En una nación donde la universidad ha sido históricamente tanto cuna del pensamiento crítico como escenario de conflicto, el presidente Abelardo De La Espriella trazó el 13 de septiembre una distinción que las democracias modernas debaten sin cesar: la frontera entre el derecho a disentir y el acto de destruir. Con el anuncio de un protocolo nacional, el Ejecutivo colombiano busca resolver una tensión antigua —la autonomía universitaria frente al orden público— no suprimiéndola, sino codificándola. El gesto revela cuánto pesa, en tiempos de agitación, la pregunta sobre quién tiene la última pa