Justicia ecuatoriana libera a 28 tripulantes de barcos bombardeados por EE.UU. sin hallar pruebas

Una jueza ecuatoriana tomó la decisión de liberar a 28 marineros la semana pasada, determinando que no existía fundamento legal para mantenerlos detenidos. Los hombres provenían de dos embarcaciones —el Montecristi y el Don Rufo— que habían sido bombardeadas por fuerzas estadounidenses en el Pacífico durante operaciones coordinadas con el gobierno de Ecuador. El Comando Sur de Estados Unidos había alegado que estas naves funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que transportaban drogas hacia Norteamérica, y que mantenían vínculos con Los Choneros, la organización criminal más antigua del país andino, asociada al Cartel de Sinaloa mexicano.

La liberación de estos 28 tripulantes marca el segundo lote de marineros que recuperan su libertad sin enfrentar cargos formales. Antes de ellos, otros 28 hombres de las embarcaciones Conquista 2 y OM2 también fueron dejados en libertad después de que los tribunales ecuatorianos determinaran que no había indicios de delito. Simultáneamente, 32 tripulantes adicionales de las naves María Candelaria y Conquista 2 fueron liberados bajo condiciones, tras ser procesados por presunta asociación ilícita. El patrón es claro: la justicia ecuatoriana no ha encontrado pruebas suficientes para sostener acusaciones contra la mayoría de los detenidos en estas operaciones.

Steven Alvia, abogado de los tripulantes del Don Rufo, explicó que la Fiscalía no presentó cargos porque carecía de evidencia adecuada. Señaló que el Ministerio Público podría continuar recopilando información y practicando diligencias, pero que si no encontraba elementos suficientes, podría solicitar el archivo definitivo de los casos. Los tripulantes del Montecristi fueron llevados a una audiencia en la isla San Cristóbal, en Galápagos, mientras que otros marineros de embarcaciones diferentes fueron trasladados a Manta, la ciudad portuaria principal.

Estas liberaciones ocurren en el contexto de una campaña más amplia que ha dejado un rastro de destrucción en el Pacífico. Desde el 28 de agosto, al menos seis embarcaciones ecuatorianas de pesca han sido atacadas y hundidas en alta mar. Las operaciones forman parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa, quien desde 2024 ha librado lo que describe como una guerra contra las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas marítimo. Estados Unidos ha proporcionado apoyo militar directo a través de estas operaciones coordinadas.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, visitó Quito esta semana y defendió las operaciones, asegurando que no tienen la intención de matar pescadores sino de desmantelar las redes de narcotráfico marítimo. Según la administración Trump, estas organizaciones actúan como terroristas. Sin embargo, la realidad que emerge de los tribunales ecuatorianos sugiere una desconexión entre las acusaciones iniciales y la evidencia disponible para procesamiento.

Aún permanece sin resolverse la situación de diez tripulantes adicionales del Don Rufo que no fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses pero que fueron localizados en el mar el jueves por la Armada ecuatoriana. Su estatus legal continúa pendiente. La pregunta que flota sobre estas operaciones es si la estrategia de bombardear embarcaciones sospechosas, sin garantías de que sus tripulantes sean efectivamente criminales, es proporcional a los objetivos declarados de combatir el narcotráfico. Hasta ahora, los tribunales ecuatorianos han respondido con escepticismo, liberando a casi todos los marineros detenidos por falta de pruebas.