Gobierno y Congreso de Chile proponen crear Ministerio de Seguridad tras muertes de policías

La madrugada del jueves, un carabinero fue asesinado durante un control de rutina en el centro de Santiago. Era la tercera muerte de policía en menos de un mes, y la noticia llegó a un país ya saturado de ansiedad por la violencia. Ese mismo día, el Parlamento aprobó una ley controvertida que amplía los poderes de fuego de Carabineros —la llamada Ley Nain-Retamal, conocida también como "ley de gatillo fácil"— en un contexto donde la seguridad se había convertido en la preocupación ciudadana número uno según las encuestas.

La coincidencia no fue casual. El viernes, la ministra de Interior, Carolina Tohá, se sentó con Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, y Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados. También asistió Luis Cordero, ministro de Justicia. El encuentro tenía un propósito claro: acelerar una agenda legislativa de seguridad que ya estaba en movimiento pero que ahora cobraba urgencia política tras las muertes de los tres policías.

De esa reunión salió un acuerdo: diez proyectos de ley serían tramitados en los próximos días. La lista incluía cambios administrativos para notificar expulsiones de migrantes ilegales, nuevas normas sobre usurpación de propiedad, regulaciones de libertad provisional, disposiciones sobre reiteración de delitos, la creación de un Ministerio de Seguridad, y una Ley de Ciberseguridad, entre otros. No era un listado improvisado; era la respuesta institucional a una crisis que había llegado a las calles.

Coloma describió el acuerdo como "un esfuerzo potente de todos", subrayando que gobierno y legislativo estaban alineados para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Pero también advirtió sobre el equilibrio necesario: "Es importante legislar rápido, sin ninguna duda, pero también es importante legislar bien". Mirosevic fue más allá, insistiendo en que lo crucial era que Senado, Cámara y gobierno llegaran a consensos más allá de las divisiones políticas tradicionales entre izquierda y derecha.

Esta coordinación no surgió de la nada. El jueves, Coloma y Mirosevic ya se habían reunido con el presidente Gabriel Boric en una junta que incluyó representantes de las policías y otros poderes del Estado. Era evidente que la muerte del carabinero en Santiago había funcionado como catalizador, transformando lo que pudo haber sido una agenda legislativa ordinaria en un conjunto de medidas de emergencia.

La creación de un Ministerio de Seguridad era el proyecto más ambicioso de la lista, una reorganización institucional que señalaba hacia un cambio estructural en cómo el Estado chileno pensaba la seguridad pública. Pero ese proyecto convivía con medidas más inmediatas y controvertidas, como la Ley Nain-Retamal, que ya había generado debate sobre los límites del uso de la fuerza policial.

Lo que quedaba claro era que Chile enfrentaba un momento de presión política donde la violencia criminal había alcanzado un nivel que demandaba respuesta legislativa rápida. Los números de encuestas mostraban que la ciudadanía veía la delincuencia y el crimen organizado como sus principales amenazas. El gobierno y el Congreso, independientemente de sus diferencias, estaban apostando a que la velocidad legislativa y la coordinación institucional podrían traducirse en seguridad real en las calles.