Cuando el poder político se mezcla con el cuidado de quienes custodian a un expresidente, la confianza pública se vuelve frágil. En Lima, el Instituto Nacional Penitenciario removió al director del penal de Barbadillo, donde cumple prisión Pedro Castillo, después de que un reportaje revelara que familiares de custodios habían sido contratados en oficinas vinculadas a Juntos por el Perú en el Congreso. La decisión se presenta como una medida preventiva, mientras la historia abre una pregunta más antigua que el caso: quién vigila a los vigilantes cuando la lealtad política y el empleo público se
INPE remueve al director del penal Barbadillo tras revelarse contratación de familiares de custodios de Pedro Castillo en el Congreso
Es una situación en la cual la gente cree en impunidad
Mark
¿Qué cambió exactamente este lunes en Barbadillo?
Mimi
El INPE separó a Calixto Lucero Rodríguez de la dirección del penal donde está Pedro Castillo, tras un reportaje de Cuarto Poder sobre la contratación de su hija en el Congreso.
Mark
¿Fue solo su hija?
Mimi
No. El reportaje habla también del hijo de un agente del INPE, Juan Ramón Hurtado Barrenechea, y de un exdirector del penal, Héctor Sandoval, como asesor de una comisión.
Luke
Conviene separar lo confirmado de lo atribuido. Las contrataciones las revela Cuarto Poder; el INPE habla de presuntas irregularidades, no de una falta comprobada.
Mark
¿Y qué dicen los contratados?
Mimi
La diputada Azucena Isla dice que fue un requerimiento de su despacho y niega que Castillo sugiriera el nombre. Sandoval descarta interferencia. Los otros dos no quisieron comentar.
Luke
Es decir, no hay en lo reportado evidencia de que Castillo influyera en ninguna contratación. Eso es lo que se alega como riesgo, no lo que se ha probado.
Mark
¿Por qué el ministro habla de rotación preventiva?
Mimi
Porque la salida definitiva depende de un proceso disciplinario. Además, Álvarez explicó que Lucero es funcionario de carrera y no tenía obligación de declarar intereses.
Luke
Y las frases del ministro sobre controles corrompidos o impunidad son su valoración, sin datos concretos en el texto que las respalden.
Mark
¿Qué viene?
Mimi
Un militar en retiro como nuevo director, que Álvarez prevé designar esta semana.
Der Puls
- Un reportaje de Cuarto Poder destapó contrataciones de hijos, hijas y exdirectores del penal en despachos y comisiones del Congreso, generando alarma sobre la neutralidad en la custodia de Castillo.
- La designación de un exdirector de Barbadillo como asesor de una comisión que evalúa proyectos de amnistía encendió cuestionamientos inmediatos sobre posibles conflictos de interés.
- El ministro de Justicia habló de impunidad y de controles públicos corrompidos, mientras el INPE busca contener la crisis con una rotación preventiva del director.
- La salida definitiva de Calixto Lucero aún depende de un proceso disciplinario, y el Gobierno planea colocar esta semana a un militar en retiro al frente del penal.
Cuando el poder político se mezcla con el cuidado de quienes custodian a un expresidente, la confianza pública se vuelve frágil. En Lima, el Instituto Nacional Penitenciario removió al director del penal de Barbadillo, donde cumple prisión Pedro Castillo, después de que un reportaje revelara que familiares de custodios habían sido contratados en oficinas vinculadas a Juntos por el Perú en el Congreso. La decisión se presenta como una medida preventiva, mientras la historia abre una pregunta más antigua que el caso: quién vigila a los vigilantes cuando la lealtad política y el empleo público se confunden.
La noche de este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario anunció que había removido a Calixto Lucero Rodríguez como director del penal de Barbadillo, donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo. El organismo habló de una acción inmediata para garantizar el control institucional, y la dirección quedará en manos de otra persona.
Lo que detonó la decisión fue un reportaje del dominical Cuarto Poder. Según la investigación, la hija del director había sido contratada como técnica en el Congreso, en el entorno de la bancada de Juntos por el Perú, con un sueldo de 8,300 soles. El caso no era aislado: otros familiares de agentes que resguardan a Castillo aparecían en despachos de congresistas y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Entre ellos figuraba también Héctor Sandoval Moreno, exdirector de Barbadillo, incorporado como asesor de esa comisión. Su llegada despertó dudas porque la instancia evalúa proyectos de amnistía, y porque Sandoval ya había sido citado en 2023 por presuntas facilidades otorgadas al exmandatario. Él descartó cualquier intervención de Castillo en su designación, mientras la diputada Azucena Isla sostuvo que la contratación de Lucero fue un requerimiento de su despacho.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, habló de un riesgo directo para la neutralidad y la seguridad del penal. Reconoció que el director era un funcionario de carrera sin obligación de declarar intereses, lo que explicaría por qué estos vínculos pasaron inadvertidos. Calificó la situación como una sensación de impunidad, y dijo que la salida definitiva de Lucero dependerá de un proceso disciplinario formal.
Para reemplazarlo, el Gobierno buscará a un militar en retiro con experiencia en seguridad e inteligencia, y estima que la designación se concretará esta semana. Queda por ver qué concluirá el proceso interno y quién asumirá la conducción de Barbadillo.
La noche de este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que había removido de su cargo a Calixto Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo. En un comunicado, el organismo presentó la decisión como una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario, y dijo que la dirección del establecimiento quedará encargada a otra persona.
La remoción responde al hallazgo de presuntas irregularidades que vulneran la neutralidad en la custodia de Castillo. El detonante fue un reportaje del dominical Cuarto Poder, según el cual la hija del director fue contratada como personal técnico en el Congreso, en el entorno de la bancada de Juntos por el Perú, con una remuneración de 8,300 soles.
La investigación periodística fue más allá de ese caso. Según el reportaje, las contrataciones alcanzaron también a familiares directos de otros agentes del INPE encargados de resguardar a Castillo, y se repartieron entre despachos de congresistas, la bancada y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.
Entre los casos identificados figura Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del director removido, contratada como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas con un sueldo mensual de 8,300 soles. También aparece Alejandro Nicolás Hurtado Paz, técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de 8,000 soles, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea. Y el reportaje señaló la incorporación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Catherine Palomino Casavilca.
La llegada de Sandoval generó cuestionamientos por dos razones: esa comisión evalúa proyectos de amnistía, y él ya había sido citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización por presuntas facilidades otorgadas al exmandatario. Consultada, la diputada Isla sostuvo que la contratación de Lucero respondió a un requerimiento de su despacho y negó que Castillo le hubiera sugerido su nombre. Lucero Chujutalli y Hurtado Paz declinaron comentar, y Sandoval descartó cualquier interferencia del expresidente en su designación.
La medida había sido adelantada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en el programa Las cosas como son de RPP. Álvarez dijo que el vínculo laboral de familiares de custodios con bancadas afines a Castillo es un riesgo directo para la neutralidad y la seguridad del penal. Explicó que el director saliente es un funcionario de carrera sin obligación legal de presentar declaración jurada de intereses, por lo que estos conflictos no se detectaron antes. Criticó además la falta de alertas de los organismos de inteligencia del Estado y afirmó que los mecanismos de control público fueron corrompidos o instrumentalizados políticamente. Sobre las contrataciones dijo: "Es una situación en la cual la gente cree en impunidad".
El ministro precisó que el apartamiento de Lucero es una rotación preventiva para asegurar el orden del penal, y que su salida definitiva del INPE dependerá de un proceso disciplinario interno formal. Para reemplazarlo se usará una de las plazas de libre designación del sector: "Tenemos todavía cupo, poquito", dijo, y añadió que el coronel Lezcano recibió la instrucción de ubicar a un militar en retiro, experto en seguridad e inteligencia. Estimó que la designación se concretará esta misma semana.
En su comunicado, el INPE reafirmó su compromiso con una gestión segura y transparente, y aseguró que seguirá adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los penales. Quedan por verse el resultado del proceso disciplinario y el nombre del nuevo director.
Bemerkenswerte Zitate
Es una situación en la cual la gente cree en impunidad.— Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos
La contratación de Yulissa Lucero obedeció a un requerimiento de su despacho y Castillo no sugirió su nombre.— Azucena Isla, diputada (paráfrasis)
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