Islandia vota este sábado si reabre negociaciones de adhesión a la UE en consulta muy ajustada

Islandia se dirige a las urnas este sábado para decidir si reanuda un proceso de adhesión a la Unión Europea que lleva suspendido más de una década. Los sondeos apuntan a un resultado extraordinariamente cerrado, con la encuesta más reciente de Gallup publicada el viernes prediciendo una victoria del no por apenas 1,6 puntos porcentuales. La campaña ha girado menos en torno a ideología que a preocupaciones concretas: el costo de la vida, la gestión de los recursos pesqueros, la soberanía nacional y, en menor medida, consideraciones de seguridad geopolítica.

Islandia presentó su solicitud de ingreso en 2009, apenas diez meses después de que el colapso de su sistema bancario durante la crisis financiera global sacudiera la economía del país. Las negociaciones avanzaron durante cuatro años antes de detenerse cuando un gobierno euroescéptico llegó al poder. El cambio de dirección llegó a finales de 2024, cuando Kristrún Frostadóttir, una socialdemócrata, formó un ejecutivo de centroizquierda y señaló su intención de convocar un referéndum en 2027. Pero en marzo, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionar Groenlandia por la fuerza, Frostadóttir aceleró el calendario. "No es ningún secreto que la situación ha cambiado enormemente durante el último año y medio", declaró, señalando cómo Estados Unidos estaba utilizando aranceles como herramientas de coerción comercial y cómo el creciente interés de las grandes potencias por el Ártico dejaba a Islandia en una posición más vulnerable que hace una década.

Pero mientras la geopolítica proporcionaba el telón de fondo, fueron las cuestiones económicas las que dominaron el debate público. Islandia carece de ejército propio, aunque es miembro fundador de la OTAN, y su corona es la moneda independiente más pequeña del planeta. La economía del país sufre episodios recurrentes de inflación y tipos de interés elevados. Los partidarios de la adhesión argumentan que la adopción del euro reduciría significativamente los costos de hipotecas y préstamos. Thórhildur Sunna Aevarsdóttir, portavoz del Movimiento Europeo, subraya una paradoja incómoda: Islandia ya forma parte del Espacio Económico Europeo junto con Noruega y Liechtenstein, lo que le da acceso al mercado único pero la obliga a adoptar gran parte de la legislación europea sin participación alguna en los procesos legislativos que la generan. "La campaña del no sostiene que entrar en la UE supondría una pérdida de soberanía. Nosotros creemos justo lo contrario", afirma Aevarsdóttir. "Ya incorporamos numerosas normas comunitarias sin participar en los procesos legislativos".

La pesca, sin embargo, es donde la cuestión de la soberanía adquiere su dimensión más sensible. Aunque el sector ha perdido peso relativo en las últimas décadas, aún representa más de un tercio de las exportaciones nacionales y aproximadamente el 7% del PIB. La posibilidad de que Bruselas tenga alguna capacidad de decisión sobre los caladeros islandeses ha despertado recelos profundos en una porción significativa del electorado, explicando en gran medida la fortaleza del campo euroescéptico. El gobierno de Frostadóttir ha declarado repetidamente que la pesca sería una línea roja en cualquier negociación con Bruselas, insistiendo en que se puede alcanzar un acuerdo que preserve la gestión nacional de los caladeros, el reparto de capturas y las restricciones a la propiedad extranjera. El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, afirmó en primavera que "sin duda hay margen para la flexibilidad" respecto a los recursos pesqueros islandeses, y Marta Kos, responsable de Ampliación, también ha abierto la puerta a "soluciones creativas".

Los críticos de la adhesión consideran estas promesas poco realistas. Señalan que las negociaciones suspendidas en 2013 ni siquiera llegaron a abordar en profundidad la pesca y la agricultura. Egill Gautason, profesor de la Universidad Agrícola de Islandia y firme defensor del no, sostiene que Bruselas ya rechazó entonces conceder excepciones significativas y ve pocas razones para creer que la posición haya cambiado. "No creo que la UE esté dispuesta a ofrecer ahora acuerdos especiales que no quiso ofrecer hace unos años", afirma.

La sensibilidad sobre el control de los recursos naturales está profundamente enraizada en la historia reciente de Islandia. El país obtuvo su independencia de Dinamarca en 1944, y muchos opositores a la adhesión consideran que la capacidad para decidir sobre asuntos como la pesca constituye uno de los pilares fundamentales de esa soberanía. Gudrún Hafsteinsdóttir, líder del Partido de la Independencia, la principal fuerza política contraria a la integración, argumentó en un debate televisivo que en cien años Islandia pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos precisamente porque se independizó y confió en sus propias capacidades.

El referéndum ha revelado una fractura clara entre zonas urbanas y rurales. El apoyo a la reapertura de negociaciones es mayor en Reikiavik, la capital, mientras que en las regiones más aisladas y dependientes de la pesca y la agricultura se prevé un rechazo profundo. Si Islandia llegara a convertirse en el vigésimo octavo estado miembro, sería el país con la menor población de la Unión, aunque el undécimo con la mayor superficie. Los colegios electorales cerrarán a las 22.00 en Reikiavik y horas antes en el resto del país, y el resultado podría no estar claro hasta bien entrada la madrugada del domingo. Si gana el sí, el gobierno de Frostadóttir calcula que las negociaciones podrían iniciarse a finales de este año y prolongarse entre 18 y 24 meses.