Jurista denuncia el apartheid de género en Afganistán como crimen internacional

Alessia Schiavon dirige la Fundación Baltasar Garzón desde una oficina donde los expedientes se apilan con historias de violaciones sistemáticas de derechos. En los últimos meses, ha dedicado su energía a impulsar el reconocimiento de algo que suena casi demasiado brutal para ser cierto: que lo que está ocurriendo en Afganistán constituye apartheid de género, un crimen internacional que merece ser nombrado y perseguido como tal.

Las autoridades afganas han puesto en marcha un proyecto de exclusión metódica. Las mujeres y las niñas están siendo borradas de la educación superior. Se les cierra el acceso al empleo remunerado. Se les prohíbe ocupar espacios públicos sin restricciones severas. No se trata de discriminación incidental o de prejuicios culturales que persisten en los márgenes de la sociedad. Esto es política de Estado. Esto es sistemático. Esto es, según Schiavon y según el análisis jurídico que respalda, un patrón de opresión institucionalizada que encaja en la definición legal de crimen contra la humanidad.

La Organización de las Naciones Unidas ha respaldado esta caracterización. El apartheid de género, tal como se está desplegando en Afganistán, representa una violación tan profunda y tan deliberada de los derechos fundamentales que trasciende las fronteras nacionales y exige respuesta internacional. No es una cuestión de interpretación política o de perspectiva cultural. Es un análisis jurídico que sitúa estas prácticas en la misma categoría que otros crímenes internacionales reconocidos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad.

Lo que hace que el trabajo de Schiavon sea urgente es que el reconocimiento formal abre puertas que de otro modo permanecen cerradas. Si el apartheid de género en Afganistán es clasificado como crimen internacional, entonces los mecanismos de justicia internacional pueden activarse. Las sanciones pueden imponerse. Los gobiernos pueden ser obligados a responder. Las mujeres y las niñas afganas, millones de ellas, podrían tener acceso a protecciones legales que actualmente no existen porque el crimen que las afecta no ha sido formalmente nombrado en el derecho internacional.

La realidad en el terreno es cada vez más opresiva. Las niñas no pueden asistir a la escuela secundaria. Las mujeres no pueden trabajar en la mayoría de los sectores. Se les ordena cubrirse de formas específicas. Se les restringe el movimiento. Se les niega la voz en decisiones que afectan sus propias vidas. Esto no ocurre en el vacío. Ocurre bajo un gobierno que ha tomado decisiones deliberadas de implementar estas políticas, que las defiende públicamente, que las refuerza constantemente.

Schiavon y la Fundación Baltasar Garzón están trabajando para que la comunidad internacional vea esto con claridad: no como una tragedia cultural, no como un problema de derechos humanos entre muchos otros, sino como lo que es. Un crimen. Una violación sistemática de la dignidad humana que requiere respuesta legal internacional. El siguiente paso es lograr que los gobiernos del mundo adopten formalmente esta clasificación, que la incorporen en sus marcos legales, que la utilicen como base para acción coordinada.

Mientras tanto, en Afganistán, las puertas de las escuelas permanecen cerradas para las niñas. Las oficinas permanecen cerradas para las mujeres. La vida pública se contrae alrededor de una mitad de la población, que es simplemente borrada, día tras día, de los espacios donde ocurre la vida civil. El reconocimiento legal de esto como crimen internacional no cambia inmediatamente esa realidad. Pero es el primer paso hacia un mundo donde esa realidad pueda ser juzgada, donde los responsables puedan ser perseguidos, donde las víctimas puedan obtener justicia.