Juzgado abre proceso penal contra padres de chica trans por enterrarla con su deadname

Un tribunal de Alicante ha abierto una investigación penal contra los padres de Daniela M.S., una joven trans que se suicidó a los 21 años en 2022, por enterrarla en el cementerio municipal de Aspe con su nombre anterior a la transición y fotografías de antes de su cambio de identidad. La acusación sostiene que esta decisión constituye un delito de odio que vulnera la dignidad de la fallecida, un derecho que, según argumentan los fiscales, persiste más allá de la muerte.

Daniela nació en Santiago de Chile en el año 2000 y fue adoptada por una pareja española de Santander cuando tenía dos años. Creció en el seno de una familia que pertenecía al Camino Neocatecumenal, una organización católica ultraconservadora. A los diez años, Daniela comunicó a su familia que podría formar parte del colectivo LGTBIQ+. La respuesta fue enviarla a un centro psiquiátrico para que "recuperara los valores cristianos" con los que había sido educada, donde fue sometida a tratamiento farmacológico y psicológico. Años después, entre 2013 y 2014, cuando comenzó a identificarse como una chica trans, sus padres la internaron durante varios meses en el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Ruiloba, en Cantabria, con el propósito explícito de "reparar su masculinidad" y devolverla a una identidad heterosexual cisgénero. Según la denuncia presentada, fue sometida a lo que se describe como falsas terapias de conversión.

Antes de cumplir dieciséis años, Daniela sufrió una crisis psiquiátrica que requirió hospitalización. Le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad. Un año después, en 2017, fue derivada al centro de salud sexual de La Cagiga, un recurso especializado en la atención de personas trans. Allí recibió tratamientos de reafirmación de género, incluyendo hormonación y apoyo psicológico, lo que le permitió recuperar cierto bienestar. Sin embargo, su relación con sus padres se deterioró. Tras la intervención de servicios sociales, perdieron la tutela de la adolescente. Su padre le decía por teléfono que las puertas del hogar permanecerían abiertas solo si ella volvía "comprometida a vivir como un hombre".

A los dieciocho años, Daniela se trasladó a Madrid. En 2019, tras un intento de suicidio posterior a una situación de acoso en redes sociales, ingresó en un piso tutelado. Su situación mejoró gradualmente. Se matriculó en un curso de estética, logró la independencia y comenzó a compartir piso con una amiga cercana llamada Alana. Se inscribió en las pruebas de acceso para un grado medio y consiguió trabajo en un bar. Pero cuando se visibilizó como mujer trans, fue despedida. Este rechazo laboral agravó nuevamente su salud mental, llevándola al aislamiento.

En abril de 2022, tras otro intento de suicidio, Daniela contactó a sus padres buscando ayuda. Acordaron encontrarse el 16 de abril en Santander, pero sus padres nunca aparecieron. Al día siguiente, Daniela se quitó la vida. Como herederos legales, sus padres decidieron enterrarla en el panteón familiar en el cementerio de Aspe, Valencia. Lo hicieron utilizando su necrónimo en masculino y colocando fotografías de ella previas a su transición, ignorando el cambio registral legal que Daniela había realizado un año antes de su muerte.

Alana, su compañera de piso, se enteró de cómo había sido enterrada su amiga y decidió actuar. Tenía en su poder una copia de la rectificación registral de Daniela, documento que probaba el cambio legal de nombre. Contactó con Euforia, una organización de familias trans-aliadas, cuyo abogado Saúl Castro presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Aspe y contra los padres de Daniela por violar la ley valenciana de protección de las personas trans de 2018, la Ley Zerolo de 2022 y la normativa de enterramientos. La Generalitat Valenciana rechazó tramitar la denuncia argumentando que carecía de competencias, incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le instara a hacerlo.

Ante el callejón sin salida administrativo, los demandantes acudieron tanto a la vía civil como a la penal. La sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda solicitó asesoramiento a la Fiscalía de Delitos de Odio de Alicante. La Fiscalía observó indicios de delito de odio y se mostró favorable a abrir una causa penal. Consideró que los padres ignoraron deliberadamente el nombre legal de Daniela al inscribir su necrónimo masculino y utilizar fotos previas a la transición en un cementerio público, lo que constituye una "voluntad innegable de humillación" que trasciende la esfera privada. Según Miguel Ángel Aguilar, máximo responsable de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, los actos de humillación transfóbica no afectan solo al honor sino a la dignidad de la persona, configurando un delito según el artículo 510 del Código Penal. Además, estos delitos tienen una "proyección colectiva" que genera miedo e inseguridad en todo el colectivo atacado.

Este caso, el primero que investiga un daño post mortem a la dignidad de una persona trans, podría marcar un precedente crucial. Castro subraya que "la dignidad persiste a la muerte" y que las personas trans deben ser enterradas y recordadas respetando la identidad que vivieron en vida, independientemente de lo que digan sus familiares o herederos.