Hermosilla revela pagos en efectivo de Piñera e implica a Zaliasnik y Donoso en nombramientos judiciales

El abogado Luis Hermosilla se presentó el 27 de agosto en las oficinas de la Fiscalía Regional de Valparaíso acompañado por su equipo de defensa para responder preguntas sobre corrupción judicial. Ante la fiscal Claudia Perivancich y su equipo investigador, que incluía a la PDI, Hermosilla comenzó a desplegar los detalles de sus relaciones financieras y profesionales con el expresidente Sebastián Piñera, revelando un sistema de pagos en efectivo que había permanecido sin documentar durante años.

Hermosilla explicó primero su rol como asesor externo del Ministerio del Interior bajo el exministro Andrés Chadwick. Por ese trabajo emitía boletas de honorarios que se pagaban mediante transferencia bancaria a su cuenta corriente o a la de su oficina, con un monto mensual de un millón de pesos. Pero sus ingresos provenientes del gobierno iban más allá. Según su testimonio, Piñera había ordenado una coordinación especial entre Hermosilla y otros abogados que defendían a las más altas autoridades políticas del país en causas relacionadas con el estallido social del 18 de octubre y con procesos abiertos durante la pandemia de Covid. El presidente, explicó Hermosilla, quería estar informado en detalle sobre el desarrollo de esos litigios y las estrategias que implementaban los abogados.

Este trabajo diferente se compensaba de manera distinta. Hermosilla y Samuel Donoso recibían 100 UF mensuales cada uno, pero no mediante transferencia bancaria. El dinero llegaba en efectivo, entregado indistintamente a uno u otro, quien luego le hacía llegar la parte al compañero. Los pagos se acumulaban y se distribuían trimestralmente, entregados por Benjamín Salas mientras estuvo en el gobierno y posteriormente por Andrés Sotomayor. El período cubierto por estos pagos se extendió desde finales de 2020 hasta al menos mediados de 2022, continuando incluso después de que Piñera dejara La Moneda en marzo de 2022. Cuando los pagos prosiguieron fuera del gobierno, se hacían en la oficina privada de Sotomayor. Cuando se le preguntó sobre el origen de esos fondos, Hermosilla respondió que desconocía completamente de dónde provenían.

Esta revelación contradice directamente lo que los mismos abogados habían declarado años atrás. En 2019 y 2020, medios de prensa reportaron que estas labores eran prestadas ad honorem, sin compensación económica. Ahora, ante la Fiscalía, Hermosilla admitía recibir dinero en efectivo durante más de un año y medio.

La declaración luego se enfocó en el rol de Hermosilla en los nombramientos judiciales. Reconoció haber contactado por teléfono, en pasillos o en audiencias a ministros de corte cuando conocía causas que le interesaban. Describió estas interacciones como cordiales, y señaló que a veces eran los propios ministros quienes le solicitaban favores, como la suspensión de ciertas causas. Cuando la Fiscalía le preguntó específicamente sobre asuntos vinculados a Sartor, Hermosilla amplió su respuesta para apuntar contra sus colegas. Dijo que Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que él a ministros de la Corte de Apelaciones e incluso de la Corte Suprema. Con Zaliasnik y Donoso, explicó, conversaban sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales.

Hermosilla fue explícito sobre sus intereses: solo le importaban las ternas para Santiago. El resto de las cortes del país no le preocupaban. Según su relato, los requerimientos de opinión sobre candidatos venían en gran parte desde el gobierno, no al revés. Él y Donoso eran receptores de ternas enviadas por Sotomayor, personas consultadas sobre esos nombramientos. Las conversaciones sobre designaciones judiciales las sostenía con Donoso, Zaliasnik, Héctor Mery, y en algunos casos también con Benjamín Salas, Sotomayor y Pablo Urquízar. Las cortes que más les interesaban eran las de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Hermosilla enfatizó que Zaliasnik era muy cercano a Mery, y que Zaliasnik y Donoso eran incluso más cercanos entre sí que con él.

Cuando se le preguntó por qué un abogado litigante estaría interesado en influir en los nombramientos judiciales, Hermosilla respondió que había un interés político en elegir jueces republicanos, pero que los abogados litigantes en general podrían tener interés en colocar a personas cercanas a las que pudieran acceder para determinadas causas. Para ilustrar su participación, describió el nombramiento de María Teresa Letelier a la Corte Suprema. Nunca tuvo una conversación personal con ella antes de que fuera nombrada, aunque otros candidatos como Antonio Ulloa y Roberto Contreras sí visitaron su oficina. Letelier era una ministra destacada de la Corte de Apelaciones de San Miguel, severa y políticamente cercana a la derecha. A Hermosilla le pareció un buen nombre para la Suprema, especialmente porque su nombramiento tendría corta duración por límite de edad. Habló con Héctor Mery sobre sus méritos, y también con Andrés Chadwick, quien probablemente luego habló con Hernán Larraín basándose en la opinión de Hermosilla. Más tarde, Hermosilla fue a visitarla a su departamento, una reunión gestionada a través de Mario Carroza. Letelier lo recibió sola, expresó su interés real en asumir como ministra, aunque de manera reservada, y el encuentro fue casi protocolar.

Hermosilla también reconoció gestiones para el nombramiento de Verónica Sabaj como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, utilizando a Chadwick como intermediario para que hablara con Larraín, con quien Chadwick tenía mucha cercanía e influencia. Hacia el final de su testimonio, Hermosilla relató un episodio adicional que ilustraba el rol de Donoso en nombramientos judiciales, basándose en chats que la Fiscalía exhibió durante la declaración.