ICE detiene al reguetonero cubano 'El Chulo' en Miami; teme deportación a Cuba

El reguetonero cubano Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como El Chulo, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el jueves 22 de enero en su domicilio de Miami. Lo trasladaron al centro de detención BTC en Broward, Florida, donde permanece bajo custodia federal. Según su mánager Jadar, el artista enfrentaba una orden de deportación preexistente y ahora teme ser expulsado a Cuba, país que abandonó años atrás para construir su carrera musical en Estados Unidos.

La detención llegó en un momento particularmente vulnerable para Díaz Rodríguez. Hace poco tiempo se convirtió en padre y logró traer a su madre desde Cuba para reunirse con él. Sus allegados reportan que se encuentra en estado de shock ante la situación. Su equipo legal se reunió el viernes con abogados para evaluar opciones de defensa y explorar los pasos siguientes en su caso.

La aprehensión de El Chulo ocurre dentro de un contexto mucho más amplio de intensificación de operaciones migratorias. Un informe de la Universidad de California Los Ángeles reveló que las detenciones de inmigrantes latinos sin antecedentes penales se han sextuplicado desde el inicio de la segunda administración Trump. En el período de febrero a septiembre de 2025, se registró un promedio mensual de 6,000 detenciones de este tipo, comparado con aproximadamente 900 mensuales durante el mismo lapso en 2024 bajo la administración Biden. Esta cifra representa un cambio dramático en el perfil de quiénes están siendo detenidos: más de uno de cada tres inmigrantes latinos en custodia ahora carece de antecedentes criminales, frente a menos de uno de cada ocho hace un año.

Los números varían significativamente por nacionalidad. Los mexicanos representan más de una cuarta parte de los detenidos sin récord delictivo, con arrestos que pasaron de 1,500 a 13,300. Los venezolanos experimentaron el aumento más dramático, multiplicándose por catorce a 5,600 personas. Guatemaltecos sumaron 8,600 detenciones, casi ocho veces más que el año anterior. Honduras registró 6,000 arrestos, un incremento de casi diez veces. Ecuador llegó a 2,800, más del doble del período anterior. Estas cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin historial criminal.

La administración Trump ha deportado a casi nueve de cada diez de estos inmigrantes sin antecedentes penales, liberando solo a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades. Los investigadores Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz señalaron que este grupo no representa lo que las autoridades describen como "lo peor de lo peor", sino personas que se adhieren a la ley y contribuyen a la sociedad. La mayoría tiene entre 18 y 54 años, es decir, en edad productiva. Casi siete de cada diez permanecieron detenidos durante quince días o más, y el sesenta por ciento fue transferido fuera del estado donde vivían.

Para lograr estos números, ICE ha modificado sus procedimientos de arresto. Desde el verano pasado, agentes han estado allanando hogares de personas sujetas a deportación sin órdenes judicales, según informaron funcionarios del gobierno a NBC News. Un memorando interno del 12 de mayo de 2025, revelado por denunciantes a principios de esta semana, indicaba que los agentes podían basarse en órdenes administrativas para ingresar a domicilios si existía una orden de expulsión. Estas órdenes administrativas, firmadas por funcionarios locales del ICE, representan un estándar legal más bajo que las órdenes judiciales tradicionales requeridas para entradas en hogares. Charlie Wall, subdirector interino de ICE, recibió el encargo de implementar esta política. Viajó a Los Ángeles en junio para informar a los oficiales sobre el nuevo procedimiento, tras lo cual los arrestos se intensificaron a partir del 6 de junio.

La meta declarada de la administración Trump es mantener un promedio diario de 100,000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord anterior de 50,200 personas bajo gobiernos anteriores. Los investigadores de UCLA concluyeron que los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual administración, prediciendo que las detenciones, aprehensiones y deportaciones probablemente aumentarán, con gran parte del crecimiento proveniente de personas sin antecedentes criminales. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que la política de allanamientos sin órdenes judicales se aplica activamente, aunque no especificó dónde ni cuántas viviendas han sido allanadas.