En un país donde la memoria de los poderosos suele convertirse en privilegio, un juez limeño ha puesto sobre la mesa una pregunta antigua: ¿puede la ley tratar distinto a quienes están en situaciones semejantes? Al ordenar al Congreso pagar a Pedro Castillo una pensión vitalicia de S/ 15.600 mientras cumple prisión preventiva, el magistrado sostuvo que negársela mientras se otorgaba a Alberto Fujimori constituía una desigualdad inconstitucional. El Congreso, que sostiene que una acusación vigente debe suspender ese beneficio, ha anunciado que apelará, y el litigio sobre la igualdad y la legali
Juez ordena pensión vitalicia de S/ 15.600 para Pedro Castillo; el Congreso apelará el fallo
Si ese criterio valió para Fujimori, también debía aplicarse a Castillo
Mark
Lo primero que me llama la atención es que el juez no dice que Castillo merezca la pensión por sí mismo.
Mimi
Exacto. Su argumento es de igualdad: si el Congreso dejó cobrar a Fujimori pese a su acusación constitucional, no puede negárselo a Castillo sin una razón objetiva.
Mark
¿Y qué dice la ley?
Mimi
La Ley 26519 suspende la pensión cuando hay acusación constitucional, salvo sentencia que declare inocencia. Con Fujimori, el Congreso invocó la presunción de inocencia y lo dejó cobrar desde julio de 2024.
Luke
Conviene separar cosas. Que el Congreso interpretó así con Fujimori consta en el fallo y en el reportaje; que esa interpretación fuera correcta es justo lo que se discute.
Mark
Delgado Guembes llega a decir que el juez podría cometer prevaricato.
Luke
Es su opinión, no una determinación judicial. Es una acusación grave que el texto no respalda con ninguna investigación abierta.
Mimi
Y ni él ni Urbina defienden que Castillo cobre; sostienen que tampoco debió cobrar Fujimori. Rospigliosi culpa a la Mesa Directiva por haber creado la desigualdad.
Mark
Urbina menciona a Vizcarra. ¿Es un efecto seguro?
Luke
No. Es una advertencia suya sobre lo que el fallo podría habilitar. Todo depende de la apelación y de un posible paso por el Tribunal Constitucional.
Mimi
Y queda el antecedente de Toledo, que cobró casi un millón y medio de soles en prisión preventiva hasta su condena.
Luke
Lo que aún no sabemos es si el pago está suspendido mientras se apela; el texto no lo aclara.
Der Puls
- Un juez de Lima ordena al Congreso pagar una pensión vitalicia de S/ 15.600 a Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva.
- El fallo invoca la igualdad ante la ley tras comparar su caso con el de Alberto Fujimori, a quien sí se le permitió cobrar.
- El Congreso sostiene que la Ley 26519 suspende la pensión por la acusación constitucional vigente por organización criminal y anuncia apelación.
- El caso podría escalar al Tribunal Constitucional, y su desenlace marcaría el destino de futuras pensiones a exmandatarios acusados, como Martín Vizcarra.
En un país donde la memoria de los poderosos suele convertirse en privilegio, un juez limeño ha puesto sobre la mesa una pregunta antigua: ¿puede la ley tratar distinto a quienes están en situaciones semejantes? Al ordenar al Congreso pagar a Pedro Castillo una pensión vitalicia de S/ 15.600 mientras cumple prisión preventiva, el magistrado sostuvo que negársela mientras se otorgaba a Alberto Fujimori constituía una desigualdad inconstitucional. El Congreso, que sostiene que una acusación vigente debe suspender ese beneficio, ha anunciado que apelará, y el litigio sobre la igualdad y la legalidad seguirá su curso.
El 10 de septiembre, el juez Alexis Anicama Budiel, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, firmó una sentencia que pocos esperaban. Ordenó al Congreso otorgar a Pedro Castillo una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un congresista, S/ 15.600, pese a que el expresidente cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de diciembre de 2022. La resolución también abre paso a otros beneficios, como un asistente personal pagado por el propio Congreso.
El argumento central fue la igualdad ante la ley. Según el juez, el Congreso aplicó un doble estándar: negó la pensión a Castillo, pero la otorgó a Fujimori, que también enfrentó una acusación constitucional y tenía sentencias por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Para Anicama, no existe una razón objetiva que justifique esa diferencia.
El Congreso responde que sobre Castillo pesa una acusación constitucional por organización criminal, tráfico de influencias y colusión, aprobada en febrero de 2023, y que la ley suspende la pensión en ese caso. Los especialistas coinciden en el fondo del debate, aunque no en todos sus matices: algunos consideran que la ley es clara y que el juez se equivocó, mientras que el constitucionalista Erick Urbina plantea que el Congreso debe acatar el fallo y acudir al Tribunal Constitucional.
El precedente de Alejandro Toledo en Barbadillo recuerda que estos pagos ya generaron polémica. Ahora la atención se concentra en la apelación y en si el Tribunal Constitucional fijará un criterio para los exmandatarios acusados.
El 10 de septiembre, el juez Alexis Anicama Budiel, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, firmó una sentencia que pocos esperaban: ordenó al Congreso otorgar a Pedro Castillo una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un congresista en funciones, S/ 15.600. El expresidente cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de diciembre de 2022.
El fallo declaró fundada la demanda de amparo que Castillo presentó en mayo de 2024 contra las resoluciones del Congreso que le negaban el acceso al beneficio. La pensión implica además otros derechos, como contar con un asistente personal cuyo salario paga el propio Congreso.
El argumento central del juez fue la igualdad ante la ley. Según su razonamiento, el Congreso aplicó un doble estándar: negó la pensión a Castillo, pero la aprobó para Alberto Fujimori, que también tenía una acusación constitucional y, además, sentencias por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Anicama recordó que el artículo 2 de la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la igualdad, y que ningún órgano estatal puede decidir de forma arbitraria en casos sustancialmente similares. Concluyó que el trato fue discriminatorio y, por tanto, inconstitucional.
La Ley N.° 26519 reconoce la pensión vitalicia a los exmandatarios constitucionales, pero la suspende si existe una acusación constitucional, salvo que una sentencia declare su inocencia. En el caso de Fujimori, el Congreso sostuvo que condicionar el pago a una sentencia absolutoria vulneraba la presunción de inocencia, y con esa interpretación le permitió cobrar desde julio de 2024. Fujimori falleció dos meses después, en septiembre de ese año. Para el juez, si ese criterio valió para Fujimori, debía valer también para Castillo, y no encontró una justificación objetiva ni razonable para mantener uno restrictivo con él.
Al contestar la demanda, el Congreso alegó que sobre Castillo pesa una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El pleno la aprobó en febrero de 2023, a partir de una denuncia presentada en octubre de 2022 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La fiscalía lo señaló como presunto cabecilla de una organización enquistada en el aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda y el MTC, para direccionar obras públicas a cambio de sobornos. El Congreso anunció que apelará la resolución, y el caso podría llegar al Tribunal Constitucional.
Entre los especialistas consultados hay coincidencia en el fondo, aunque no en todo. César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, dijo que el juez argumenta erróneamente la desigualdad: a su juicio, la pensión no correspondía ni a Fujimori ni a Castillo, porque la ley prevé expresamente la suspensión, y afirmó que si el juez desconoce el texto comete prevaricato. El constitucionalista Erick Urbina opinó que el Congreso debe acatar el fallo y a la vez acudir al Tribunal Constitucional; advirtió que la resolución abre la puerta a que otros expresidentes acusados, como Martín Vizcarra, cobren la pensión. Alejandro Rospigliosi criticó a la Mesa Directiva presidida por Eduardo Salhuana, a la que atribuyó un manejo errático y discriminatorio, y sostuvo que el juzgado dejó en ridículo la defensa legal del Congreso.
Hay un antecedente en Barbadillo. En octubre de 2023, El Comercio reveló que Alejandro Toledo era el único expresidente recluido allí que cobraba cada mes los S/ 15.600. Recibió casi un millón y medio de soles desde marzo de 2017, un mes después de que se le dictara prisión preventiva. Fue sentenciado en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, y perdió el derecho.
Anicama es juez supernumerario del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio desde el año pasado, tras haber sido asistente en el mismo despacho. En agosto de 2024 declaró fundada en parte la demanda del excomandante general de la PNP Jorge Angulo Tejada, anuló la resolución con que Dina Boluarte puso fin a su designación, pero declaró improcedente su reincorporación. Ahora la mirada está en la apelación del Congreso y en si el Tribunal Constitucional fija un criterio para los exmandatarios acusados.
Bemerkenswerte Zitate
La pensión no correspondía ni a Fujimori ni a Castillo. Hay previsión expresa en contra en el segundo artículo de la ley sobre la materia.— César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso
Esta resolución abre la puerta para que presidentes acusados constitucionalmente, como Martín Vizcarra, también cobren pensión vitalicia.— Erick Urbina, abogado constitucionalista
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