La Colonia Experimental de Villaverde: 408 pisos casi en ruina y la primera fase de derribo, tras décadas de espera

Juan Durán y Manuela Quintana, de 71 y 69 años, suben y bajan a diario los tres pisos de su bloque en la Colonia Experimental de Villaverde Alto, aunque ya les cuesta cada vez más. Manuela nació en la colonia; Juan, en el mismo barrio, calle abajo. Su vivienda, reformada, es un lugar agradable en comparación con el resto del edificio, cuyas zonas comunes son corralas con humedades, escaleras rotas y desiguales y barandillas oxidadas del grosor de una rama.

El 19 de octubre de 2026, la Comunidad de Madrid autorizó el convenio para la primera fase de la renovación de la colonia, que afectará a 36 viviendas y tendrá una inversión cercana a los cinco millones de euros. El plan prevé demoler los edificios afectados, construir casas nuevas y realojar temporalmente a sus residentes. Llega más de tres décadas después de las primeras reclamaciones vecinales.

La colonia se levantó en los años cincuenta por iniciativa de la Obra Sindical del Hogar, para alojar de forma provisional a familias de otras provincias, sobre todo de Andalucía y Extremadura. Hoy son 408 pisos de unos 34 metros cuadrados de media, con techos de dos metros, grietas que parten los edificios, fachadas que se desprenden y calles sin asfaltar. Viven allí unas 800 personas. El Ayuntamiento de Madrid los ha catalogado como infraviviendas por no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad.

El arquitecto José Luis López, que asesora a los vecinos y conoce más de 100.000 viviendas públicas de Madrid, también ha trabajado con barrios de Aeropuerto, Orcasitas y Fuencarral. Sostiene que no hay nada parecido: ninguna otra tiene portales por debajo de la rasante, cubiertas de amianto y tuberías de plomo. Los edificios siguen en pie, dice, pero algunos «no aguantarían una tromba de agua como la de Valencia».

La historia administrativa explica parte del deterioro. En 1984 las viviendas pasaron a ser propiedad de la Comunidad de Madrid, que las mantuvo, a través del Instituto Nacional de la Vivienda y después del IVIMA, bajo un sistema de acceso diferido a la propiedad con obligación de compra. En 1994 el IVIMA sacó a la venta la mayoría de los pisos y muchos vecinos se hicieron propietarios de casas que ya tenían deficiencias. Hoy la mayor parte pertenece a particulares y la Agencia de Vivienda Social conserva alrededor del 10% del ámbito.

Ana Alonso, representante de la asociación administrativa de cooperación de la colonia, lleva décadas reclamando una solución. Las primeras protestas fueron en los ochenta; con Alberto Ruiz-Gallardón, los vecinos llegaron a encadenarse en las oficinas del IVIMA. En 2017, con Manuela Carmena en el Ayuntamiento, se aprobó un protocolo para desbloquear la actuación, y en abril de 2020 el proyecto de reparcelación. Las obras no llegaron. Los vecinos afirman que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a algunos residentes, pero la ejecución quedó bloqueada por la complejidad de la actuación.

La vida cotidiana pesa. Julia Durán, de 69 años, vive en el piso bajo el de Juan y Manuela, con una ventana minúscula que da toda la luz a la casa. Hace seis años se cayó de un muro de tres pisos y se destrozó las rodillas. Vive con su nieto de nueve años, que tiene autismo, y mira desde la ventana una calle de barro convertida en vertedero, con palomas muertas y ratas. Para ella, la colonia es el «gueto de Villaverde». Manuela, que con 69 años sigue limpiando casas para sumar a la única pensión de Juan, resume: «Somos pobres». Y hay agravios menores: Juan José García, de 85 años, paga 96 euros de tasa de basuras en la misma calle donde Julia paga 37.

El principal temor es económico. A los vecinos se les plantearon 833 euros para el realojo temporal, una cantidad que consideran desfasada. La Comunidad prevé alojarlos cerca de la colonia, pero ellos aseguran que en Villaverde cuesta encontrar piso por menos de 1.000 euros, y la expectativa de la reforma ha atraído a inversores y sociedades que alquilan viviendas por esa cifra. Juan y Manuela, que ya se esforzaron para comprar y reformar su casa, temen endeudarse de nuevo. Quieren volver al barrio donde criaron a sus hijos, pero no saben cómo pagarán el traslado ni dónde vivirán durante las obras.

Alonso propone invitar al rey Felipe VI, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida a recorrer las calles y entrar en las casas. El convenio abre una puerta, pero el derribo no ha empezado, y el futuro de cientos de familias depende de plazos, ayudas y condiciones de realojo todavía por concretar.