La CNMC evalúa sustituir regulación directa por compromisos vinculantes de Cellnex en TDT

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente que podría transformar la forma en que se supervisa uno de los últimos sectores de las telecomunicaciones españolas sometidos a regulación directa. En cuestión está el control casi absoluto que ejerce Cellnex Telecom sobre la red de difusión de televisión digital terrestre, y si ese dominio sigue justificando la intervención constante del regulador o si, en cambio, pueden reemplazarla por compromisos vinculantes que la propia empresa ha ofrecido voluntariamente.

El procedimiento administrativo, abierto a consulta pública hasta el 30 de septiembre, examina un mercado que generó 351,5 millones de euros en facturación durante 2025. Dentro de esa cifra, los servicios de difusión pura alcanzaron 216,4 millones. Cellnex capturó 182,9 millones de esos ingresos de difusión, lo que le otorga una cuota del 89,56% del mercado mayorista. Más revelador aún: la empresa es el único proveedor de servicios de difusión para todas las cadenas de televisión de cobertura estatal. Sus competidores regionales —Axión con 17,2 millones de euros, Itelazpi con 6,4 millones, Telecom Castilla-La Mancha con 6 millones— operan solo en sus territorios respectivos y carecen de la infraestructura física para competir a nivel nacional. Cellnex gestiona más de 2.200 puntos técnicos de emisión y reemisión distribuidos por toda España.

Esta posición de dominio descansa sobre tres pilares prácticamente inexpugnables: la propiedad de los emplazamientos donde se ubican las antenas, el uso del espectro radioeléctrico asignado mediante licencias públicas, y la barrera económica colosal que supondría duplicar una red nacional de esa envergadura. El marco regulatorio actual tiene su origen en una decisión de la CNMC de julio de 2019, cuando el organismo declaró formalmente a Cellnex como operador con poder significativo de mercado. Desde entonces, el regulador ha mantenido la supervisión directa pero flexibilizó el régimen tarifario, sustituyendo la contabilidad estricta de costes por la exigencia de precios razonables.

Ahora Cellnex propone un cambio de modelo. La empresa solicita establecer un marco de estabilidad por cinco años basado en compromisos voluntarios. Se compromete a mantener el acceso de competidores a los servicios de coubicación física en sus torres e interconexión técnica con los centros emisores, con revisiones de precios anuales indexadas al Índice de Precios de Consumo. Pero también pide alivios operativos significativos: eliminar la obligación de mantener actualizado un catálogo completo de sus 2.200 emplazamientos de forma periódica, sustituyéndolo por suministro de información bajo demanda. Además solicita la supresión de las auditorías trienales obligatorias sobre su sistema de separación contable y costes, argumentando que el mercado ha alcanzado madurez y que los operadores alternativos utilizan sus infraestructuras de forma limitada, principalmente para enlaces puntuales en zonas donde ellos carecen de cobertura.

La propuesta de la CNMC no significa desregulación inmediata. La Ley General de Telecomunicaciones contempla expresamente la posibilidad de reemplazar obligaciones ex ante por compromisos jurídicamente vinculantes ofrecidos voluntariamente por operadores con poder significativo de mercado. Si la CNMC aprueba la propuesta de Cellnex, esos compromisos se volverían exigibles por vía administrativa, con sanciones económicas por incumplimiento, mientras se eliminarían las cargas contables y de auditoría continua que generan costes operativos tanto para la empresa como para la Administración pública.

Para tomar su decisión, el regulador aplicará una prueba de tres criterios normativos: evaluará la existencia de barreras de entrada estructurales, la efectividad de la competencia real, y si el derecho general de la competencia es suficiente para corregir posibles fallos de mercado. Si determina que los compromisos voluntarios garantizan condiciones competitivas, aprobará la sustitución. Si considera que las garantías son insuficientes, mantendrá las obligaciones preexistentes de transparencia, precios, no discriminación y separación contable.

Este proceso de revisión ocurre en un contexto de transformación profunda del consumo audiovisual. Los datos de la CNMC muestran que la televisión lineal registró en 2025 un mínimo histórico de 162 minutos de consumo medio por persona y día en España, mientras que las suscripciones a plataformas de contenidos bajo demanda alcanzaron 37,9 millones de accesos. A pesar de ese descenso, la red de difusión terrestre de la TDT mantiene relevancia estratégica: da cobertura al 99,5% de la población del país y concentra el 71% del tiempo total dedicado al consumo de televisión en directo. La decisión que tome la CNMC antes de finales de septiembre determinará si esa infraestructura crítica seguirá bajo supervisión directa o si pasará a funcionar bajo un régimen de compromisos voluntarios que, en teoría, reducirían la carga regulatoria pero dejarían intacto el dominio de mercado de Cellnex.