Juez ordena al Museo Nacional conservar las obras retiradas y frenar nuevos retiros por contenido

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y le ordenó al Museo Nacional de Colombia que no destruya las obras retiradas de tres de sus salas. Se trata de afiches, fotografías y objetos que documentaban las reivindicaciones feministas y LGBTI, episodios de violencia política como los de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, cuyo acuerdo se firmó en 2016.

La orden es una medida provisional: rige mientras el juzgado decide de fondo la tutela. Según el despacho, esas medidas son necesarias, urgentes y proporcionales para evitar un perjuicio irremediable sobre bienes constitucionalmente protegidos. El fallo también cobija al Ministerio de Cultura, al que le exige abstenerse de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido, a menos que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones.

En concreto, el Museo debe conservar la totalidad de las piezas retiradas en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. No puede destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros ni alterarlas de ninguna forma. La orden incluye el microperforado retirado del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz, y le prohíbe intervenir o retirar cualquier otro elemento de ese espacio sin acto administrativo que lo respalde.

El juzgado también pidió preservar de manera integral los inventarios, los registros de movimiento, los guiones museográficos, las actas, los correos electrónicos, las comunicaciones y los demás documentos relacionados con el retiro de las piezas y del microperforado. Además, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, el Museo debe entregar un informe con el listado completo de lo retirado del museo y del jardín, con la ubicación actual de cada pieza, su estado de conservación y la autoridad o dependencia que ordenó cada retiro.

Al Ministerio y al Museo se les dio el mismo plazo de 24 horas para pronunciarse sobre la tutela, aportar las pruebas y documentos que quieran hacer valer y responder a las pruebas que pide la accionante. El fallo advierte: "Se advierte que la omisión de respuesta permitirá considerar ciertos de los hechos en que se fundamenta la acción". Es decir, si callan, el juzgado puede tomar por ciertos los hechos de la demanda.

El despacho les pidió además informar mediante qué acto administrativo se decidió exhibir esos elementos, con su objetivo, su finalidad y la fecha de exhibición, y enviar copia. Deben precisar también si el retiro se adoptó por acto administrativo, que habría que incorporar al expediente, o, si no, identificar la razón que motivó la decisión.

Para justificar las medidas, el juzgado recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que las expresiones artísticas ligadas a la memoria histórica, la verdad extrajudicial y la reparación simbólica de las víctimas no son simples manifestaciones culturales. Son instrumentos constitucionalmente protegidos para construir memoria colectiva, dignificar a las víctimas y dar garantías de no repetición, y gozan de protección reforzada por su relación con los derechos a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión artística y la reparación simbólica.

Sobre esa base, el despacho encontró una apariencia razonable de vulneración de esos derechos y un riesgo cierto de agravación del daño sin medidas inmediatas de conservación. Busca evitar que la decisión de fondo resulte inocua frente a hechos consumados. Lo que sigue es la respuesta del Museo y del Ministerio en las próximas 24 horas, y el inventario detallado de las piezas retiradas.