Jueza de Miami emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra Raúl Castro el viernes pasado, determinando que existen pruebas suficientes para acusarlo de conspiración y asesinato en primer grado. El cargo se refiere al derribo de dos avionetas civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización humanitaria con sede en Miami, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Cuatro personas murieron en el ataque: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente. La orden fue emitida por la jueza Ariana Fajardo Orshan del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida.

Hermanos al Rescate se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban escapar de la isla por mar. Las dos avionetas fueron derribadas por cazas militares cubanos mientras volaban sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales. De acuerdo con la investigación de las autoridades de Florida, espías cubanos que operaban en el estado recopilaron información detallada sobre los vuelos de la organización y transmitieron esos datos a militares cubanos, facilitando así el ataque.

Esta orden estatal representa un nuevo capítulo en un caso que Florida reabrió en marzo, treinta años después del incidente. Castro, quien en 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya había sido acusado formalmente por la justicia federal estadounidense en mayo pasado por su presunta participación en los hechos, incluyendo cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofreció una rueda de prensa el lunes para informar sobre la orden de arresto estatal.

Los analistas consultados por Noticias Telemundo advierten, sin embargo, que la acusación formal tiene límites reales y no garantiza que el caso avance hacia un juicio o una condena. Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami, señaló que aunque la imputación es histórica, debe entenderse en su contexto político. Según Bustamante, la acusación representa otra forma de ejercer presión sobre el Gobierno cubano, aunque permanece la incertidumbre sobre si la estrategia funcionará o si la intención es simplemente enviar un mensaje.

Alain Espinosa Santana, abogado de Cubalex, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, coincidió en que es poco probable que haya un juicio formal. Espinosa describió el proceso como algo más simbólico que procesal en términos objetivos, pero lo calificó como extremadamente necesario para la sociedad. La orden llega en un momento de creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al mismo y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.