En el cruce entre el poder encarcelado y la justicia amenazada, el Estado colombiano respondió con un operativo que trasladó al exgobernador Juan Francisco 'Kiko' Gómez de La Picota a Picaleña, tras hallar un celular en su celda y vincular disparos contra la Procuraduría con las intimidaciones a magistrados de la Corte Suprema. La condena de más de 31 años que pesa sobre Gómez por el homicidio de un concejal en La Guajira parece haber encendido una mecha que el Gobierno se apresuró a apagar antes de que consumiera la independencia judicial. En democracias frágiles, la seguridad de quienes dict