Junts rechaza los decretos de vivienda y pone al Gobierno contra las cuerdas

El Gobierno de Pedro Sánchez se encontraba en una encrucijada política el jueves por la noche. Junts, el partido independentista cuyo apoyo resultaba decisivo para aprobar dos decretos sobre vivienda, acababa de rechazarlos de plano y exigir su retirada completa. La formación de Carles Puigdemont, que había facilitado la investidura del presidente hace meses, se negaba ahora a permitir que los decretos llegaran a votación en el Congreso el viernes, a menos que el Ejecutivo los retirara y presentara nuevas propuestas aceptables para los independentistas.

Los decretos habían sido diseñados como respuesta a las movilizaciones sociales que estallaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal. El primero contenía medidas contra los desahucios y beneficios fiscales para propietarios; el segundo buscaba renovar automáticamente los contratos de alquiler de forma indefinida. Junts argumentaba que estas medidas tendrían efectos contrarios a los pretendidos: reducirían la oferta de viviendas de alquiler e incrementarían los precios. Los independentistas sostenían además que los decretos no cerraban completamente el paso a los fondos buitre ni protegían adecuadamente a los hogares vulnerables. Respecto al segundo decreto, Junts lo caracterizaba como una expropiación de los ahorros de tres generaciones de familias.

El Gobierno respondió en menos de una hora con una dureza sin precedentes desde que Junts facilitara la investidura de Sánchez. El Ejecutivo anunció que mantendría la votación del viernes y lanzó una acusación frontal: "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores". La declaración gubernamental cerró con una sentencia: "España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente".

La maniobra de Junts colocaba la legislatura en una situación crítica. Apenas días antes, el Tribunal Constitucional se disponía a validar la ley de amnistía, despejando el camino para el regreso del expresident tras nueve años de exilio. Ahora, justo en ese momento, Junts volvía a poner en cuestión la viabilidad del Gobierno. Después de meses negándose incluso a negociar con el Ejecutivo, el partido independentista corría el riesgo de agudizar la percepción de un Gabinete sin margen de maniobra para aprobar medidas significativas.

A lo largo del jueves, los diferentes grupos parlamentarios fueron revelando sus posiciones. Podemos, que había criticado duramente los decretos tachándolos de "migajas", cambió de rumbo cuando los sindicatos de inquilinas hicieron un llamamiento a todos los grupos para aprobar el conjunto de propuestas. El PNV anunció su posición pasadas las 14.00: votaría sí al primer decreto pero no al segundo, argumentando que en Euskadi más del 90% de los pisos estaba en manos de pequeños propietarios que no podían recibir el mismo trato que los fondos buitre. Coalición Canaria adoptó la misma posición. Con esta aritmética, la decisión de Junts resultaba absolutamente determinante. Una abstención de los independentistas habría permitido la aprobación del primer decreto, que contaba con el apoyo de la izquierda, el PNV y Coalición Canaria.

Junts, experto en crear intriga, dejó para última hora del día la reunión de su dirección. Mientras otros grupos iban desvelando sus cartas, los independentistas transmitían mensajes cada vez menos tranquilizadores a través de sus interlocutores. Su portavoz, Miriam Nogueras, se había declarado "decepcionada" con el contenido de las propuestas gubernamentales. Pasadas las 22.00, la dirección de Junts confirmó su rechazo definitivo.

Las presiones sobre los grupos habían llegado desde múltiples direcciones. El Gobierno apelaba a las demandas de la calle. Pedro Sánchez, participando en Galicia en la inauguración del Foro La Toja, reclamó "altura de miras" a los partidos para abordar "una cuestión de pura humanidad". Los diputados recibieron 248.000 correos pidiendo apoyo a los decretos. Simultáneamente, los lobbies inmobiliarios y las asociaciones de propietarios se lanzaron a criticar las medidas, una influencia sobre Junts que el Gobierno temía profundamente.

Más allá de las consecuencias sociales de los decretos, lo que estaba en juego era el futuro político de la legislatura. Si el Gobierno no era capaz de dar respuesta a la movilización social y conciliarla con las demandas de los grupos parlamentarios, quedaría en evidencia su incapacidad para sacar adelante medidas de alcance. El anuncio de que esta vez sí llevaría unos Presupuestos al Congreso corría el riesgo de convertirse en un esfuerzo inútil. En los pasillos de la Cámara ya se especulaba con la posibilidad de una convocatoria electoral si el Ejecutivo salía derrotado del envite.