Junts se atrinca en su perfil conservador para blindarse de críticas por vetar el decreto

Miriam Nogueras cruzó España en un viaje relámpago el miércoles pasado. La diputada de Junts fue invitada a la gala anual que Pimec, la patronal de pequeña y mediana empresa de Cataluña, celebra en el Palau Sant Jordi. La cena ocurría pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara sentirse "razonablemente optimista" sobre la posibilidad de validar en el Congreso, ese viernes, dos decretos de vivienda diseñados por su Consejo de Ministros. En un contexto de creciente tensión social—con acampadas en la calle, precios del metro cuadrado disparados y desahucios copando los titulares—Nogueras sembró dudas cuando le preguntaron si Junts votaría a favor del nuevo marco normativo. "No tenemos ningún miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas", respondió sin precisar cuáles eran esos intereses ni de qué familias hablaba. El auditorio de 1.300 empresarios no mostró desaprobación ante la posibilidad de que Junts tumbara dos decretos pensados para frenar los excesos del mercado inmobiliario. El voto en contra se materializó, y la negativa sumergió a la formación independentista bajo una lluvia de críticas por falta de sensibilidad social. Una fuente próxima a Nogueras dentro del partido rechazó la presión: "¿A quién le puede pasar por la cabeza que la presión nos podría llevar a cambiar de opinión?"

La sede de Junts en Lleida amaneció el viernes con una pintada: "Asesinos, decretos ya!". Para blindarse de la ofensiva, Junts hizo cálculos y decidió que le convenía reforzar su perfil conservador, aferrándose a las ideas económicas más liberales. "No aceptamos chantajes de los extremos", manifestó Nogueras desde el atril del Congreso. Su argumento contra los planes del Gobierno pivotaba sobre una premisa: más intervención estatal en el mercado termina reduciendo la oferta inmobiliaria y genera un efecto rebote en los precios. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre—quien fue diputado de CiU—llegó a felicitar públicamente a Junts, junto con Vox y el PP, por mantenerse firmes "en la defensa de la competitividad y la productividad". Lo hizo explícitamente después del rechazo de estos tres partidos a la reducción de la jornada laboral, y lo aplaudió cuando Junts criticó el pacto en materia de presupuestos y vivienda alcanzado por el Govern del PSC con los Comuns, al que Sánchez Llibre calificó como "filocomunista".

Junts contaba las horas para que el próximo martes el Tribunal Constitucional validara el despliegue completo de la ley de amnistía, abriendo la puerta al regreso de Carles Puigdemont. Mientras esperaba ese efecto revitalizador, el partido buscaba marcar un perfil propio para rivalizar en Cataluña con el bloque de izquierdas formado por PSC, ERC y Comuns, y para mantener a su base electoral alejada de los embates de Aliança Catalana. La formación heredera de Convergència asumía que quienes participaban en las acampadas por la vivienda, quienes promovían manifestaciones contra Junts por rechazar los decretos, e incluso quienes hacían llamadas públicas para ajustar cuentas con los diputados del partido, nunca elegirían una papeleta de JxCat. "No deja de ser una burbuja", indicó un cargo parlamentario de Junts para desestimar la presión de los últimos días. En cambio, el cálculo era que sí podían ser votantes potenciales las familias propietarias de más de un inmueble que obtenían rentabilidad mensual del alquiler.

Junts repetía la frase "los pequeños propietarios" sin especificar cuántas llaves había que tener para dejar de ser pequeño. "No se han atrevido con los fondos, y sí se han atrevido con las familias que soportan un coste de la vida cada vez más alto", dijo Nogueras desde el Congreso. El partido envió al Gobierno un documento de 59 páginas proponiendo que fuera la base para un nuevo decreto. El texto desgranaba medidas de bonificación fiscal: deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual y por cantidades depositadas en cuentas de ahorro vivienda; prórroga voluntaria de contratos de arrendamiento que finalizaran antes del 30 de junio de 2028, "sin imponer obligación alguna al arrendador"; y una referencia a supuestos de ocupación de vivienda para que los casos de allanamiento de morada dejaran de ser enjuiciados por tribunal popular y dependieran de jueces ordinarios. Mientras Junts se posicionaba así, la crisis de vivienda seguía golpeando a las familias catalanas con desahucios y alquileres cada vez más inaccesibles.