En el cruce entre el poder político y la administración de justicia, el abogado Luis Hermosilla ha reconocido ante la Fiscalía de Valparaíso haber recibido pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sin boletas ni origen declarado. Su testimonio traza una red de intermediarios, asesores presidenciales y abogados que habrían influido en designaciones judiciales, poniendo en tensión los límites entre la asesoría legítima y el tráfico de influencias. La declaración no es una condena, pero sí una ventana abierta hacia preguntas que las instituciones democráticas no pueden d
Hermosilla reconoce pagos en efectivo desde La Moneda e implica a Chadwick
Pagos en efectivo sin origen, sin boletas, durante años.
¿Por qué es importante que Hermosilla haya reconocido estos pagos ahora?
Porque durante años estos pagos fueron secretos. Que un abogado influyente admita recibir dinero en efectivo de La Moneda sin boletas, sin origen claro, abre preguntas sobre qué esperaban a cambio.
Pero espera. Hermosilla dice que no sabe de dónde venía el dinero. ¿Eso no es un poco conveniente? ¿Cómo recibes 100 UF cada tres meses durante años sin preguntar?
Es verdad que suena extraño. Pero lo importante es que lo admitió. Y mencionó a Chadwick, que era ministro del Interior. Eso es una implicación seria.
¿Y qué hay con Zaliasnik? ¿Está acusado de algo concreto?
Está imputado en otra investigación sobre nombramientos judicales. Parece que él y Hermosilla impulsaron designaciones de jueces y luego pidieron favores.
Pero en el caso de Gamboa, Hermosilla dice que no recuerda si habló con la jueza. Eso no es una confesión de nada. Es una respuesta que lo protege.
¿Entonces qué sabemos realmente?
Sabemos que hubo pagos, que Hermosilla los admitió, que había un sistema de nombramientos judiciales en el que participaban estos abogados. Lo que no sabemos es si eso constituye delito.
Exacto. La investigación está en curso. Nada de esto es conclusión judicial todavía.
O Pulso
- Hermosilla admitió recibir cerca de 100 UF mensuales en efectivo, pagos que no generaban boletas y cuyo origen él mismo dice desconocer, lo que agrava la opacidad del esquema.
- Asesores presidenciales cercanos a Piñera habrían actuado como intermediarios del dinero, extendiendo la sombra de la investigación hacia el corazón del ejecutivo de ese período.
- El embajador Gabriel Zaliasnik emerge como figura clave: con mayor acceso que Hermosilla a ministros de cortes, habría solicitado gestiones judiciales en causas donde representaba a partes directamente involucradas.
- La investigación apunta a que al menos diez designaciones judiciales fueron impulsadas por este grupo, y que algunos jueces nombrados habrían recibido solicitudes de favores posteriores.
- Zaliasnik ya figura como imputado en una causa paralela, y Donoso enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado, señalando que la investigación se expande en múltiples frentes.
En el cruce entre el poder político y la administración de justicia, el abogado Luis Hermosilla ha reconocido ante la Fiscalía de Valparaíso haber recibido pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sin boletas ni origen declarado. Su testimonio traza una red de intermediarios, asesores presidenciales y abogados que habrían influido en designaciones judiciales, poniendo en tensión los límites entre la asesoría legítima y el tráfico de influencias. La declaración no es una condena, pero sí una ventana abierta hacia preguntas que las instituciones democráticas no pueden dejar sin respuesta.
El 27 de agosto, el abogado Luis Hermosilla compareció ante la Fiscalía de Valparaíso y reconoció haber recibido pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Junto a Samuel Donoso, percibía aproximadamente 100 UF mensuales cada uno por gestiones en causas judiciales, dinero que se acumulaba y se entregaba cada tres meses, sin boletas y al margen de su remuneración formal como asesor del Ministerio del Interior. Hermosilla afirmó desconocer el origen de esos fondos.
Ante las fiscales, el abogado identificó a Benjamín Salas y Andrés Sotomayor, asesores cercanos al entonces presidente, como quienes le hacían llegar el dinero. Atribuyó la decisión de los pagos al expresidente Piñera, aunque aclaró no haber hablado directamente con él. Señaló que fue Chadwick o Salas quien le informó del arreglo, sin recordar cuál de los dos. Los mensajes revisados durante la declaración situaron las entregas entre fines de 2020 y al menos mediados de 2022, período que se extiende más allá del término del mandato.
La declaración también involucró al actual embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien integró el grupo de abogados que defendió a autoridades del gobierno Piñera durante el estallido social y la pandemia. Hermosilla describió a Zaliasnik como alguien con mayor acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema. Las fiscales le consultaron sobre un mensaje de noviembre de 2022 en que Zaliasnik le pidió ayuda antes de que una sala revisara la prisión preventiva de un exejecutivo en una causa donde Zaliasnik representaba a la contraparte. Hermosilla dijo conocer a la jueza involucrada, pero no recordar si habló con ella.
Según la investigación, Hermosilla, Donoso, Zaliasnik y Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Gobierno, conversaban recurrentemente sobre candidatos a tribunales, con especial interés en las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Se estima que impulsaron cerca de diez designaciones judiciales y que posteriormente solicitaron favores a algunos de los magistrados nombrados.
Zaliasnik figura como imputado en una investigación paralela de la Fiscalía de Valparaíso, y Donoso enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado vinculada al nombramiento de un exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los antecedentes son materia de investigación en curso y no constituyen una conclusión judicial sobre responsabilidad penal.
El abogado Luis Hermosilla compareció ante la Fiscalía de Valparaíso el 27 de agosto y reconoció haber recibido pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Según su declaración, él y Samuel Donoso percibían aproximadamente 100 UF mensuales cada uno por su trabajo en causas judiciales, dinero que se acumulaba y se entregaba cada tres meses. Hermosilla señaló que desconocía el origen de esos fondos, que eran distintos de su remuneración como asesor jurídico del Ministerio del Interior y que no generaban boletas de pago.
En su relato ante las fiscales, Hermosilla identificó a Benjamín Salas y Andrés Sotomayor, asesores cercanos al entonces presidente, como los intermediarios que le hacían llegar el dinero. Atribuyó la decisión de pagarles al expresidente Piñera, aunque aclaró que nunca conversó directamente con él sobre el asunto. Señaló que fue Chadwick o Salas quien le informó de los pagos, pero no recordaba cuál de los dos. Al revisar mensajes exhibidos por las fiscales, ubicó las entregas entre finales de 2020 y al menos mediados de 2022, período que se extiende más allá del término del mandato presidencial.
La declaración también abordó el papel de Gabriel Zaliasnik, actual embajador en Israel, quien integró el grupo de abogados que defendió a autoridades del gobierno Piñera en causas vinculadas al estallido social y la pandemia de Covid-19. Hermosilla sostuvo que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema. Las fiscales consultaron sobre un mensaje de noviembre de 2022 en el que Zaliasnik le pidió ayuda antes de que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisara la prisión preventiva de Octavio Gamboa, exejecutivo de Swell Capital, en una causa donde Zaliasnik representaba a la contraparte. Hermosilla explicó que conocía a la jueza Isabel Margarita Zúñiga porque había trabajado en su oficina, pero dijo no recordar si efectivamente habló con ella sobre el asunto.
Las fiscales también indagaron sobre la remuneración de Zaliasnik en la defensa del entonces general director de Carabineros Mario Rozas. Hermosilla respondió que no tenía conocimiento de una triangulación de honorarios a través de la Empresa Nacional del Petróleo y que recordaba una negociación directa entre Rozas y Zaliasnik. Afirmó desconocer quién pagó finalmente esa defensa.
Según la investigación, Hermosilla, Donoso, Zaliasnik y Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Gobierno, conversaban recurrentemente sobre candidatos a tribunales. El abogado señaló que les interesaban especialmente las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso, y describió una relación cercana entre Zaliasnik, Donoso y Mery. Reportea informó que ambos abogados impulsaron cerca de diez designaciones judiciales y posteriormente solicitaron favores a algunos de los jueces nombrados.
Zaliasnik figura como imputado en otra investigación de la Fiscalía de Valparaíso abierta tras la publicación de antecedentes sobre gestiones en nombramientos judiciales. La declaración de Hermosilla forma parte de las indagatorias en curso y Donoso también figura en una querella del Consejo de Defensa del Estado relacionada con el nombramiento del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. Los antecedentes que han salido a la luz son materia de investigación y no constituyen una conclusión judicial sobre responsabilidad penal hasta que la justicia dicte sentencia.
Citações Notáveis
Hermosilla atribuyó la decisión de pagarles al expresidente Piñera, aunque precisó que nunca conversó directamente con él sobre el asunto.— Declaración de Hermosilla ante la Fiscalía de Valparaíso