La Audiencia ordena el cierre definitivo de la discoteca Epic del Paseo Marítimo

La Audiencia de Balears ha ordenado el cierre definitivo de Epic, una discoteca ubicada en el Paseo Marítimo de Palma, tras años de conflicto entre el negocio y los residentes del edificio que lo alberga. El fallo responde a una demanda presentada por la comunidad de vecinos, que documentó durante meses cómo el local operaba bajo una licencia de café concierto —un permiso que no autoriza actividad de discoteca— mientras funcionaba como tal, generando molestias que los demandantes describieron como insoportables.

El negocio ocupaba 115 metros cuadrados distribuidos entre la planta baja y el primer piso. Su funcionamiento era inequívoco: clientes de pie bailando al ritmo de un disc-jockey, sin sillas ni mesas en el interior, bebidas servidas continuamente. La publicidad del local lo anunciaba explícitamente como discoteca. Los estatutos de la comunidad de propietarios prohibían expresamente este tipo de actividad en el espacio, lo que convirtió la operación del negocio en una violación directa de las normas que regían el edificio.

Para demostrar lo que ocurría realmente dentro de Epic, la comunidad de vecinos contrató a un detective privado. Su investigación documentó que el local no era un café concierto, sino una discoteca en toda regla. El tribunal, en su sentencia, reconoció esta realidad y también validó las quejas sobre lo que sucedía fuera: clientes consumiendo bebidas alcohólicas en la calle, bloqueando el paso de peatones, manteniendo conversaciones a volumen elevado que amplificaba la contaminación acústica en la zona. A esto se sumaban incidentes de seguridad ciudadana, peleas callejeras y la práctica del botellón que caracterizaba las noches alrededor del local.

La empresa explotadora del negocio intentó defenderse argumentando que el local había funcionado como negocio de ocio bajo distintos nombres durante más de cuarenta años sin que se presentaran quejas formales. Sostuvo que no había recibido inspecciones del Ayuntamiento de Palma y que las denuncias por ruido habían sido leves. Negó responsabilidad por el comportamiento de los clientes en la calle, atribuyendo el botellón y los incidentes a visitantes de un bar cercano, no de la discoteca. Sin embargo, el tribunal no aceptó estos argumentos.

Los magistrados fueron particularmente críticos con el comportamiento de los empleados del local. En la sentencia se subraya que los trabajadores no impedían que los clientes salieran a la calle con bebidas alcohólicas ni controlaban que bloquearan el paso de viandantes. Permitían que los clientes gritaran mientras estaban sentados en las mesas exteriores, contribuyendo activamente a la contaminación acústica que los vecinos padecían noche tras noche. El tribunal valoró la situación que los residentes habían tenido que soportar y consideró que el cierre era la única solución posible.

La inversión económica que la empresa había realizado para convertir el espacio en discoteca fue considerable, y ahora las pérdidas serán totales. El negocio debe cerrar definitivamente, no solo por las molestias que genera, sino porque su propia existencia viola los estatutos comunitarios que regulan el edificio. La sentencia de la Audiencia de Balears cierra un conflicto que enfrentó durante años a los vecinos contra un negocio que operaba en los márgenes de la legalidad, utilizando una licencia que nunca le permitió hacer lo que realmente hacía.