata.
Luke
Eso no prueba irregularidad por sí mismo; el texto no explica por qué no hubo más ofertas. Tampoco recoge respuesta de la Comunidad ni de la empresa.
Der Puls
- Un contrato de vigilancia que dura casi veinte años y acumula más de quince millones de euros de dinero público.
- Un posible conflicto de intereses: la empresa vigilante fue accionista indirecta de un hospital que luego reclamó más pagos a la Comunidad.
- Prórrogas y contratos sin publicar en los boletines oficiales, que dificultan saber cuánto se ha pagado realmente.
- Pagos por reequilibrio económico de 138,78 millones a concesionarias, todavía pendientes de aclaración sobre quién vigila las cuentas.
En Madrid, una firma de origen estadounidense vigila desde hace casi dos décadas los hospitales que la Comunidad confió a manos privadas, y en ese tiempo ha cobrado más de quince millones de euros del erario. Su labor, que parecía puramente técnica, toca el corazón de lo que el Estado paga a quienes gestionan la sanidad, y por eso cada cifra pesa más de lo que aparenta. Como tantas veces ocurre cuando lo público se entrega en parte a lo privado, la pregunta no es solo cuánto cuesta el control, sino quién controla al controlador.
La Comunidad de Madrid encargó a Hill International Spain la supervisión de los hospitales que cedió a empresas privadas, un trabajo que la firma realiza desde 2007, cuando se abrieron los primeros siete hospitales de concesión pública impulsados por Esperanza Aguirre. Según el recuento de Público, la empresa ha recibido más de quince millones de euros, aunque la cifra podría ser unos cuatro millones mayor por prórrogas que no aparecen en ninguna plataforma oficial.
Su equipo de dieciséis personas controla desde la limpieza y la seguridad hasta las facturas y los balances, y sus informes sirven de base para decidir lo que Sanidad paga a las concesionarias. En las licitaciones de 2011 y 2022 fue la única candidata.
El punto más delicado es su vínculo con Torrejón Salud. Hill fue accionista indirecto del hospital hasta 2025, y ese hospital reclamó en tres ocasiones subidas de pago a la Comunidad, fondos que lo rescataron de la insolvencia. Público considera que esa relación puede suponer un conflicto de intereses. Queda por ver si la Comunidad lo aclara y explica las prórrogas no publicadas.
La Comunidad de Madrid ha encargado a una empresa privada que vigile los hospitales públicos cuya gestión ha cedido a otras empresas privadas. Se llama Hill International Spain SA y lleva casi 20 años supervisando la actividad y las cuentas de esos centros. Según ha publicado Público, en ese tiempo ha recibido de las arcas madrileñas más de 15 millones de euros.
El primer contrato se lo adjudicó la Consejería de Sanidad en 2007, justo cuando abrieron los siete hospitales de concesión de obra pública con los que Esperanza Aguirre estrenó en Madrid las fórmulas de colaboración público-privada en sanidad. Después llegaron otros tres contratos y cinco prórrogas. El último contrato es de 2022 y fue prorrogado en 2025 hasta septiembre de 2027. Con ese contrato, la empresa pasó también a monitorizar y evaluar los cuatro hospitales de concesión administrativa.
La cuenta del periódico es esta: ha podido sumar 13,85 millones de euros entre los cuatro contratos y tres de las cinco prórrogas. La cifra real sería unos cuatro millones mayor si se añaden las prórrogas de 2010 y 2014, que no aparecen ni en la plataforma de contratación de la Comunidad ni en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad. El contrato de 2022 se adjudicó por 3,54 millones y la última prórroga, de dos años, por 2,36 millones. A la primera licitación del servicio de apoyo a la Unidad Técnica de Control se presentaron 11 ofertas y a la de 2015, cinco; en las de 2011 y 2022, Hill fue la única candidata.
La firma es filial española de una de las mayores compañías estadounidenses de gestión de proyectos y construcción, y dedica un equipo de 16 personas a este trabajo. Vigila los siete hospitales de obra pública (Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste y Tajo) y los cuatro de concesión administrativa (Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Torrejón y Villalba). Controla limpieza, seguridad, lavandería, almacenes, locales comerciales, cafetería, aparcamiento, telefonía y televisión. Elabora informes mensuales y analiza incidencias, que pueden acabar en penalizaciones. También asesora técnica y jurídicamente al Sermas y a sus órganos de contratación en la redacción de pliegos.
Su labor alcanza además al control financiero: revisa balances, costes de explotación, facturas mensuales y liquidaciones anuales. Comprueba la facturación de la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Quirón, y del Hospital Central de la Defensa, ambos con convenio singular con el Sermas, y sigue los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia de los hospitales totalmente públicos. Quirón es el grupo privado que más dinero público recibe de la Comunidad y está en el centro de la polémica desde que se supo que la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, trabajaba para esa empresa.
Esos cálculos importan porque determinan lo que Sanidad paga a las concesionarias, Quirón y Ribera Salud: la cápita, la libre elección y las listas de espera derivadas. Son la base de recursos y litigios, y de las solicitudes de reequilibrio económico, un mecanismo previsto para circunstancias extraordinarias o imprevisibles que alteren la economía del contrato. En 2025 el Gobierno madrileño concedió 138,78 millones de euros por este concepto a los cuatro hospitales de concesión administrativa.
El vínculo societario es el punto delicado. Torrejón Salud reclamó tres veces a Sanidad, entre 2022 y 2025, que subiera lo que le paga por la asistencia, y esos fondos la sacaron de la insolvencia. Hill International Spain fue accionista indirecto del hospital hasta agosto de 2025, a través de Concessia, sociedad creada en 2008 con las cajas de ahorro. Concessia vendió su 10,53% a Ribera Salud tras perder en los tribunales una demanda por el impago de un préstamo de 13 millones a Torrejón Salud. Público considera que ese vínculo puede suponer un conflicto de intereses. Queda por ver si la Comunidad lo aclara, y también lo hace con las prórrogas no publicadas.
Bemerkenswerte Zitate
El vínculo societario con el Hospital de Torrejón puede suponer un conflicto de intereses.— Público
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