No podemos permitir la delincuencia detrás de estas manifestaciones
En el umbral de la tercera semana del paro nacional colombiano, el fiscal Francisco Barbosa compareció ante el Congreso para ofrecer no certezas, sino la honesta cartografía de lo que aún se desconoce: 34 muertes registradas, 14 confirmadas como producto directo de las protestas, 227 desaparecidos y una ciudad —Cali— donde los servicios básicos cedían bajo el peso acumulado de bloqueos y enfrentamientos. Su intervención reveló que en los momentos de fractura social, la justicia no llega como relámpago sino como proceso lento y disputado, donde las jurisdicciones mismas se convierten en campo de batalla.
- La Fiscalía admite que de 34 muertes registradas solo puede confirmar 14 como directamente vinculadas al paro, dejando diez casos en una zona gris de verificación que alimenta la desconfianza pública.
- El conflicto de jurisdicción sobre los abusos policiales escala cuando Barbosa rechaza ceder esos casos a la Justicia Penal Militar, reclamando para la Fiscalía ordinaria los crímenes con violación de derechos humanos.
- Cali vive una crisis humanitaria concreta: filas de cientos de vehículos sin gasolina, basura ardiendo en las calles y el sistema de transporte masivo MÍO gravemente dañado tras dos semanas de bloqueos.
- Con 227 desaparecidos reportados y 168 casos activados bajo el Mecanismo de Búsqueda Urgente, la dimensión humana del paro supera con creces las cifras de muertes confirmadas.
- La maquinaria judicial avanza —625 capturas, 152 imputaciones, 547 investigaciones por abuso policial— pero las investigaciones centrales sobre homicidios permanecen abiertas mientras la crisis continúa.
El 12 de mayo de 2021, el fiscal general Francisco Barbosa se presentó ante la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre dos semanas de paro nacional. Lo que ofreció no fue un informe definitivo sino un mapa provisional de una realidad aún en movimiento: cifras en disputa, jurisdicciones en conflicto y una ciudad al borde del colapso.
De las 34 muertes registradas entre el 28 de abril y el 11 de mayo, Barbosa precisó que solo 14 podían vincularse directamente con las protestas. Diez casos permanecían en verificación y diez más no tenían relación aparente con el paro. De los homicidios confirmados, cuatro ya habían sido esclarecidos: los cometieron policías durante las jornadas. Un quinto caso resuelto era el asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, director de la Sijín de Soacha, apuñalado el 30 de abril.
La respuesta judicial había sido extensa: 625 capturas, 152 imputaciones y 43 medidas de aseguramiento. Los delitos más frecuentes incluían hurto agravado, daño a bienes ajenos y violencia contra servidores públicos. Al mismo tiempo, 612 policías resultaron lesionados, generando 547 investigaciones por abuso de autoridad. Sobre estas últimas, Barbosa tomó una posición firme: rechazó que los casos de abuso policial fueran transferidos a la Justicia Penal Militar, argumentando que cuando hay violación de derechos humanos, la competencia pertenece a la jurisdicción ordinaria.
La cifra de desaparecidos —227 personas reportadas— añadía una dimensión más sombría al balance. De ellas, 168 fueron priorizadas mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente.
Cali concentraba la peor parte. Barbosa describió una ciudad con filas de 200 a 300 vehículos esperando gasolina, basura quemándose en las calles y el sistema de transporte MÍO con daños severos. 'Tenemos una situación de zozobra', dijo, y no era retórica: era el retrato de una ciudad donde los servicios básicos se desmoronaban. El fiscal defendió el derecho a la protesta, pero fue categórico frente a la violencia que operaba bajo su amparo. Las investigaciones continuaban. Cali seguía bloqueada.
El fiscal general Francisco Barbosa compareció ante la Cámara de Representantes el 12 de mayo de 2021 para presentar un balance provisional de las investigaciones en curso sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional que había comenzado dos semanas atrás. Lo que emergió de su intervención fue un panorama fragmentado: cifras en disputa, jurisdicciones en conflicto, y una ciudad —Cali— al borde del colapso.
Entre el 28 de abril y el 11 de mayo, la Fiscalía había registrado 34 muertes. Pero ese número requería desagregación. Barbosa fue cuidadoso: de esas 34 muertes, su entidad podía afirmar con certeza que 14 guardaban relación directa con las protestas. Diez casos más estaban aún en verificación —uno en Bogotá, cinco en Cali, dos en Risaralda y dos en Valle del Cauca—. Los diez restantes no tenían conexión aparente con el paro. De los 14 homicidios vinculados a las manifestaciones, cuatro ya habían sido esclarecidos: fueron cometidos por policías durante las jornadas de protesta. Un quinto caso, también resuelto, involucraba el asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, director de la Sijín de Soacha, quien fue apuñalado el 30 de abril.
La maquinaria de la justicia penal se había puesto en marcha. La Fiscalía reportaba 625 capturas, 152 imputaciones y 43 medidas de aseguramiento dictadas por jueces de control de garantías. Los delitos más frecuentes eran hurto agravado, daño a bienes ajenos, obstrucción de vías públicas y violencia contra servidores públicos. Paralelamente, 612 policías habían resultado lesionados, alimentando 547 investigaciones abiertas por abuso de autoridad, de las cuales 180 eran denuncias formales.
Un conflicto de jurisdicción había surgido. Inicialmente, los casos de abuso policial iban a ser asumidos por la Justicia Penal Militar. Barbosa rechazó esa transferencia. Argumentó que cuando existía violación clara de derechos humanos, la competencia correspondía a la Fiscalía General, no a la jurisdicción militar. "No voy a permitir que ningún caso, en donde existan esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia, vayan a la jurisdicción penal militar sino que estén en la jurisdicción ordinaria", sentenció.
La cifra de desapariciones era inquietante. En colaboración con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía había ubicado 227 personas reportadas como desaparecidas. De esas, 168 casos fueron priorizados mediante la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente.
Cali, epicentro de la violencia, merecía atención especial. Barbosa describió la ciudad en términos que evocaban una sociedad en crisis. Rechazó explícitamente los actos vandálicos, pero su lenguaje reveló la magnitud del desorden: filas de 200 a 300 vehículos esperando gasolina, recolección de basura suspendida con basura quemándose en las calles entre el norte y el centro, y daños significativos en el sistema de transporte masivo MÍO. "Tenemos una situación de zozobra", dijo. No era una metáfora. Era una descripción de una ciudad donde los servicios básicos se desmoronaban bajo el peso de dos semanas de bloqueos y enfrentamientos.
Barbosa fue claro en su posición: la protesta es legítima, pero la delincuencia que operaba bajo su cobertura no lo es. "Lo que no podemos permitir, y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones, ni dobleces, es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones". Mientras presentaba estas cifras, las investigaciones continuaban. Los casos de homicidio seguían en verificación. Las desapariciones permanecían sin resolver. Y Cali seguía bloqueada.
Notable Quotes
La protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones— Fiscal General Francisco Barbosa
No voy a permitir que ningún caso de violación de derechos humanos vaya a la jurisdicción penal militar sino que estén en la jurisdicción ordinaria— Fiscal General Francisco Barbosa
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el fiscal insistió tanto en separar los 14 homicidios relacionados con protestas de los otros 20?
Porque el número total de 34 muertes se estaba usando como arma política. Cada lado lo interpretaba a su manera. Barbosa necesitaba establecer qué era causalmente vinculado al paro y qué no. Eso es lo que permite investigar responsabilidades reales.
Pero 14 muertes vinculadas a protestas sigue siendo una cifra grave. ¿Cuatro esclarecidos significa que los otros diez quedarán sin resolver?
No necesariamente. Los diez en verificación están siendo investigados activamente. Lo que Barbosa estaba diciendo es que aún no hay certeza sobre su relación con el paro. Algunos podrían estar vinculados, otros no. Es la diferencia entre un número y una conclusión.
¿Y el conflicto de jurisdicción con la justicia militar? ¿Eso es inusual?
Es significativo. Normalmente, cuando policías cometen delitos, hay presión para que los juzgue la justicia militar, que tiende a ser más indulgente. Barbosa está diciendo que si hay violación de derechos humanos, eso no es un asunto militar, es un asunto de justicia ordinaria. Es una toma de posición.
¿Qué significa realmente que haya 227 desaparecidos pero solo 168 casos priorizados?
Significa que de los 227 reportados como desaparecidos, 59 casos no fueron considerados de búsqueda urgente. Podrían haber aparecido, podrían estar en custodia sin registro, o podrían no cumplir los criterios de urgencia. Es una distinción que importa cuando hay recursos limitados.
Barbosa habla de Cali como si fuera una ciudad en colapso. ¿Exagera?
No. Dos semanas sin recolección de basura, sin transporte masivo, con filas de cientos de carros para gasolina. Eso es colapso. No es retórica. Es lo que sucede cuando una ciudad se bloquea completamente.
¿Entonces Barbosa está en contra del paro?
Está en contra de la delincuencia que operaba bajo su cobertura. Eso es diferente. Distingue entre protesta legítima y vandalismo. Pero su descripción de Cali sugiere que incluso la protesta legítima, cuando es total y prolongada, genera daño real.