ICE detiene a músico cubano ganador del Latin Grammy en Miami pese a trámite de asilo

Degnis Bofill llegó al Aeropuerto Internacional de Miami como lo había hecho antes: con documentos en orden, con un trámite de asilo en curso, con una carrera que lo había llevado a ganar un Latin Grammy en 2022 por su álbum Ancestros Sinfónico. El percusionista cubano de 39 años había entrado legalmente a Estados Unidos en abril de 2023. Nada de eso importó cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo en la terminal.

ICE argumentó que Bofill había violado las condiciones de su admisión inicial. La solicitud de asilo pendiente no frenó el procedimiento. Lo trasladaron al centro de detención Krome, en el condado de Miami-Dade, donde permanece retenido. Su esposa, Mara Delgado, lanzó una campaña de recaudación de fondos para pagar la defensa legal y los gastos de una eventual liberación. Para el 25 de agosto había reunido más de 50,000 dólares.

El caso de Bofill no fue aislado. Cuatro días antes, el 15 de agosto, el pianista cubano Andy García Palacios fue detenido por ICE en Los Ángeles y trasladado al Centro de Procesamiento Adelanto en California. Dos músicos cubanos, dos ciudades en extremos opuestos del país, dos detenciones con apenas días de diferencia. La comunidad artística cubana radicada en Estados Unidos se movilizó. Surgieron acciones colectivas de respaldo.

Lo que estaba sucediendo reflejaba un cambio más amplio en las operaciones de ICE. En julio, la agencia registró aproximadamente 49,600 arrestos, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump. Más de la mitad de los detenidos ese mes no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. El análisis de datos examinado por El País mostró que el aumento de detenciones no se limitaba a personas con historial criminal.

Los números sobre deportaciones de cubanos hacia México pintaban un cuadro más amplio aún. Human Rights Watch documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 se registraron miles de deportaciones. De los 4,353 cubanos deportados a México que la organización analizó, el 27% no registraba antecedentes penales en territorio estadounidense. Muchos de ellos habían vivido en el país durante años, incluso décadas. El grupo incluía tanto a personas con historiales migratorios complejos como a quienes habían tenido residencia permanente en el pasado.

Los casos de Bofill y García Palacios ilustraban cómo la intensificación de las medidas de control estaba alcanzando a personas sin antecedentes legales y con solicitudes de asilo en trámite. La pregunta que resonaba entre los migrantes era cada vez más urgente: ¿qué garantía ofrecía haber entrado de manera regular, haber seguido los procedimientos, haber esperado pacientemente mientras se procesaba la solicitud de asilo? Los dos músicos cubanos detenidos en agosto sugerían una respuesta incómoda.