ICE obtiene autorización para alimentar quirúrgicamente a cubano en huelga de hambre

Un hombre cubano detenido en Texas por autoridades migratorias estadounidenses se convirtió esta semana en el decimonoveno caso documentado en el que el gobierno obtiene autorización judicial para intervenir médicamente en el cuerpo de una persona en huelga de hambre. Lo que distingue su caso no es solo que ICE logró permiso para alimentarlo por la fuerza, sino la naturaleza invasiva de la intervención que un juez federal autorizó: una cirugía que requiere abrir el abdomen para insertar un tubo directamente en el estómago, sin su consentimiento.

El hombre fue detenido por ICE el 22 de julio en el centro de procesamiento de Montgomery, una instalación privada operada por GEO Group ubicada cerca de Houston. Tres días después comenzó su huelga de hambre. En agosto, un funcionario de ICE y un médico del centro solicitaron autorización para alimentarlo contra su voluntad. El juez federal Andrew Hanen aprobó la solicitud el 19 de agosto. Esta semana, el magistrado extendió la orden hasta mediados de septiembre, ampliando explícitamente la posibilidad de recurrir a la gastrostomía endoscópica percutánea si fuera necesario. A diferencia de la alimentación nasogástrica, en la que un tubo se introduce por la nariz, esta cirugía deja un tubo permanente en el estómago hasta que sea removido mediante otro procedimiento. The Guardian, que accedió a los documentos judiciales, señaló que no había identificado anteriormente este tipo de intervención quirúrgica entre los casos de alimentación forzada autorizados para huelguistas bajo custodia de ICE.

Lo que agrava la situación es que el hombre no tiene representación legal en el procedimiento mediante el cual el gobierno consiguió autorización para intervenir su cuerpo. Eunice Cho, abogada especializada en inmigración y derechos civiles, calificó esta ausencia como especialmente grave porque la persona enfrenta un procedimiento invasivo sin poder defenderse legalmente. Savannah Kumar, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Texas, cuestionó la utilización de intervenciones tan invasivas como respuesta a las protestas de los detenidos, argumentando que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar ICE para contener las huelgas de hambre.

El aumento de estos casos durante la segunda administración de Trump ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde enero de 2025, ICE ha obtenido autorización judicial para realizar diecinueve procedimientos médicos involuntarios en huelguistas de hambre. Cho sugiere que el número podría reflejar tanto un aumento real de las huelgas de hambre como una incapacidad de las autoridades para resolver conflictos dentro de los centros de detención sin recurrir a intervenciones médicas forzadas. Gran parte de los expedientes relacionados con estos casos permanecen bajo sello judicial, lo que significa que los detalles sobre las condiciones de los detenidos y las razones detrás de las solicitudes de ICE no son accesibles al público.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó el jueves que el detenido ya había retomado la alimentación y la hidratación y que en ese momento ya no estaba siendo alimentado por la fuerza. Sin embargo, el departamento no explicó si el hombre había abandonado su huelga esta semana ni cuántas ocasiones había sido sometido previamente a alimentación forzada. Tampoco respondió preguntas sobre por qué fue seleccionado para este tipo de intervención. El gobierno señaló que el hombre ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1980 y recibió una orden de deportación en 2004, además de tener antecedentes por delitos que incluyen agresión agravada con arma, lesiones personales agravadas, posesión de drogas y portación de un arma de fuego oculta.

La identidad del detenido no fue revelada por The Guardian porque no ha sido posible contactarlo. Su caso permanece bajo sello judicial. Lo que permanece visible es la tensión fundamental que subyace: mientras el gobierno sostiene que los centros de detención proporcionan alimentos, higiene, comunicación telefónica y otras necesidades básicas, los defensores de derechos civiles cuestionan cómo una persona detenida puede terminar sometida a una intervención médica invasiva sin haber dado su consentimiento y, en este caso, sin contar siquiera con un abogado que la represente. La administración Trump había negado anteriormente la existencia de alimentación forzada de huelguistas bajo custodia de ICE, hasta que la investigación de The Guardian documentó judicialmente la práctica.