ICE propone subvencionar seguro para policías locales que arresten migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presentó hace poco un plan que expone de manera clara cómo funciona la colaboración entre agentes federales y policías locales en operativos de detención de migrantes. La propuesta es directa: ICE pagaría parte del costo de un seguro de responsabilidad civil para funcionarios estatales y locales que reciban capacitación y autorización para hacer cumplir leyes federales de inmigración. El seguro cubriría hasta 500,000 dólares en responsabilidad personal, cantidad que normalmente financia honorarios jurídicos, acuerdos extrajudiciales y sentencias. Los agentes recibirían un reembolso de hasta 250 dólares anuales, aproximadamente lo que se estima que costará la póliza.

El documento de planificación de ICE, publicado el viernes pasado, reveló que la agencia está considerando contratar a una empresa externa para que brinde apoyo en divulgación, capacitación y comunicaciones para sus programas de colaboración conocidos como 287(g), denominados así por una sección de la ley de inmigración de 1996. Esa empresa externa se encargaría de contratar al proveedor de seguros y procesar los reembolsos. El aumento pronunciado de arrestos migratorios en los últimos tiempos había puesto la atención en la posible cooperación entre entidades federales y locales, y activistas pidieron investigar hasta qué punto ICE estaba trabajando con agentes de policías locales.

Organizaciones en defensa de derechos de migrantes ven en esta propuesta una admisión implícita de que las detenciones vulneran derechos constitucionales. Juan Proaño, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), organización que forma parte de la defensa de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano muerto tras recibir disparos de agentes de ICE en un operativo bajo investigación en Houston, fue claro en su crítica. Si ICE necesita contratar un seguro legal para proteger a la policía local de demandas derivadas de detenciones migratorias, eso equivale a reconocer que dichas detenciones violan derechos de las personas. Proaño argumentó que esta administración no está capacitando a los agentes para que respeten la Constitución, sino que está pagando por adelantado para paliar los momentos en que no lo hacen. Eliminar el último incentivo para actuar con moderación, señaló, garantiza un aumento de detenciones injustificadas y arrestos indebidos, así como que más familias latinas —tanto ciudadanas como inmigrantes— sean tratadas como sospechosas en sus propios vecindarios.

Una pregunta central en este debate es si los policías locales están obligados a colaborar con ICE. Según el Centro de Justicia de Brennan, una organización de defensa legal adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, no existe ley federal que obligue a estados y localidades a cooperar con ICE. Son las leyes estatales las que suelen regir la magnitud de esa cooperación. Cuando las leyes federales no indican nada en concreto, los funcionarios locales y estatales tienen la libertad de gestionar sus propias operaciones policiales. Ello significa que pueden decidir si desean recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas, cuánta información desean compartir con ICE, y si van a cumplir con peticiones de ICE de mantener a personas detenidas hasta que agentes federales puedan trasladarlas a un centro de detención federal.

Varios estados han legislado para impedir la colaboración con ICE. Nueva York es un ejemplo reciente. La gobernadora demócrata Kathy Hochul promulgó la ley "Policías Locales, Delitos Locales" (Local Cops, Local Crimes Act), que prohíbe a agencias policiales y cárceles locales mantener o firmar acuerdos de colaboración bajo la sección 287(g) con ICE. La ley, que se prevé que entre en vigor el 25 de agosto, pretende prohibir a ICE el uso de personal, fondos, bases de datos o instalaciones carcelarias del estado para operativos de control migratorio civil. Aunque el texto especifica que la legislación no impide que ICE actúe dentro del estado en ejercicio de sus propias atribuciones federales, ni limita la colaboración policial ante delitos violentos graves, diversos condados han mostrado su oposición. Los condados de Cattaraugus, Steuben, Madison y Wayne han advertido que seguirán cooperando con ICE.

California también ha emprendido su propia batalla legislativa. El ayuntamiento de Los Ángeles adoptó ordenanzas estrictas que prohibían el uso de recursos municipales o la ayuda de la policía local en tareas de ICE. San Francisco prohíbe explícitamente a sus empleados y agencias del orden participar o asistir en investigaciones de carácter civil migratorio. El consejo supervisor de San Diego legisló para impedir el uso de recursos del condado en operativos federales de inmigración llevados a cabo por ICE. Proaño señala que el marco legal garantiza que los agentes de policías locales siempre se puedan negar a colaborar, y menciona el ejemplo de Miami-Dade, que firmó un acuerdo 287(g) y luego lo canceló debido a fuertes protestas públicas. La propuesta de ICE de subsidiar seguros se encuentra en fase de revisión, pero ya revela de manera clara que se están dando cooperaciones en los operativos para arrestar migrantes con las policías locales.