Gobierno y Senado hacia choque institucional por comparecencias sobre Ceuta

El verano parlamentario español, alguna vez sinónimo de quietud, se ha convertido en escenario de una batalla institucional sin precedentes. La crisis de Ceuta —la entrada masiva de 70.000 personas en la ciudad autónoma— ha encendido un enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Senado, controlado por el PP con mayoría absoluta, que amenaza con llegar a los tribunales constitucionales.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando el PP registró solicitudes de comparecencia para los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, además del titular de Presidencia y Justicia. Las sesiones estaban fijadas para esta semana: miércoles, jueves y domingo. Pero el Gobierno respondió anunciando que esos mismos ministros comparecerían en el Congreso a partir del 25 de agosto. Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares se negaron a acudir al Senado, argumentando que no tenía sentido comparecer dos veces sobre el mismo asunto y que el Congreso es la Cámara que otorga confianza al presidente.

Pedro Rollán, presidente del Senado, no aceptó esta respuesta. El sábado envió cartas a cada ministro advirtiéndoles que su ausencia sin justificación debida podría derivar en medidas disciplinarias y exigencia de responsabilidades. El Gobierno, a través de Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, pidió al Senado que desconvocara las sesiones, amenazando con ignorarlas de todas formas. El lunes, Simancas reiteró su posición en una breve misiva de cinco líneas. Pero el Senado ya ha oficializado las comparecencias. Según fuentes parlamentarias del PP, las comisiones se celebrarán como si los ministros estuvieran presentes, pero sin ellos.

La batalla legal tiene raíces profundas. En noviembre pasado, el PP modificó el reglamento del Senado para incorporar la palabra "obligados" en el artículo que regula las comparecencias ministeriales. Esa reforma, aprobada gracias a su mayoría absoluta, pretendía blindar legalmente el derecho del Senado a convocar ministros. El Gobierno rechaza que esa obligación exista, argumentando que la Constitución reserva al Congreso el control parlamentario sobre el presidente.

Este no es el primer choque. La diferencia de mayorías entre ambas Cámaras —algo inusual en democracias consolidadas— ha generado una confrontación permanente. El PP ya ha llevado al Tribunal Constitucional una decena de conflictos de atribuciones contra el Gobierno. Uno de ellos fue precisamente por el accidente ferroviario de Adamuz: cuando Sánchez se negó a comparecer ante el Senado y envió en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente, el PP recurrió ante el tribunal de garantías. El Constitucional admitió el recurso a trámite en mayo, un paso que suele ser habitual pero que mantiene viva la posibilidad de una decisión sobre el fondo.

El PSOE y otros partidos de izquierda acusan al PP de hacer un "uso partidista" del Senado. Fuentes del grupo socialista advierten que sus senadores tampoco asistirán a las comisiones convocadas, denunciando que el PP utiliza su mayoría de forma "totalitaria" en un período inhábil del calendario parlamentario. Sostienen que el Gobierno ya ha ofrecido comparecer en dos semanas, y que la capacidad de control no incluye el derecho a exigir cuándo y cómo.

Ahora el escenario está montado para un nuevo conflicto constitucional. El PP mantiene viva la posibilidad de recurrir ante el tribunal de garantías si los ministros no acuden esta semana. El Gobierno, por su parte, se aferra a su interpretación de la Constitución. Y mientras tanto, la crisis de Ceuta, que motivó todo esto, queda en segundo plano en una disputa que trasciende el asunto concreto para convertirse en una pugna sobre los límites del poder en una democracia dividida.