Guatemala: el infierno de migrantes acosados por extorsiones y violaciones de la policía

Mayra está sentada en el Parque Bicentenario de Tapachula, la ciudad fronteriza del sur de México que se ha convertido en sala de espera para decenas de miles de migrantes. Cuando habla de su paso por Guatemala, dice que habría preferido cruzar dos veces la selva del Darién. No es hipérbole: es la medida de lo que vivió.

Lo que Mayra describe —y lo que repiten más de cincuenta migrantes entrevistados— es un sistema de extorsión operado por agentes de la Policía Nacional Civil guatemalteca en los retenes que salpican las rutas hacia México. Los autobuses son detenidos, los pasajeros sin documentos son identificados, y la negociación es simple y brutal: pagar entre 13 y 130 dólares o enfrentar la deportación. Para quienes no tienen el dinero, la alternativa es peor.

Los testimonios coinciden en la existencia de espacios llamados 'cuartos oscuros' dentro o cerca de las instalaciones policiales, donde mujeres y personas LGTBIQ+ son violadas cuando no pueden cubrir la cuota exigida. Entre las víctimas documentadas hay una niña de diez años. La cifra no necesita adorno: habla sola.

Denunciar es casi imposible. Los migrantes indocumentados temen que cualquier contacto con las autoridades acelere su deportación. No conocen el territorio, no hablan siempre el idioma burocrático, y su propia movilidad —su única estrategia de supervivencia— los aleja rápidamente del lugar donde ocurrieron los hechos. El resultado es una impunidad casi total que retroalimenta el ciclo.

Organizaciones humanitarias y corresponsales internacionales están comenzando a trazar el contorno de este patrón, pero el grueso de los casos sigue sin investigación formal. Guatemala, país de tránsito obligado entre Sudamérica y Norteamérica, alberga en sus rutas una violencia institucional que permanece, por ahora, mayormente en la sombra.