Gobierno solicita a bancos reducir tasas de interés para reconstrucción tras terremoto de 7,4

El presidente Abelardo De la Espriella se dirigió al país la noche del 17 de agosto con cifras que dimensionan el alcance de lo ocurrido ocho días antes: un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió quince departamentos y dejó a su paso 304 muertos, miles de heridos y desaparecidos, y una destrucción material que una firma privada ha estimado en al menos 30 billones de pesos. La reconstrucción de viviendas sola costará alrededor de 24,5 billones, mientras que la infraestructura dañada requerirá otros 5,5 billones. "Imagínense ustedes la dimensión del desastre", dijo el mandatario, consciente de que las cifras por sí solas no alcanzan a transmitir lo que significa para un país enfrentar una catástrofe de esa magnitud.

La escala del daño es tangible en los números que reporta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Casi 30.000 viviendas fueron completamente destruidas. Otras 134.000 sufrieron daños severos. Doscientos sesenta y siete edificios colapsaron. Más de 123.000 familias, que representan a casi 300.000 personas, perdieron sus hogares o vieron sus casas gravemente afectadas. Los servicios básicos también fueron golpeados: 303 centros de salud, más de 3.400 escuelas, casi 4.000 espacios comunitarios quedaron fuera de servicio. Las vías, acueductos, puentes y hasta cinco aeropuertos sufrieron daños que interrumpieron la conectividad de regiones enteras.

Ante este panorama, De la Espriella presentó lo que llamó el "Plan Milagro", una iniciativa que busca no solo reconstruir sino también aliviar la carga inmediata de quienes lo perdieron todo. El plan incluye subsidios para arrendamiento mientras se reconstruyen las viviendas, alivios en el pago de servicios públicos, y un programa específico llamado "Vivienda Milagro" que promete vivienda nueva y mejoramiento de casas existentes. El Gobierno se comprometió a hacer un censo detallado, caracterizar cada caso individual, y entregar soluciones concretas adaptadas a la situación de cada familia afectada.

Pero la reconstrucción no puede ser responsabilidad del Estado únicamente. El presidente hizo un llamado directo al sector financiero para que reduzca las tasas de interés, permitiendo que las familias puedan acceder a créditos en condiciones más favorables para reconstruir o adquirir un techo digno. Simultáneamente, convocó a las empresas constructoras a sumarse al esfuerzo, pidiéndoles que trabajen codo a codo con el Gobierno y que donen sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas devastadas. "Invito a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia", expresó.

La magnitud de lo que está en juego es clara. El terremoto del 10 de agosto afectó principalmente a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, regiones que ahora enfrentan no solo la pérdida de vidas y hogares, sino también la interrupción de servicios esenciales y la desconexión de infraestructura crítica. Con 4.548 heridos, 426 desaparecidos y 356 personas rescatadas de entre los escombros, la emergencia humanitaria sigue siendo inmediata. Incluso los animales de la región fueron afectados: 496 fueron rescatados y 1.323 resultaron damnificados.

Lo que suceda en las próximas semanas dependerá de si el sector financiero y las empresas constructoras responden al llamado presidencial. Sin tasas de interés reducidas, muchas familias simplemente no podrán acceder a créditos para reconstruir. Sin la participación activa de constructores dispuestos a trabajar con márgenes reducidos, el ritmo de la reconstrucción será lento. El Plan Milagro existe sobre el papel; ahora debe convertirse en realidad en las ciudades y pueblos donde las familias duermen en refugios temporales, esperando poder volver a casa.