Indra bate récords en bolsa: la historia del campeón español de defensa

A mediados de agosto, las acciones de Indra cerraron a 64,78 euros, un máximo histórico para la multinacional española de defensa y tecnología. Fue un hito que llegó después de meses turbulentos: cambios en la presidencia y la dirección ejecutiva, la salida de su segundo accionista más importante, la empresa de defensa EM&E, que se deshizo de su participación del 14,3%. A pesar de estos movimientos en la cúpula, los mercados financieros parecen haber absorbido la noticia con calma. La compañía mantiene ahora una gobernanza más estable, y los inversores siguen apostando por ella.

La razón de esta confianza no radica tanto en los cambios internos como en el escenario geopolítico global. Los países miembros de la OTAN se han comprometido a aumentar sus presupuestos de defensa hasta alcanzar el 5% del PIB para 2035, lo que garantiza casi una década de inversión creciente en seguridad militar. España ya ha cumplido su parte, llegando al 2,1% del PIB en gasto de defensa. En este contexto, Indra ha sido designada oficialmente como el campeón nacional del sector, el grupo tractor que liderará toda la industria española de defensa y tecnología.

La historia de Indra es inseparable de la del Estado español. Nació en 1993 de una fusión entre Inisel, un holding público creado en 1985 que agrupaba empresas estatales de electrónica y defensa, y Ceselsa, una empresa privada de tecnología de punta que estaba al borde de la quiebra. El Estado aportaba presupuestos pero ineficiencia; el sector privado aportaba innovación pero carecía de liquidez. La fusión salvó ambos mundos. Cuando el Gobierno de José María Aznar privatizó Indra en 1999, vendiendo su participación del 66% por 367 millones de euros, parecía que la compañía se había desvinculado definitivamente del control estatal. Pero el destino tenía otros planes.

En 2012, la crisis financiera e inmobiliaria española llevó al colapso de Caja Madrid, que había llegado a controlar el 20% de Indra. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó el banco a través del FROB, Indra volvió a entrar en la órbita del Estado de forma indirecta. El Gobierno enfrentaba un dilema: Indra era la principal contratista de sistemas críticos del Ministerio de Defensa y gestionaba la infraestructura de navegación aérea del país. Permitir que un fondo de inversión hostil o un competidor extranjero tomara el control suponía un riesgo para la seguridad nacional. Así que la SEPI, el brazo estatal, compró directamente el paquete de Bankia por 337,8 millones de euros en 2013. Catorce años después de su privatización, el Estado regresaba a Indra, aunque no por doctrina económica sino por una carambola del colapso financiero.

Durante los primeros años de la década de 2000, cuando el gasto en defensa europeo era bajo, Indra se reorientó hacia el sector civil. En 2006 ejecutó la mayor compra de la historia tecnológica española, adquiriendo simultáneamente Azertia y Soluziona por un total de 394 millones de euros. Estas operaciones transformaron radicalmente la compañía: casi duplicaron su plantilla a más de 19.000 empleados y convirtieron a Indra en la empresa líder indiscutible en servicios de tecnología de la información en España, superando la cuota de mercado de gigantes estadounidenses como IBM o Accenture. En 2016, toda su actividad de TI se agrupó bajo la marca Minsait, creando una estructura dual: defensa, seguridad y transporte por un lado; consultoría digital e informática por el otro.

Pero el tablero geopolítico cambió radicalmente. En 2019, el Ministerio de Defensa designó a Indra como coordinador industrial español en el FCAS, el mayor programa conjunto de defensa de la historia de Europa, junto a Francia y Alemania. Luego llegó febrero de 2022: la invasión rusa de Ucrania aceleró las prioridades de defensa de la Unión Europea y la OTAN. El gasto militar dejó de ser un tabú político y se convirtió en una prioridad. El Gobierno español decidió blindar el control público de Indra, aumentando la participación de la SEPI del 18,7% al 27,99% de las acciones, invirtiendo 173,56 millones de euros. Un movimiento que no llegó al límite legal del 30% que habría obligado a lanzar una oferta pública de adquisición por el 100% de la empresa.

Hoy, Indra está en el corazón de los grandes programas militares españoles y europeos. Integra la aviónica y los sistemas de radar del Eurofighter. Lidera la rama española del FCAS, con 2.500 millones de euros asignados hasta 2026 para ingeniería e investigación. Participa en 26 de los 31 Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa español, siendo socio principal directo en 17 de ellos. Es socia mayoritaria del Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón, el macroprograma del Ejército de Tierra para renovar sus blindados, con una inversión de 106,7 millones de euros. Desarrolla e integra los sistemas de sensores de las fragatas F-110 de Navantia. Y recientemente, su filial Hispasat obtuvo un contrato de 1.600 millones de euros para el segmento terrestre de la constelación europea IRIS², el Starlink europeo para competir con SpaceX.

En la primera mitad de 2026, Indra reportó ingresos de 3.179 millones de euros, un crecimiento del 29,5%. Su ebitda creció un 72% hasta 456 millones de euros. Su cartera de pedidos se mantiene en máximos de más de 20.000 millones de euros. Los analistas que siguen a la compañía, alrededor de veinte firmas, recomiendan casi unánimemente comprar o mantener sus acciones. El precio objetivo medio se sitúa por encima de 68 euros, con máximos de 84 y mínimos de 55. El consenso es claro: el aumento de los presupuestos públicos europeos de defensa previstos hasta 2035 auguran un crecimiento del negocio militar de Indra asegurado. Los inversores que en otras épocas penalizaban la intervención gubernamental en las grandes empresas hoy aceptan el gasto público como garantía de crecimiento. Y siguen apostando por Indra, llevándola a tocar nuevos máximos históricos en pleno mes de agosto.