Justicia condena a colegio privado por quemaduras de alumna en experimento de química

En septiembre de 2022, una adolescente de diecisiete años entró al laboratorio de química del colegio Cristo Rey en Córdoba para lo que debería haber sido una clase ordinaria. El experimento que realizaría ese día se llamaba "la lengua del faraón": una reacción de combustión que requería mezclar azúcar, bicarbonato y alcohol. Algo salió mal. Una llamarada alcanzó a la estudiante, quemándola en el rostro, el cuello, el torso y las manos.

Lo que sucedió después fue un calvario de más de setenta días internada en el Instituto del Quemado. La joven atravesó un coma inducido. Se sometió a treinta y seis operaciones durante su hospitalización, y cinco más después de recibir el alta. Las quemaduras dejaron cicatrices permanentes. Ahora requiere tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos continuos, además de cuidados específicos de la piel que serán parte de su vida adulta.

Esta semana, la Justicia provincial de Córdoba condenó al colegio. El juez Gustavo Massano firmó una sentencia que responsabiliza a la institución no solo por compensar económicamente a la estudiante —cifra que la familia pidió mantener en privado— sino también por daño punitivo. La escuela deberá pagar veinte millones de pesos adicionales como sanción. El fallo ordena además la publicación de la sentencia y requiere que el Ministerio de Educación intervenga para revisar cómo las escuelas secundarias investigan y previenen accidentes que comprometen la seguridad de sus alumnos.

La defensa del colegio argumentó que los estudiantes habían recibido instrucciones claras sobre el experimento y sus riesgos. Afirmaron que se proporcionaron guantes, matafuegos y baldes de arena. Sostuvieron que una compañera había agregado alcohol al recipiente sin autorización cuando la profesora supervisaba a los grupos, y que el accidente fue resultado de esa conducta imprudente. La directora, Alejandra Olmos, declaró en su momento que la experiencia era "controlada" y que el incidente obedeció a la desobediencia de un estudiante. Agregaron que la docente realizaba este experimento desde hacía años sin que hubiera ocurrido nada similar.

El juez rechazó estos argumentos. Según el Código Civil y Comercial, los titulares de establecimientos educativos tienen responsabilidad objetiva por los daños sufridos por alumnos menores de edad mientras están bajo autoridad escolar. La ley permite eximirse de responsabilidad solo acreditando un caso fortuito. Massano consideró que las instrucciones previas y la desobediencia de una alumna no eran suficientes para liberar al colegio de su obligación de seguridad. Esa obligación, escribió, "exige evaluar los riesgos de la actividad, disponer de elementos de protección adecuados y organizar la práctica de manera compatible con la edad de los estudiantes" y con los peligros inherentes al uso de sustancias inflamables.

El magistrado también cuestionó la lógica de que años sin accidentes demostraran seguridad. Por el contrario, argumentó que la previsibilidad de una conducta imprudente de adolescentes debía formar parte de las medidas de prevención, especialmente en una actividad que involucraba fuego. La sentencia señala además que el colegio no realizó una investigación institucional suficiente después del accidente. En lugar de revisar sus procedimientos, la escuela tendió a atribuir lo ocurrido exclusivamente a la conducta de la estudiante que supuestamente agregó alcohol.

Durante el juicio, la adolescente expresó que le habría resultado reparador que el colegio le pidiera perdón. El representante legal de la institución formuló disculpas en una audiencia, pero Massano consideró que "habían llegado tardíamente" y que no fueron acompañadas por una conducta institucional que demostrara una revisión efectiva de lo sucedido. La multa civil de veinte millones por daño punitivo no busca solo compensar a la víctima, sino incorporar una finalidad sancionatoria y disuasiva. El objetivo es que el costo de una conducta riesgosa genere incentivos reales para que las escuelas revisen procedimientos, refuercen controles y mejoren condiciones de seguridad.

El colegio Cristo Rey ha anunciado que apelará la sentencia. Mientras tanto, el Ministerio de Educación de Córdoba deberá responder sobre las medidas que considere pertinentes para mejorar los mecanismos mediante los cuales las escuelas secundarias investigan y reportan sucesos que comprometen la seguridad de los alumnos. La sentencia tiene así una dimensión que trasciende el caso individual: busca establecer precedentes sobre responsabilidad educativa y obligaciones de prevención en actividades que involucran sustancias peligrosas.