En el umbral de una crisis energética que exige soluciones urgentes, Puerto Rico ve desmoronarse un contrato de $5,887 millones cuando se descubre que una de sus piezas fundamentales —la empresa Enchanted Rock— nunca consintió participar en él. La Junta de Supervisión Fiscal, actuando sobre la cláusula de salvaguarda que ella misma había inscrito en su aprobación, declaró el acuerdo 'irreparablemente viciado' y lo anuló, recordándonos que la legitimidad de los contratos públicos descansa, antes que en su magnitud, en la veracidad de quienes los suscriben. El caso ha pasado ahora a manos de la
Junta Fiscal cancela contrato de $5,887 millones con Power Expectations por fraude
El contrato estaba irreparablemente viciado desde su estructura fundamental
¿Cómo es posible que un contrato de casi $5,900 millones llegara a la firma si uno de los socios principales nunca había consentido participar?
Esa es la pregunta central. Power Expectations no tenía por sí sola la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Necesitaba a Enchanted Rock. Pero en algún momento del proceso, alguien utilizó el nombre y la firma de Enchanted Rock sin autorización. Cómo sucedió exactamente, eso es lo que ahora investigan las autoridades.
La Junta Fiscal aprobó el contrato en junio. ¿Por qué tardó tanto en descubrir el problema?
La Junta Fiscal no descubrió el problema. Fue Enchanted Rock quien lo reveló públicamente el 7 de agosto. La Junta Fiscal estaba revisando el contrato basándose en la documentación que le presentó la AEE. Si esa documentación contenía falsificaciones o tergiversaciones, la Junta Fiscal no tenía forma de saberlo sin que alguien lo dijera.
¿Qué significa que el contrato esté "irreparablemente viciado"?
Significa que no puede ser reparado. No es un problema de detalles o cláusulas que puedan ajustarse. La estructura fundamental del acuerdo depende de que Enchanted Rock participe, y esa participación nunca fue real. Sin ella, el contrato no puede funcionar.
¿Qué pasa ahora con la necesidad de energía que el contrato suponía resolver?
Esa necesidad sigue siendo real. Puerto Rico proyectaba una insuficiencia de entre 700 y 850 megavatios. El contrato cancelado habría aportado 400 megavatios. Ahora el gobierno tendrá que buscar otras soluciones mientras las autoridades investigan qué sucedió aquí.
¿Quién es responsable de verificar que los socios realmente existen y consienten?
La Junta Fiscal señaló que esa responsabilidad recae principalmente en las entidades gubernamentales que suscriben los contratos. En este caso, la AEE debería haber verificado que Enchanted Rock realmente participaba. La Junta Fiscal revisa la documentación que le presentan, pero no puede investigar cada firma de forma independiente.
El Pulso
- Un contrato de casi $5,900 millones para generar 400 megavatios de energía temporal colapsa cuando la empresa técnica del consorcio revela que su nombre fue usado sin su consentimiento.
- La Junta Fiscal, que ya había advertido sobre irregularidades una semana antes, activa la cláusula de revisión que ella misma había exigido como condición de su aprobación.
- Sesenta y seis días después de la firma, el proyecto no registraba avance alguno, y la verdad sobre Enchanted Rock emergió en ese silencio inquietante.
- El zar de Energía y la propia Junta Fiscal han referido el caso al Departamento de Justicia y a la Fiscalía federal, abriendo una investigación por posible fraude en contratación pública.
- Puerto Rico sigue sin cubrir una brecha de entre 700 y 850 megavatios y deberá buscar alternativas mientras la justicia determina cómo un acuerdo tan viciado llegó tan lejos.
En el umbral de una crisis energética que exige soluciones urgentes, Puerto Rico ve desmoronarse un contrato de $5,887 millones cuando se descubre que una de sus piezas fundamentales —la empresa Enchanted Rock— nunca consintió participar en él. La Junta de Supervisión Fiscal, actuando sobre la cláusula de salvaguarda que ella misma había inscrito en su aprobación, declaró el acuerdo 'irreparablemente viciado' y lo anuló, recordándonos que la legitimidad de los contratos públicos descansa, antes que en su magnitud, en la veracidad de quienes los suscriben. El caso ha pasado ahora a manos de la justicia, convirtiendo lo que debía ser una solución en una advertencia sobre los riesgos del fraude en la contratación pública.
La Junta de Supervisión Fiscal anuló este viernes un contrato de $5,887 millones que la Autoridad de Energía Eléctrica había firmado con Power Expectations LLC para operar unidades temporales de generación de 400 megavatios durante diez años. La cancelación llegó apenas una semana después de que el organismo advirtiera sobre posibles irregularidades en la estructura del acuerdo.
El detonante fue una revelación del 7 de agosto: ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock LLC, informó que nunca había participado en el proyecto y que su nombre y firma habían sido utilizados sin consentimiento. Enchanted Rock era presentada como el socio que aportaba la capacidad técnica y financiera que Power Expectations no tenía por sí sola. Sin esa participación verificada, el acuerdo entero perdió su base. La Junta Fiscal lo declaró 'irreparablemente viciado' y ordenó su rescisión inmediata.
Las señales de alerta habían estado presentes desde el principio. La Junta había emitido aprobaciones condicionales en mayo y junio de 2026, expresando dudas sobre el precio, el calendario y la capacidad ejecutora del consorcio. Ambas resoluciones incluían una cláusula que permitía reevaluar la aprobación ante cualquier inexactitud, intencional o no. Esa previsión resultó determinante.
El contrato se había firmado el 10 de junio, tras un proceso de solicitud de propuestas iniciado en marzo de 2025 ante una brecha proyectada de entre 700 y 850 megavatios. Sin embargo, 66 días después de la firma no se reportaba progreso alguno, y fue en ese silencio donde la verdad sobre Enchanted Rock salió a la luz.
La cancelación ha desencadenado referimientos a la justicia. El zar de Energía, Josué Colón, ya había enviado el caso al Departamento de Justicia y a la Fiscalía federal; la Junta Fiscal hizo lo propio. Lo que nació como respuesta a una emergencia energética se ha convertido en una investigación sobre posible fraude en contratación pública, mientras Puerto Rico sigue buscando cómo cubrir su déficit de generación.
La Junta de Supervisión Fiscal anuló este viernes un contrato de $5,887 millones destinado a proporcionar energía de emergencia a Puerto Rico, apenas una semana después de que advirtiera sobre posibles irregularidades en su estructura. La decisión pone fin a un acuerdo que la Autoridad de Energía Eléctrica había suscrito con un consorcio encabezado por Power Expectations LLC para desplegar y operar unidades temporales de generación con una capacidad de 400 megavatios durante diez años.
El colapso del contrato se originó cuando ERock Inc., la empresa matriz de Enchanted Rock LLC, informó el 7 de agosto que nunca había participado en el proyecto y que su nombre y firma habían sido utilizados sin su consentimiento. Enchanted Rock era presentada como un socio fundamental del consorcio, aportando la capacidad técnica y financiera que Power Expectations no poseía por sí sola. Sin esa participación verificada, la estructura entera del acuerdo se desmoronaba. La Junta Fiscal concluyó que el contrato estaba "irreparablemente viciado" y ordenó a la corporación pública rescindir el acuerdo de inmediato.
El camino hacia esta cancelación había sido largo y lleno de señales de alerta. La AEE presentó el contrato a la Junta Fiscal para revisión el 16 de enero de 2026. El organismo fiscal emitió una aprobación condicional el 8 de mayo y una determinación final el 2 de junio, pero no sin antes expresar preocupaciones sobre el precio, el calendario del proyecto y la capacidad de Power Expectations para ejecutarlo. Ambas decisiones incluían una cláusula que permitía a la Junta Fiscal reevaluar su aprobación si posteriormente descubría "cualquier inexactitud o tergiversación, intencional o no". Esa cláusula resultó profética.
El contrato había sido suscrito el 10 de junio, tras un proceso de solicitud de propuestas iniciado por el Negociado de Energía de Puerto Rico en marzo de 2025. La necesidad era urgente: proyecciones indicaban una insuficiencia de generación de entre 700 y 850 megavatios, y el sistema eléctrico requería mejoras en confiabilidad. Sin embargo, 66 días después de la firma, no se había reportado progreso significativo en el proyecto. Fue durante este período de aparente inactividad cuando la verdad sobre Enchanted Rock salió a la luz.
La Junta Fiscal aclaró que su decisión no tomaba posición en la controversia entre Power Expectations y Enchanted Rock, sino que se fundamentaba en un principio más amplio: la exactitud y exhaustividad de la documentación presentada. El organismo enfatizó que su capacidad de supervisión depende en gran medida de que las entidades gubernamentales que suscriben contratos realicen evaluaciones adecuadas de las partes contratantes. Cuando esa evaluación falla, como ocurrió aquí, el contrato pierde su base legal.
La cancelación ha desencadenado una cascada de referimientos a autoridades de justicia. Josué Colón, zar de Energía, ya había remitido asuntos relacionados al Departamento de Justicia y a la Fiscalía federal el jueves anterior. Ahora la Junta Fiscal ha hecho lo propio, enviando los detalles del caso a las autoridades pertinentes. Lo que comenzó como un contrato para resolver una crisis energética se ha convertido en una investigación sobre posibles fraudes en el proceso de contratación pública.
La decisión de la Junta Fiscal cierra una puerta, pero abre interrogantes más amplios sobre cómo un acuerdo de casi $5,900 millones pudo avanzar tan lejos con una estructura fundamentalmente comprometida. Puerto Rico sigue enfrentando la necesidad de generación temporal de energía, pero ahora deberá buscar soluciones alternativas mientras las autoridades investigan qué salió mal en este proceso.
Citas Notables
La Junta Fiscal entiende que el contrato está irreparablemente viciado— Junta de Supervisión Fiscal
Dado que Enchanted Rock afirmó nunca haber participado en el proceso, el contrato está irreparablemente viciado— Junta de Supervisión Fiscal