Una decisión judicial en Lima vuelve a poner frente a frente al poder, la ley y la memoria reciente de un país acostumbrado a ver caer a sus presidentes. El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó dieciocho meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, el expresidente que el Congreso había vacado, por presunta rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado. La medida no cierra el caso sino que abre una etapa de investigación, mientras el propio Castillo recurre a la vía constitucional para reclamar su libertad y cuestionar la destitución que lo dejó fuera del poder.
Juez supremo dicta 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por presunta rebelión
La Fiscalía estimó que Castillo podría ser condenado a diez años de cárcel
Empecemos por lo básico: ¿qué se decidió exactamente el jueves?
El juez Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, tal como pidió la Fiscalía, por la investigación de rebelión y otros delitos.
¿Y por qué tanto tiempo?
El fiscal Alcides Chinchay dijo que ese plazo era necesario para otras fases del proceso y más diligencias.
Eso es el argumento de la Fiscalía, no una conclusión del tribunal sobre la culpabilidad. Es una medida cautelar.
La Fiscalía habla de una posible condena de diez años. ¿Es una predicción firme?
No. Es una estimación del Ministerio Público para sustentar su pedido. No hay sentencia ni juicio todavía.
Además, el caso está en investigación preparatoria, que se formalizó contra Castillo y Aníbal Torres.
Torres no corrió la misma suerte, ¿verdad?
Recibió comparecencia con restricciones, aunque la Fiscalía había pedido prisión preventiva. Chinchay anunció que apelarán.
Lo que no sabemos es cuáles son esas restricciones ni cuándo se resolverá la apelación; la fuente no lo detalla.
¿Y el hábeas corpus?
Lo presentó el abogado Raúl Noblecilla y fue admitido a trámite por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Pide liberar a Castillo y anular su vacancia.
Admitido a trámite no significa que prospere. Solo que será evaluado.
Der Puls
- Un juez supremo dicta dieciocho meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración.
- La Fiscalía sostiene que el exmandatario podría enfrentar hasta diez años de cárcel y pide más tiempo para avanzar con diligencias.
- Aníbal Torres sale con comparecencia con restricciones, pero el Ministerio Público apelará porque pidió prisión preventiva también para él.
- Castillo presenta un hábeas corpus contra el Congreso para recuperar su libertad y anular la vacancia, mientras el caso sigue en investigación preparatoria.
Una decisión judicial en Lima vuelve a poner frente a frente al poder, la ley y la memoria reciente de un país acostumbrado a ver caer a sus presidentes. El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó dieciocho meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, el expresidente que el Congreso había vacado, por presunta rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado. La medida no cierra el caso sino que abre una etapa de investigación, mientras el propio Castillo recurre a la vía constitucional para reclamar su libertad y cuestionar la destitución que lo dejó fuera del poder.
El jueves 15 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó dieciocho meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, el expresidente vacado por el Congreso. La medida llegó al término de una audiencia en la que la Fiscalía sustentó su pedido dentro de la investigación por rebelión y otros delitos vinculados al golpe de Estado.
El Ministerio Público estimó que Castillo podría ser condenado a diez años de prisión. El fiscal supremo Alcides Chinchay explicó que el plazo era necesario para desarrollar las siguientes fases del proceso y continuar las diligencias contra el exjefe de Estado. A Castillo se le atribuye ser presunto coautor de rebelión o, alternativamente, de conspiración, además de abuso de autoridad y delitos contra la tranquilidad pública.
En la misma sesión se definió la situación de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, quien recibió comparecencia con restricciones pese al pedido fiscal de prisión preventiva. Chinchay anunció que el Ministerio Público apelará esa decisión.
Mientras tanto, el abogado Raúl Noblecilla presentó un hábeas corpus a favor de Castillo, que pide su liberación y la anulación de la vacancia. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima lo admitió a trámite. El caso sigue en investigación preparatoria, y quedan por resolverse la apelación sobre Torres y la respuesta al hábeas corpus.
El jueves 15 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, el expresidente vacado por el Congreso, a pedido de la Fiscalía. La decisión llegó al término de una audiencia en la que el Ministerio Público sustentó su requerimiento dentro de la investigación por rebelión y otros delitos, a raíz del golpe de Estado.
En su planteamiento, la Fiscalía estimó que Castillo Terrones podría ser condenado a diez años de cárcel. El fiscal supremo Alcides Chinchay sostuvo además que los 18 meses eran necesarios para desarrollar otras fases del proceso y continuar con más diligencias contra el exjefe de Estado.
La investigación le atribuye a Castillo ser presunto coautor del delito de rebelión y, de manera alternativa, de conspiración. También lo señala como presunto autor de abuso de autoridad y de delitos contra la tranquilidad pública.
En la misma sesión se resolvió la situación de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para él, el juez dictó comparecencia con restricciones, aunque la Fiscalía también había pedido prisión preventiva en su caso. A Torres Vásquez se le investiga como supuesto coautor de los delitos de rebelión y conspiración. Chinchay anunció que el Ministerio Público apelará esa decisión.
El calendario procesal explica por qué la audiencia ocurrió ese día. La detención preliminar de Castillo vencía la tarde del miércoles anterior, pero se extendió porque la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra él y contra Torres.
En paralelo, el abogado Raúl Noblecilla presentó el jueves un recurso de hábeas corpus a favor de Castillo ante el Poder Judicial. El documento pide que el expresidente sea liberado y que se anule la vacancia aprobada por el Congreso. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima lo admitió a trámite. La demanda se dirige contra el Congreso de la República, al que acusa de haber vulnerado, entre otros derechos, el de libertad personal del exmandatario.
El caso sigue en fase de investigación preparatoria. Quedan por verse la apelación de la Fiscalía sobre Torres y la respuesta del juzgado constitucional al hábeas corpus.
Bemerkenswerte Zitate
Los 18 meses de prisión preventiva son necesarios para realizar otras fases del proceso y continuar con más diligencias.— Alcides Chinchay, fiscal supremo (parafraseado)