Juez dicta prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos

En la madrugada del martes, un operativo fiscal y policial detuvo en Guayaquil al alcalde Aquiles Álvarez. Pocas horas después, una audiencia de formulación de cargos que comenzó de madrugada terminó con una decisión judicial: prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación al Estado.

La orden la dictó el juez Jairo García, de la unidad anticorrupción. La medida alcanza al alcalde, a sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez y a otras siete personas. Una más, por tener más de 65 años, recibió arresto domiciliario. En total son diez las personas procesadas.

La detención se enmarca en la investigación denominada Goleada. Además del alcalde y sus dos hermanos, el operativo arrestó a otras ocho personas. Según la Fiscalía, los allanamientos permitieron reunir teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentos, y las autoridades difundieron imágenes de fajos de billetes incautados.

Para pedir la prisión preventiva, la Fiscalía presentó 20 pruebas. A su juicio, demuestran un entramado societario complejo vinculado a la presunta comercialización de combustible, que describe como una estructura organizada. Afirma que hay elementos suficientes para sostener la acusación inicial.

La defensa lo ve de otro modo. El abogado Ramiro García criticó el fallo en la red social X y aseguró que el juez actuó sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones. Horas antes de la decisión había advertido que pedir prisión preventiva sin riesgo de fuga iría contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sostiene que el caso tiene motivaciones políticas.

Entre los procesados hay figuras conocidas del fútbol ecuatoriano: Antonio Álvarez preside el club Barcelona y Xavier Álvarez integra su comisión directiva. Guayaquil queda a unos 270 kilómetros al suroeste de Quito, donde se lleva el proceso.

Este es el segundo frente judicial del alcalde. El primero es el caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles, vinculada a actividades empresariales anteriores a su gestión municipal. La investigación actual también gira en torno a irregularidades con el combustible.

La reacción en la calle fue inmediata. Cientos de personas marcharon por el centro de Guayaquil hasta el Palacio Municipal, y por la noche simpatizantes permanecieron frente al Complejo Judicial en Quito mientras avanzaba la audiencia. Entre las protestas se oyó que el gobierno, en lugar de apoyar a los ciudadanos y hacer obras, reprime, persigue y busca infundir temor.

En el municipio, el Concejo aprobó una licencia de 15 días que el alcalde había solicitado antes de ser detenido, y designó como reemplazo a la vicealcaldesa Tatiana Coronel. Según especialistas citados en el proceso, si la ausencia supera los 30 días, Álvarez podría perder el cargo. Por ahora, el caso sigue su curso en Quito, y el plazo de la licencia marca el siguiente punto de atención.