La Cámpora cuestiona a Kicillof por no implementar ley de celulares en escuelas

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela acaba de firmar una ley que regula el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, desde el nivel inicial hasta el secundario. Lo anunció en redes sociales con una reflexión sobre cómo las pantallas, aunque útiles, afectan la atención, el aprendizaje y la salud cuando se usan de forma temprana y excesiva. Quería, escribió, que la escuela volviera a ser un espacio de concentración, juego y encuentro cara a cara.

Ese mensaje fue suficiente para que el senador provincial Emmanuel González Santalla, legislador de La Cámpora, lo replicara con una puntería muy diferente. Santalla no estaba celebrando el avance riojano por su propio mérito. Estaba usando la noticia como munición contra el gobernador Axel Kicillof. En su respuesta, Santalla recordó que en Buenos Aires ya existía una ley similar, sancionada en diciembre del año anterior, y que él mismo había sido su autor. El problema, escribió, era que Kicillof y la Directora General de Educación, Flavia Terigi, "siguen mirando para otro lado". La norma había sido aprobada por la Legislatura pero nunca fue implementada.

La queja de Santalla no era nueva ni aislada. El tema había vuelto a ganar tracción en el Parlamento provincial hace algunas semanas, cuando el Senado aprobó un proyecto presentado por el diputado Martín Rozas. Rozas buscaba ampliar la regulación más allá de las escuelas primarias, extendiéndola a las secundarias. Ese proyecto ahora regresaba a la Cámara de Diputados para continuar su camino legislativo.

Las dos iniciativas diferían en su alcance y en cómo abordaban el problema. La ley que Santalla había impulsado, la que permanecía sin vigencia en Buenos Aires, prohibía directamente el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias. Era una medida tajante. La propuesta de Rozas para las secundarias adoptaba un enfoque distinto: no prohibía, sino que establecía que los dispositivos debían usarse de forma responsable y únicamente cuando fuera necesario para cumplir con objetivos pedagógicos. Permitía el uso, pero lo acotaba a propósitos educativos específicos.

Lo que quedaba en el aire era por qué una ley ya aprobada en Buenos Aires no había entrado en vigencia. Santalla no lo explicaba en su mensaje, pero la pregunta estaba clara: si La Rioja podía hacerlo, ¿por qué no la provincia más grande del país? La tensión entre La Cámpora y Kicillof, que ya existía en otros temas, encontraba aquí un nuevo frente. Y mientras tanto, los estudiantes de las escuelas bonaerenses seguían llevando sus celulares a clase, sin que ninguna regulación los detuviera.