En el cruce entre la soberanía del Estado y la independencia judicial, la jueza Tardón ha abierto una puerta inédita al admitir al Gobierno español como parte perjudicada en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Esta decisión transforma al Ejecutivo de testigo institucional a actor procesal con plenos derechos de acusación, redefiniendo quién tiene voz —y poder— en una pesquisa que toca las fronteras físicas y simbólicas de España. El gesto judicial, aplaudido por unos y cuestionado por otros, plantea una pregunta que trasciende el expediente: ¿puede la justicia manten