En el altiplano peruano, una decisión judicial ha alcanzado a quien encabeza el gobierno regional de Puno: nueve meses de prisión preventiva para Agustín Luque Chayña, mientras se investiga si, junto a su asesor legal, dejó de cobrar penalidades a una empresa constructora de un hospital. Es una escena antigua en la vida pública, donde el poder confiado a unos pocos se pone a prueba ante la sospecha de que el deber se cambió por favor. Aún nada está probado; lo que existe, por ahora, es una hipótesis fiscal y una medida que busca asegurar que la justicia pueda avanzar.
Juez ordena nueve meses de prisión preventiva contra gobernador de Puno por presunta colusión
Nueve meses de prisión para el gobernador de Puno en pleno ejercicio
Empecemos por lo básico: ¿qué se decidió exactamente?
Un juez ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, mientras se le investiga por presunta colusión agravada.
¿Y a quién más alcanza?
A Jhon Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, y al empresario chino Chen Junkun Con.
Antes de seguir: esto es prisión preventiva, no una condena. Lo que se sostiene sobre los hechos es la tesis de la Fiscalía.
¿Cuál es esa tesis?
Que Luque y su asesor habrían acordado no cobrar 504 mil 727 soles en penalidades al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón.
Y esa cifra es la que plantea el Ministerio Público; el texto no detalla cómo se calculó ni qué dicen las defensas.
¿Qué pasa con Chen Junkun Con?
Estuvo en la audiencia de forma virtual con su abogado, pero no se puso a derecho. Se le considera no habido y hay orden de captura nacional.
Lo que no sabemos es dónde está, ni si se apelará la medida contra los otros dos.
Il Polso
- Un juez ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador de Puno en pleno ejercicio del cargo.
- La Fiscalía sostiene que se dejaron de cobrar S/ 504 727 en penalidades a un consorcio hospitalario.
- El jefe de Asesoría Jurídica regional y un empresario chino quedaron bajo la misma medida.
- El empresario no se presentó ante las autoridades y ya pesa sobre él una orden de captura nacional.
En el altiplano peruano, una decisión judicial ha alcanzado a quien encabeza el gobierno regional de Puno: nueve meses de prisión preventiva para Agustín Luque Chayña, mientras se investiga si, junto a su asesor legal, dejó de cobrar penalidades a una empresa constructora de un hospital. Es una escena antigua en la vida pública, donde el poder confiado a unos pocos se pone a prueba ante la sospecha de que el deber se cambió por favor. Aún nada está probado; lo que existe, por ahora, es una hipótesis fiscal y una medida que busca asegurar que la justicia pueda avanzar.
Un juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, sea internado por nueve meses mientras se investiga presuntos actos de corrupción. La decisión fue tomada por el magistrado Youl Riveros Salazar, y alcanza a la máxima autoridad de la región en pleno ejercicio de su cargo.
La medida también recae sobre Jhon Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, y sobre el empresario chino Chen Junkun Con. Los tres forman parte de la misma investigación. Según el fiscal anticorrupción William Otazu Pinto, quien pidió la detención, el gobernador habría acordado con su asesor no cobrar al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón 504 mil 727 soles en penalidades. Por ello se les imputa colusión agravada.
El gobernador y su funcionario serían trasladados en los próximos días al penal de Yanamayo. Se trata de una medida cautelar: los acusados son investigados, y la acusación, por ahora, es solo la hipótesis de la Fiscalía.
El caso del empresario es distinto. Participó de forma virtual en la audiencia, acompañado de su abogado, pero no se presentó ante las autoridades, por lo que permanece como no habido y el juzgado ordenó su captura a nivel nacional.
Queda por verse si Chen Junkun Con es ubicado, si la defensa de los tres impugna la decisión y cómo avanza la investigación sobre las penalidades que no fueron cobradas.
Un juzgado de Investigación Preparatoria ordenó que el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, ingrese a un establecimiento penitenciario por nueve meses mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción. La decisión la tomó el magistrado Youl Riveros Salazar y alcanza a la máxima autoridad de la región altiplánica en pleno ejercicio del cargo.
La medida no recae solo sobre el gobernador. El juez dispuso también nueve meses de prisión preventiva para Jhon Wilfredo Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno, y para el empresario chino Chen Junkun Con. Los tres quedan comprendidos en la misma investigación.
El pedido de encarcelamiento lo presentó el fiscal anticorrupción William Otazu Pinto. Según la tesis del Ministerio Público, Luque Chayña se habría coludido con el asesor legal Martínez Molina para no cobrar al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón la suma de 504 mil 727 soles en penalidades. Por esos hechos se les imputa el delito de colusión agravada.
En los próximos días, según lo informado, el gobernador será internado en el penal de Yanamayo, junto con su funcionario de confianza. Se trata de la ejecución de una medida cautelar: los acusados son investigados y la acusación corresponde, por ahora, a la hipótesis de la Fiscalía.
El caso de Chen Junkun Con es distinto. El empresario participó en la audiencia de forma virtual, acompañado de su abogado defensor. Sin embargo, no se puso a derecho ante las autoridades, por lo que sigue siendo considerado no habido. Ante ello, el juzgado ordenó su captura a nivel nacional.
Queda por verse si Chen Junkun Con es ubicado y si la defensa de los tres cuestiona la decisión, además del curso que tome la investigación por las penalidades no cobradas al consorcio que construye el hospital.
Citazioni salienti
Según la Fiscalía, Luque se habría coludido con su asesor jurídico para no cobrar las penalidades al consorcio hospitalario.— Tesis del Ministerio Público, expuesta por el fiscal William Otazu Pinto