Gutiérrez pide investigar contrato de abogada imputada por corrupción en Fondo de Adaptación

El lunes por la tarde, mientras un juez aplazaba una audiencia sobre presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el alcalde Federico Gutiérrez publicó un mensaje en redes sociales que desplazó la atención hacia uno de los cuatro imputados en el caso: Vanesa Álvarez, una abogada que ahora enfrenta investigación por su presunta participación en un esquema de defraudación que habría afectado recursos públicos de la ciudad entre 2020 y 2023.

La denuncia de Gutiérrez se enfocó en un aspecto que parecía particularmente problemático: después de presuntamente participar en la estructura que desfalcó fondos de Medellín, Álvarez habría recibido un contrato del Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda. Ese fondo, creado por el gobierno nacional para atender la destrucción causada por la emergencia invernal de 2010 y 2011, contaba en 2025 con un presupuesto superior a 668 mil millones de pesos. Según los registros en la plataforma de contratación pública Paco, Álvarez figuraba en una contratación por 355 millones de pesos que se extendía de diciembre del año anterior hasta diciembre de 2026. El contrato específico a su nombre ascendía a 58 millones 410 mil pesos, cubriendo el período del 2 de octubre de 2025 al 2 de febrero de 2026, lo que significaba ingresos mensuales superiores a 14 millones 500 mil pesos por prestar servicios como abogada en las etapas precontractual, contractual y postcontractual del fondo.

La trayectoria profesional de Álvarez, según los registros públicos, mostraba una carrera ascendente en círculos de poder. Además de su rol en el Fondo de Adaptación, figuraban contratos como asesora jurídica en el Área Metropolitana —precisamente la entidad donde ahora es investigada—, trabajos en el equipo de apoyo del concejal Lucas Cañas entre enero y julio de 2022, y contratos con el Hospital La María. Quienes la conocieron en estas instituciones reconocían su dedicación al estudio y su capacidad de trabajo, características que parecían haber facilitado su ascenso en estructuras administrativas de alto nivel.

Durante la audiencia de imputación del lunes, sin embargo, la defensa de Álvarez intentó minimizar su papel dentro del organigrama del Área Metropolitana. Su abogada, Katherine Meneses, pidió a la fiscal que especificara cuál había sido la actuación directa de su defendida en los hechos presuntamente punibles. Cuestionó, por ejemplo, cuál fue su rol en la presunta reunión donde se negoció una rebaja en la comisión ilegal exigida para los contratos con los bomberos de Itagüí, qué elementos constituyeron dolo en su conducta y cuáles fueron sus actitudes omisivas dentro de sus competencias como contratista, no como funcionaria de planta.

La Fiscalía había presentado el jueves anterior los cargos contra los cuatro imputados: Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, como presunto determinador de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación; Villada, en la misma condición; Sebastián Ortega por presunto peculado por apropiación; y Álvarez. El esquema investigado habría generado un desfalco de 2 mil 481 millones de pesos distribuidos en seis contratos por un monto total de 17 mil 656 millones que celebraron el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la fiscal 40 anticorrupción, Álvarez, como parte de la subdirección Administrativa y Financiera bajo la dirección de Villada, habría elaborado los estudios previos y participado en una reunión de junio de 2020 donde, junto con su jefe, pactó con Misael Cadavid, gerente de los bomberos, una rebaja de la comisión ilegal del 20 al 15 por ciento.

Los abogados defensores de los otros imputados también presentaron objeciones. Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, cuestionó si el tipo penal de peculado era el adecuado, argumentando que si el dinero presuntamente apropiado ya formaba parte de las ganancias de un particular, no se habría configurado un delito contra bienes públicos. También pidió precisiones sobre cómo Quintero había impartido instrucciones dentro de la estructura corrupta y cuáles fueron los destinatarios de esas directrices. Solicitó además que se especificara cuándo ocurrieron las conductas atribuidas a su defendido en relación con cada contrato y en qué lugares sucedieron.

Dado que la fiscal requería tiempo suficiente para responder de manera coherente a todas las preguntas de la defensa, el juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías decidió aplazar la audiencia hasta el martes 15 de septiembre a las 2 de la tarde. La defensa de Álvarez, mientras tanto, continuaría buscando establecer que su participación en los hechos investigados había sido marginal o que carecía de los elementos de intencionalidad que la Fiscalía le atribuía.