Inpec traslada a Kiko Gómez tras operativo en celda por presuntas amenazas a la Corte Suprema

El jueves 3 de septiembre, uniformados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario entraron a la celda de Juan Francisco "Kiko" Gómez en la cárcel de La Picota, en Bogotá, por orden del presidente Abelardo De La Espriella. Lo que encontraron —un teléfono celular— se convirtió en el primer resultado tangible de una investigación que vincula al exgobernador de La Guajira con graves intimidaciones dirigidas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos que desencadenaron el operativo ocurrieron el fin de semana anterior, cuando disparos impactaron el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Un magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, envió una alerta de seguridad el miércoles 2 de septiembre señalando que estos disparos podrían estar relacionados con la condena que la Sala de Casación Penal le impuso recientemente a Gómez. El magistrado expresó su preocupación de que él y sus colegas estuvieran en riesgo como consecuencia de esa decisión judicial.

La condena contra Gómez tiene raíces profundas. En 1997, fue asesinado Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas, La Guajira. Tras un largo proceso judicial marcado por decisiones contradictorias, la Corte Suprema revocó este año una absolución anterior y dejó en firme una condena de más de 31 años de prisión contra Gómez. Los magistrados concluyeron que el exgobernador contaba con una estructura de poder e intimidación en la región, operando en un contexto de presencia de grupos armados ilegales.

Durante el operativo en La Picota, Gómez negó cualquier vínculo con los disparos en la Procuraduría. Sin embargo, el hallazgo del celular encendió las alarmas en el Gobierno nacional y los organismos de control. De La Espriella confirmó públicamente el registro de la celda ante los integrantes de la Corte Suprema y anunció que había ordenado el traslado del exgobernador. Esa misma mañana, Gómez fue trasladado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde continuará bajo custodia mientras avanza la investigación.

El abogado Gustavo Moreno, quien asumió la vocería de la familia de Gómez, pidió que se respete la presunción de inocencia de su cliente. Moreno argumentó que el hallazgo de un teléfono celular en la celda no atribuye necesariamente autoría o participación en el atentado, y advirtió contra convertir a Gómez en "chivo expiatorio". También cuestionó la decisión de la Sala Penal de revertir la absolución anterior, dirigiéndose directamente al presidente: "Usted fue abogado penalista. Usted defendía la presunción de inocencia".

El Gobierno respondió con medidas inmediatas. De La Espriella caracterizó los hechos como un ataque directo a las instituciones y al ejercicio independiente de la administración de justicia. Ante los magistrados, el presidente enfatizó que "una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República". Instrucciones precisas fueron transmitidas a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección para blindar a los juristas y sus entornos familiares.

De La Espriella subrayó la importancia de preservar la independencia judicial. "En democracia, los jueces tienen un poder de decidir en libertad sin miedo a las consecuencias personales de una providencia", declaró, añadiendo que la seguridad de quienes administran justicia "no son mera vanidad, sino un asunto de Estado". Cerró su intervención con una advertencia directa: "Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y recae sobre él o ellos todo el peso de la ley".