Junts calibra el retorno de Puigdemont para maximizar impacto electoral sin caer en oportunismo

El Tribunal Constitucional ha despejado el último obstáculo legal para que Carles Puigdemont regrese a Cataluña. La corte avaló el despliegue completo de la ley de amnistía, eliminando los riesgos judiciales que durante años mantuvieron al expresidente de la Generalitat viviendo en Bélgica. Ahora, la pregunta que ocupa a Junts no es si volverá, sino cuándo y cómo hacerlo de manera que amplifique su impacto político sin que lo acusen de puro cálculo electoral.

El martes pasado, minutos antes de que el Tribunal Supremo levantara formalmente la orden de detención, el abogado Gonzalo Boye declaró a TV3 que los obstáculos para que Puigdemont abandonara Waterloo se habían disipado. Aunque se cuidó de no hablar por su cliente, Boye dejó entrever que el expresidente pasaría las Navidades en Cataluña. El entorno de Puigdemont, sin embargo, ha insistido en las últimas semanas en que no hay prisa, que la seguridad jurídica debe ser total antes de cualquier movimiento, y que la puesta en escena merece reflexión cuidadosa. La idea es evitar la apariencia de improvisación o de decisiones apresuradas.

Junts estudia fechas cargadas de significado simbólico para orquestar el regreso. El 1 de octubre, glorificado por el independentismo desde el intento de referéndum de 2017, ya pasó. Pero octubre ofrece alternativas: el 10, cuando Puigdemont proclamó a medias la independencia en el Parlament antes de suspender sus efectos; el 27, aniversario de la declaración unilateral de independencia que provocó la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno Rajoy; o el 29 o 30, fechas que invertirían simbólicamente la huida que Puigdemont emprendió hace nueve años. La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre añade otra capa estratégica: el retorno podría generar un efecto de arrastre para la popularidad de Junts y su candidata Miriam Nogueras.

El núcleo duro de Puigdemont—Jordi Turull, secretario general de Junts; Josep Rius y Miriam Nogueras, vicepresidentes del partido; y el abogado Gonzalo Boye—trabaja en calibrar cómo gestionar el impacto sin caer en lo que siempre ha negado: el oportunismo. En Junts reconocen que un error en este cálculo abriría la puerta a críticas internas y externas, acusaciones de usar el retorno para intereses personales del partido en lugar de para el país. El propio Puigdemont señaló el martes desde Waterloo que su vuelta debe tener "un sentido político", pero insistió en que desea reaparecer como símbolo de un proyecto colectivo: "No volveremos al servicio de nuestro partido sino de nuestro país".

La tensión es real. El cantautor Lluís Llach advirtió en redes sociales que regresar ahora implica "una trampa política que hay que driblar", pidiendo a Junts actuar con "inteligencia patriótica". Turull respondió que el patriotismo siempre mueve más al partido que el partidismo. Otros observadores señalan que la presencia física de Puigdemont en Cataluña proporcionará munición gratuita al PP y Vox para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.

En Junts existe consenso sobre el valor que aporta la presencia de Puigdemont: cualquier evento, mitin o campaña gana difusión con él. La figura del expresidente trasciende las siglas de Junts per Catalunya y tiene capacidad para atraer votantes de otras formaciones. Esa expectativa contrasta con encuestas que auguran resultados muy malos para Junts en unas hipotéticas elecciones a la Generalitat, donde el partido podría ser superado incluso por Aliança Catalana. El retorno de Puigdemont es, en ese contexto, tanto una oportunidad como una prueba de fuego para la gestión política del partido.