INE multa a cinco partidos con 28.8 mdp por afiliaciones sin consentimiento; Morena, el más sancionado

El Consejo General del INE aprobó este martes multas por 28 millones 834 mil pesos contra cinco partidos políticos que afiliaron a personas sin su consentimiento a sus padrones de militantes. La sesión se había abierto el viernes por la noche y, tras casi cuatro días de receso, se reanudó para cerrar el asunto.

Morena recibió la sanción más alta: 15 millones 696 mil 138 pesos. Le siguieron el PRI, con 5 millones 588 mil pesos, y el Partido Verde, con 5 millones 254 mil pesos. El Partido del Trabajo fue multado con un millón 788 mil pesos y Movimiento Ciudadano, con 506 mil 573 pesos. El PAN fue el único partido que, dentro de este bloque de quejas, no presentó ninguna afiliación indebida.

El monto final es menor al que se había previsto. En un principio se estimaban multas por unos 32 millones de pesos, pero la cifra bajó a 28.8 millones después de que se recibieron varios desistimientos de las quejas. Esos desistimientos fueron la razón del receso: cuando se discutía el tema, los partidos pidieron una reunión para aclarar el asunto, y el Consejo General decretó una pausa que se prolongó casi cuatro días.

Antes de ese receso, el INE tenía acreditada la afiliación indebida en 287 casos. La nota no precisa cuántos de ellos se sostuvieron tras los desistimientos.

El consejero Arturo Castillo explicó otro elemento del debate: las consejerías que integran la Comisión de Quejas y Denuncias consideraron actualizada la hipótesis de una jurisprudencia de 2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Según ese criterio, en el procedimiento ordinario sancionador la caducidad para sancionar opera a los dos años, contados desde que la autoridad conoce la denuncia o los hechos que podrían constituir la infracción. La finalidad, dijo, es tutelar la certeza y la seguridad jurídica.

La jurisprudencia admite excepciones. Una es que la autoridad exponga y demuestre que las circunstancias particulares del caso exigían diligencias o requerimientos tan complejos que justificaran un retraso, siempre que la demora no derive de su propia inactividad. La otra es que exista un acto intraprocesal derivado de la presentación de un medio de impugnación.

La decisión deja un panorama dividido: sanciones firmes por 28.8 millones de pesos contra cinco partidos, y un criterio de caducidad de dos años que, según el planteamiento de la Comisión de Quejas, puede limitar otras sanciones. Habrá que ver cómo se aplica a los casos que siguen en trámite.