La Ciudad de la Justicia de Madrid inicia obras tras 20 años y cuatro intentos fallidos

Veinte años después de que Esperanza Aguirre presentara por primera vez la idea, Madrid ha puesto en marcha por fin la construcción de la Ciudad de la Justicia. El proyecto arrancó simbólicamente no con la tradicional primera piedra, sino con la plantación de un roble en la plaza central de acceso —una explanada tan amplia como la Puerta del Sol— en el terreno de Valdebebas donde se levantará este complejo judicial de medio millón de metros cuadrados.

La Ciudad de la Justicia reunirá en un único lugar los 378 órganos judiciales que hoy están dispersos en 26 sedes diferentes repartidas por toda la ciudad. El proyecto, diseñado por dos grandes equipos de arquitectura —el de Carlos Lamela en asociación con OHLA-Azvi-Rover, y el estudio Fenwick Iribarre Architects con Acciona-Dragados— responde a una lógica de funcionalidad. El único edificio singular será un hito en forma de cubo que albergará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A ambos lados se situarán dos edificios para la Audiencia Provincial, y el resto de órganos judiciales ocuparán cuatro construcciones de estructura rectangular. En total, el complejo ocupará un espacio equivalente a 65 campos de fútbol.

Según el cronograma establecido, los primeros edificios estarán terminados a finales de 2026: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial y los 105 juzgados de primera instancia. La construcción de todas las jurisdicciones se completará en 2027, excepto la penal, que estará lista en 2028. La inversión total prevista supera los 650 millones de euros para el período 2024-2028. El lote 1, adjudicado a OHLA-Azvi-Rover, tiene un valor de 161 millones de euros e incluye el aparcamiento público y los edificios del Tribunal Superior y las audiencias provinciales. El lote 2, adjudicado a Dragados-Acciona por 378 millones de euros, comprende la construcción de la jurisdicción civil, penal y la Fiscalía.

La historia de este proyecto ha sido, hasta ahora, un relato de frustraciones y cambios de rumbo. Aguirre lanzó la iniciativa en 2005 con un ambicioso plan de reunir a los arquitectos más prestigiosos del mundo para diseñar cada edificio, pero el costo resultó prohibitivo y la crisis económica de 2008 enterró el proyecto. Ignacio González lo retomó en 2014 y llegó a adjudicarlo, pero Cristina Cifuentes anuló la adjudicación tras recibir informes demoledores de la Cámara de Cuentas y denunció posibles irregularidades ante la Fiscalía General de Estado. Isabel Díaz Ayuso intentó un modelo de concesión a 40 años, pero los dos concursos quedaron desiertos. Finalmente, optó por volver al modelo tradicional en el que la Administración pública financia la ejecución, lo que permitió que el proyecto actual llegara a buen puerto.

De la iniciativa original de Aguirre solo se llegó a construir un edificio: el Instituto de Medicina Legal, conocido popularmente como 'el donut', diseñado por Alejandro Zaera Polo. Este edificio tiene en su subsuelo un kilómetro de túneles transitables por vehículos que lo conectan con la parcela donde se levantará la Ciudad de la Justicia, y mantener y utilizar estos túneles fue uno de los elementos principales del pliego de condiciones del concurso.

La consolidación de todos estos órganos judiciales en un único lugar traerá ventajas operativas evidentes, pero también un ahorro económico significativo. La presidenta Díaz Ayuso calcula que el Gobierno regional ahorrará unos 50 millones de euros anuales en alquileres al dejar de pagar por las 26 sedes dispersas. El complejo contará con cafeterías, guarderías y zonas verdes, y ya dispone de un intercambiador de transportes que fue construido e inaugurado antes incluso de que llegara la ampliación de la línea 11 del Metro. Cuando se completen las obras, más de 30.000 personas acudirán cada día a estas instalaciones, ya sea para trabajar o para resolver asuntos legales.

La construcción prevé 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61 por ciento de superficie respecto a la suma de toda el área destinada actualmente a estos organismos. Se han incluido también zonas de reserva de espacio diseñadas para absorber el crecimiento de la planta judicial durante los próximos 40 años. Los traslados de funcionarios a las nuevas instalaciones se producirán conforme se vayan completando los edificios, probablemente en el límite de la legislatura actual o al iniciar la siguiente. Para entonces, la ampliación de la línea 11 de Metro habrá llegado al intercambiador de transportes, completando la infraestructura de acceso que permitirá que este megaproyecto funcione como se ha planeado.