Interior debe decidir si mantiene a Balas al frente de anticorrupción tras su ascenso a coronel

El Ministerio del Interior enfrenta una decisión administrativa que trasciende lo meramente burocrático. En los próximos días debe resolver el destino del teniente coronel Antonio Balas, quien dirige desde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil las investigaciones anticorrupción más sensibles del país: el caso Koldo, que examina una presunta trama de corrupción en el Ministerio de Transportes bajo José Luis Ábalos; el caso Leire Díez; y pesquisas que tocan el círculo cercano al presidente del Gobierno. Su ascenso a coronel, previsto hace tiempo y que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, debería significar su salida de la unidad hacia un destino acorde con su nuevo rango. Pero el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía han pedido formalmente que permanezca al frente de estas investigaciones, lo que obliga a los máximos responsables de la Guardia Civil a replantear los términos de su continuidad.

La petición judicial genera una tensión administrativa en un momento ya delicado. Hace apenas dos meses, una investigación liderada precisamente por Balas desembocó en la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el teniente general Manuel Llamas, acusados de ejercer presiones sobre la unidad para obstaculizar pesquisas que afectan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. Ese contexto de fricción entre el instituto armado y el Gobierno hace que cualquier decisión sobre Balas cargue con un peso político adicional. Sin embargo, fuentes del instituto armado consideran que la solicitud del juez Moreno y del fiscal Luis Pastor, expresada en términos que subrayan la relevancia de Balas en las investigaciones y la necesidad de que permanezca "por el tiempo necesario" para concluirlas, hace prácticamente inevitable que continúe en la UCO al menos durante un período.

Desde el punto de vista administrativo, la solución existe. La Guardia Civil puede mantener a Balas en su puesto mediante una comisión de servicios, figura que permite asignar temporalmente a un agente un destino distinto al que le corresponde por su rango. Esta herramienta ya se ha utilizado recientemente con otros dos tenientes coroneles de la UCO que dirigían los departamentos de cibercriminalidad y narcotráfico: ambos fueron ascendidos a coronel pero se mantuvieron en sus puestos durante meses por razones operativas. Las comisiones de servicio tienen una duración máxima de un año, aunque pueden prorrogarse en casos excepcionales. Según las fuentes consultadas, este tipo de solicitudes suelen ser aprobadas favorablemente en los trámites internos.

Pero la decisión no es automática. La petición del juez Moreno debe superar varios filtros internos. El coronel Pedro Merino, jefe de la UCO, debe emitir un informe sobre la conveniencia de que Balas continúe. Ese informe sube después a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, dirigida por el general Alfonso López Malo, antiguo jefe de la UCO cuyo testimonio en el caso Leire Díez reforzó los indicios sobre presiones recibidas por los agentes de la unidad. Finalmente, la decisión recae en el Estado Mayor, órgano que dirige la política de personal del instituto armado. En casos similares, estos trámites suelen resultar favorables, y una de las fuentes consultadas da por hecho que también se le concederá la comisión de servicios a Balas.

Lo que permanece abierto es cómo se estructuraría esa continuidad. La Guardia Civil tiene dos opciones. La primera es mantener a Balas al frente del departamento anticorrupción sin convocar un concurso para cubrir la plaza de teniente coronel que dejaría vacante. En ese caso, nada cambiaría: él seguiría siendo el jefe y dirigiría todas las investigaciones en marcha y las que surgieran durante la comisión de servicios. La segunda opción es más compleja: mantener a Balas como responsable únicamente de aquellas investigaciones para las que los jueces hayan solicitado formalmente su continuidad. Hasta ahora solo ha trascendido la del caso Koldo, aunque Balas también encabeza el caso Leire Díez, que dirige el juez Santiago Pedraz, y una investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, entre otras. En este escenario, la Guardia Civil convocaría un concurso para cubrir la plaza de jefe del departamento anticorrupción, y el nuevo mando se haría cargo del resto de pesquisas. Esto crearía una situación inusual: dos jefes para un mismo departamento, una estructura que según las fuentes consultadas puede provocar tensiones operativas. Algunos tenientes coroneles ya han sido sondeados para saber si se presentarían como candidatos si se ofertara la plaza, pero sin éxito hasta ahora.

Balas adquirió relevancia mediática en mayo del año pasado cuando salió a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer al empresario vasco Alejandro Hamlyn, investigado por la Guardia Civil, para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel. "Si Balas está muerto, mejor", se escuchaba decir a Díez en la grabación. Para entonces, Balas ya estaba al frente de las principales pesquisas de la UCO que afectaban al Gobierno y al PSOE. Fue quien dirigió el registro en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 30 de octubre de 2024, y quien defendió durante el juicio en el Tribunal Supremo el informe clave que atribuía al jefe del ministerio público una "participación preeminente" en las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso. Su testimonio fue fundamental en las condenas a inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente, y a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, entre otros, por irregularidades en la contratación. También declaró en el juicio en el que se condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por corrupción, y ha participado en las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.