En un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las tensiones más profundas de la vida urbana contemporánea, el Gobierno español aprobó una deducción fiscal del 10% en el IRPF para inquilinos con ingresos inferiores a 33.007 euros que residan en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. La medida, fruto de una negociación de última hora entre PSOE y Sumar, aspira a aliviar la carga de hasta 1,6 millones de contribuyentes con un ahorro medio de 512 euros anuales, aunque su alcance real dependerá de la voluntad política de las comunidades autónomas para activar
Inquilinos ahorrarán 500 euros en IRPF si su zona es declarada tensionada
El ahorro no llegará de inmediato al bolsillo de los inquilinos
Mark
¿Cuánto dinero real ahorraría un inquilino con esta medida?
Mimi
De media, unos 512 euros al año si vive en una zona tensionada y gana menos de 33.000 euros. Pero el máximo posible es de 1.163 euros anuales para los que ganan menos de 23.007 euros.
Luke
¿Y cuántas zonas están declaradas como tensionadas en este momento? Porque si casi ninguna lo está, la medida beneficia a casi nadie.
Mimi
Ese es precisamente el punto. La declaración depende de las comunidades autónomas, y muchas gobiernos del PP se han negado históricamente a hacerlo.
Mark
Entonces esto presiona a los gobiernos locales a declarar zonas tensionadas.
Mimi
Exacto. Es una forma indirecta de forzar esa decisión política.
Luke
¿Cuándo empieza a aplicarse?
Mimi
En la declaración de la renta de 2026, que se presenta en 2027. No es inmediato.
Mark
¿Hay otras condiciones además de la renta y la zona?
Mimi
Sí. No pueden acceder a la deducción si el inquilino o alguien de su familia es propietario de otra vivienda a menos de 50 kilómetros.
Luke
¿Eso está confirmado en el decreto o es solo del borrador?
Mimi
El borrador que circuló el lunes lo incluía, pero el decreto definitivo se aprobó ayer. Habría que verificar si se mantuvo esa condición.
O Pulso
- El precio del alquiler lleva años erosionando la estabilidad económica de millones de familias, y el Gobierno responde ahora con una deducción fiscal que promete devolver de media 512 euros anuales a quienes más lo necesitan.
- La medida no es universal: solo beneficia a quienes viven en zonas declaradas oficialmente como mercado tensionado, una condición que depende de decisiones autonómicas que varios gobiernos del PP han evitado tomar.
- La negociación entre PSOE y Sumar llegó a última hora y se plasmó en dos reales decretos ley que aún deben superar el voto del Congreso el próximo viernes, lo que mantiene la medida en un estado de incertidumbre política.
- El ahorro no aliviará las facturas de octubre: la deducción se aplicará en la declaración de la renta de 2026, presentada en 2027, dejando a los inquilinos sin efecto inmediato en sus recibos mensuales.
- El paquete incluye también incentivos para propietarios que bajen el alquiler y penalizaciones fiscales progresivas para quienes lo suban, convirtiendo el IRPF en un instrumento de política de precios residenciales.
En un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las tensiones más profundas de la vida urbana contemporánea, el Gobierno español aprobó una deducción fiscal del 10% en el IRPF para inquilinos con ingresos inferiores a 33.007 euros que residan en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. La medida, fruto de una negociación de última hora entre PSOE y Sumar, aspira a aliviar la carga de hasta 1,6 millones de contribuyentes con un ahorro medio de 512 euros anuales, aunque su alcance real dependerá de la voluntad política de las comunidades autónomas para activar el mecanismo territorial que la hace posible.
El Gobierno aprobó este martes una deducción fiscal del 10% en el IRPF destinada a inquilinos que ganen menos de 33.007 euros anuales y residan en zonas declaradas como mercado residencial tensionado. El ahorro medio estimado ronda los 512 euros por persona y la medida podría alcanzar a 1,6 millones de contribuyentes, con un coste máximo de 820 millones de euros para las arcas públicas.
La iniciativa nació de una negociación de última hora entre PSOE y Sumar y se articuló en dos reales decretos ley: uno con medidas fiscales para propietarios e inquilinos, y otro que prorroga indefinidamente los contratos de alquiler. Ambos necesitan el respaldo del Congreso, previsto para el viernes.
El acceso a la deducción tiene una condición territorial determinante: solo pueden beneficiarse quienes alquilen en zonas oficialmente declaradas como tensionadas por las comunidades autónomas. Esa declaración es voluntaria para las autonomías, lo que convierte la medida en una presión política indirecta sobre los gobiernos del Partido Popular, que históricamente han evitado activar este mecanismo.
La cuantía de la deducción varía según los ingresos. Para rentas de hasta 23.007 euros, la base máxima es de 11.630 euros, lo que permite una deducción de hasta 1.163 euros anuales. A partir de ese umbral, la base se reduce progresivamente hasta desaparecer al superar los 33.007 euros. Quedan excluidos quienes posean otra vivienda en un radio de 50 kilómetros.
El efecto económico no será inmediato: la deducción se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará en 2027, sin repercutir en los recibos mensuales actuales. El paquete también contempla bonificaciones de hasta el 100% para propietarios que reduzcan la renta y penalizaciones fiscales crecientes para quienes la suban, usando el IRPF como palanca para moderar los precios del mercado del alquiler.
El Gobierno aprobó este martes un paquete de medidas de vivienda que incluye una deducción fiscal para inquilinos: quienes paguen alquiler en zonas declaradas como mercado residencial tensionado y ganen menos de 33.007 euros anuales podrán deducir el 10% de lo que paguen en renta cuando presenten su declaración de impuestos sobre la renta. El ahorro medio rondará los 512 euros al año por persona, aunque el Ejecutivo calcula que la medida podría beneficiar a alrededor de 1,6 millones de contribuyentes y tendría un coste máximo de 820 millones de euros para las arcas públicas.
La deducción llegó tras una negociación de última hora entre PSOE y Sumar, que resultó en la aprobación de dos reales decretos ley. El Gobierno espera que ambos reciban el respaldo del Congreso el viernes. El primero contiene un conjunto amplio de medidas fiscales dirigidas tanto a propietarios como a inquilinos. El segundo prolonga indefinidamente los contratos de alquiler.
Pero la deducción para arrendatarios tiene una condición territorial que la hace más compleja de lo que parece a primera vista. Solo pueden acceder a ella quienes alquilen en una zona que haya sido declarada oficialmente como mercado residencial tensionado. Esa declaración depende de las comunidades autónomas, que pueden hacerlo por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos. Esto introduce una presión política adicional sobre los gobiernos locales y autonómicos del Partido Popular, que históricamente se han resistido a activar este mecanismo.
La cantidad que cada persona puede deducir no es fija. Para quienes ganan hasta 23.007 euros anuales, la base máxima sobre la que se aplica ese 10% es de 11.630 euros, lo que sitúa la deducción máxima en torno a 1.163 euros al año. A partir de ese nivel de ingresos, la base de la deducción disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se superan los 33.007 euros. Además, no podrán acceder a la deducción quienes o algún miembro de su unidad familiar sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda a menos de 50 kilómetros de la vivienda alquilada.
El ahorro no llegará de inmediato al bolsillo de los inquilinos. La deducción se aplicará en el IRPF una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que el primer efecto para los contribuyentes llegará con la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará en 2027. No afectará a los recibos mensuales de alquiler.
El paquete fiscal también incluye cambios para los propietarios. Las reducciones aplicables a los rendimientos del alquiler pueden llegar al 100% en determinados supuestos y premian especialmente las rebajas de renta. El Gobierno planea introducir una pérdida creciente de las bonificaciones fiscales a medida que aumenta la renta del alquiler respecto a un contrato anterior, utilizando el IRPF como herramienta para desincentivar las subidas de precios.
Citações Notáveis
La medida introduce una presión adicional sobre los gobiernos locales y autonómicos del PP para que activen este mecanismo, al que tradicionalmente se han negado— Análisis del decreto del Gobierno
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