Japón aprueba su mayor presupuesto militar desde la II Guerra Mundial

El viernes, el Gobierno de Fumio Kishida aprobó un giro histórico en la política de defensa japonesa: duplicará el gasto militar en los próximos cuatro años, pasando del límite actual del 1% del Producto Interior Bruto al 2%. Es el mayor aumento en materia de armamento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y marca el fin de décadas de restricciones constitucionales que habían confinado al ejército japonés a funciones puramente defensivas dentro de sus propias fronteras.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional que respalda este incremento contiene una reinterpretación legal de la Constitución de 1947 que abre la puerta a algo sin precedentes en la política japonesa moderna: la capacidad de atacar bases enemigas. Hasta ahora, la Ley Fundamental redactada por las fuerzas aliadas tras 1945 limitaba estrictamente las Fuerzas Armadas japonesas, que cuentan con casi 250.000 efectivos, a la autodefensa territorial. El nuevo documento argumenta que un "contraataque" a instalaciones militares extranjeras se ajusta legalmente a la defensa propia, una interpretación que rompe con décadas de jurisprudencia constitucional.

El Gobierno justifica esta transformación citando amenazas concretas en la región. China ha expandido significativamente su capacidad militar, y Corea del Norte ha lanzado casi 70 misiles este año, algunos de los cuales sobrevolaron territorio japonés y activaron alertas en las zonas más septentrionales del país. El documento también menciona la posibilidad de que ocurra un incidente similar a la invasión rusa de Ucrania en el este de Asia o la región Indo-Pacífica. Expertos consultados señalan que el objetivo real es contener el auge militar chino mientras se mantiene la posición dominante de Estados Unidos en Asia-Pacífico, región donde Japón aloja bases estadounidenses estratégicas desde 1945.

El presupuesto incluye inversiones significativas en sistemas de defensa aérea integrada, modernización de baterías Patriot y la compra de centenares de misiles de crucero Tomahawk estadounidenses. Estos últimos representan un gasto considerable no solo por el armamento en sí, sino por los costos asociados a capacitación de personal, mantenimiento y soporte técnico. También hay una partida importante para la Guardia Costera, la principal fuerza activa en el contencioso territorial con China por las islas Senkaku, que ambos países consideran irrenunciables para sus soberanías respectivas.

Para financiar este aumento, el Gobierno anunció subidas de impuestos a grandes corporaciones y una recaudación adicional de 3 yenes por cigarro. Sin embargo, el plan de financiamiento ha generado críticas por su falta de precisión. El calendario propuesto habla de aumentos impositivos "en 2024, o más tarde", una ambigüedad que refleja resistencia dentro de sectores del Partido Liberal Democrático por temor a las consecuencias políticas de las subidas en las elecciones locales de primavera.

Estados Unidos celebró inmediatamente la decisión. El secretario de Estado Antony Blinken emitió un comunicado destacando que la estrategia japonesa "converge con la nuestra al reconocer que una mayor unión entre países que son parecidos es primordial para proteger intereses y valores comunes". Japón es considerado por Washington uno de los pilares de su estrategia de seguridad en Asia.

Analistas señalan que el impulso detrás de este cambio proviene de múltiples direcciones. Hisae Masahiko, editor de la agencia Kyodo, ha afirmado que el fuerte aumento refleja presión tanto del Gobierno estadounidense, principal beneficiario de los contratos de armamento, como de la facción política del fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en julio. Abe fue el gran impulsor del aumento del gasto militar durante su mandato (2012-2019) y buscaba revivir la reputación de poderío militar que tuvo Japón en la primera mitad del siglo XX. La nueva estrategia, con su énfasis en lograr "un Indo-Pacífico libre y abierto", es considerada por algunos expertos como un legado directo de Abe.

Kishida, caracterizado como moderado en temas de defensa, declaró en conferencia de prensa que consideraba su misión "proteger y defender la nación en un histórico punto de inflexión". Con esta aprobación, Japón se posiciona como un actor militar más activo en una región cada vez más tensa, marcando el fin de una era de restricción militar que había definido la política de seguridad japonesa durante más de siete décadas.