Gobierno restringe ingreso de drones, precursores químicos y maquinaria amarilla

Se acabó la vagabundería, estamos decididos a atacar ese flagelo
El presidente De La Espriella sobre las nuevas restricciones a la importación de maquinaria amarilla.
Mark

¿Por qué el Gobierno eligió precisamente estos tres tipos de mercancía para restringir? ¿Hay algo que los une?

Mimi

Los tres son insumos clave para operaciones criminales específicas. La maquinaria amarilla se desvía hacia minería ilegal, los precursores químicos son esenciales para procesar cocaína, y los drones se usan tanto para vigilancia como para ataques. Son herramientas que tienen usos legítimos, pero que en manos de organizaciones criminales se vuelven multiplicadores de daño.

Luke

Pero la pregunta real es si concentrar las importaciones en dos puertos realmente detiene el contrabando, o simplemente lo desplaza. ¿Hay datos que muestren que esto funciona en otros países?

Mark

Y esos treinta mil millones en incautaciones del mes pasado, ¿es una cifra que refleja más vigilancia o más contrabando?

Mimi

Velásquez dijo que fue el mes con mayores incautaciones del año, así que técnicamente es un éxito de los operativos. Pero tienes razón en cuestionarlo: más incautaciones podrían significar que hay más flujo intentando pasar, no que el problema se esté resolviendo.

Luke

Exacto. Y el anuncio de un grupo élite en la POLFA liderado por mujeres es importante, pero ¿cuántos efectivos tiene? ¿Cuál es su presupuesto? Sin esos números, es difícil evaluar si es una medida simbólica o sustantiva.

Mark

¿Qué pasa con los criptoactivos? ¿Realmente pueden rastrear eso?

Mimi

La Dian dice que va a fiscalizar a residentes que tengan criptoactivos en el exterior. Es un intento de cerrar una brecha, pero la tecnología blockchain está diseñada precisamente para ser difícil de rastrear. Es una declaración de intención más que una solución probada.

Luke

Y eso es lo importante: el Gobierno está anunciando acciones, pero muchas de ellas dependen de cooperación internacional, de que los puertos funcionen como se espera, de que la tecnología de rastreo sea efectiva. Son todas variables que no están bajo control total.

Mark

¿Entonces esto es suficiente?

Mimi

Es un paso. Pero el contrabando que cuesta ciento veinte billones de pesos anuales no se detiene con restricciones en dos puertos. Necesitaría cambios más profundos en cómo funciona la corrupción dentro del sistema mismo.

  • El contrabando drena cerca de 120 billones de pesos anuales del Estado colombiano, una hemorragia que el Gobierno ya no puede ignorar sin costo político.
  • Drones incautados que habían sido usados para atacar a la fuerza pública revelan que el problema va más allá del comercio ilegal: es una amenaza armada en evolución.
  • La maquinaria amarilla —excavadoras y equipos de construcción— quedará restringida a solo dos puntos de entrada, Cartagena y Bogotá, para concentrar la vigilancia donde pueda ser efectiva.
  • Un grupo élite de la POLFA, liderado por mujeres oficiales, se creará específicamente para desmantelar redes de contrabando, marcando un giro institucional inédito.
  • La Dian extenderá su fiscalización hacia los criptoactivos de residentes colombianos en el exterior, reconociendo que las economías criminales ya operan tanto en puertos físicos como en billeteras digitales.
  • La cooperación con autoridades estadounidenses y agencias internacionales se profundizará, admitiendo que ningún país puede contener solo fenómenos que cruzan fronteras por definición.

En un momento en que las economías criminales han aprendido a moverse entre puertos, fronteras y plataformas digitales, el Gobierno colombiano anunció un conjunto de restricciones aduaneras que buscan cerrar los canales por los que fluyen drones, precursores químicos y maquinaria de excavación hacia el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. El presidente De La Espriella presentó la medida no como un ajuste técnico, sino como una declaración de intenciones: el Estado colombiano intentará recuperar el control de sus umbrales físicos y digitales, caiga quien caiga. La pregunta que subyace, como en tantos esfuerzos similares a lo largo de la historia latinoamericana, es si la voluntad política encontrará la institucionalidad suficiente para sostenerse.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el viernes un paquete de medidas aduaneras orientadas a cortar el suministro de materiales que sostienen las economías criminales del país. La estrategia apunta a tres categorías: precursores químicos, componentes de drones y maquinaria amarilla, todos insumos que terminan alimentando el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. El tono del mandatario fue combativo: identificó corrupción, narcotráfico, contrabando y minería ilegal como los grandes males estructurales del país, y prometió enfrentarlos sin importar a quién afecte.

La medida más concreta recae sobre la maquinaria amarilla. A partir de ahora, su importación solo será permitida por los puertos de Cartagena y Bogotá, concentrando los controles en puntos donde la vigilancia puede ser más rigurosa. Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dian, explicó la lógica: cerrar las grietas por las que estos equipos han circulado sin supervisión hacia operaciones de extracción ilegal. Los números que respaldan la urgencia son elocuentes: el mes anterior al anuncio se incautaron mercancías por más de treinta mil millones de pesos, el mayor decomiso del año, incluyendo drones que grupos criminales habían usado para atacar a la fuerza pública.

Para reforzar la capacidad institucional, se anunció la creación de un grupo élite dentro de la Policía Fiscal y Aduanera, especializado en redes de contrabando y liderado, por primera vez en la historia de la institución, por mujeres oficiales con trayectoria probada. Paralelamente, las seccionales de la Dian en puertos y zonas fronterizas pasarán a ser dirigidas por integrantes activos de la fuerza pública, con el objetivo de identificar y desarticular las redes que operan en esos puntos críticos.

La ofensiva también alcanza el mundo digital. La Dian implementará un programa de fiscalización sobre criptoactivos de residentes colombianos en el exterior, cerrando una vía por la que recursos de origen criminal podrían circular sin detección. La cooperación con autoridades estadounidenses y otras agencias internacionales continuará profundizándose, reconociendo que el contrabando y el narcotráfico son fenómenos transnacionales que ningún país puede contener en solitario.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el viernes un conjunto de medidas de control aduanero diseñadas para frenar el flujo de materiales que alimentan las economías criminales del país. La estrategia se enfoca en tres categorías específicas: precursores químicos, componentes de drones y maquinaria amarilla, todos ellos insumos clave para operaciones de narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

En su anuncio, De La Espriella fue directo sobre lo que considera los principales desafíos de seguridad que enfrenta Colombia. Identificó cuatro problemas estructurales: la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. El tono fue combativo. "Los voy a combatir de frente, caiga quien caiga", declaró el mandatario, señalando que estas actividades representan lo que llamó "cánceres terribles" para la nación.

La medida más concreta se refiere a la maquinaria amarilla, esos equipos de construcción y excavación que con frecuencia terminan siendo desviados hacia operaciones de extracción ilegal. Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), explicó que a partir de ahora la importación de esta maquinaria y sus componentes será permitida únicamente a través de dos puertos: Cartagena y Bogotá. La decisión busca concentrar los controles en puntos específicos donde la vigilancia puede ser más efectiva. "Se acabó la vagabundería", afirmó De La Espriella, usando una expresión que subraya la intención de cerrar las grietas por las que estos equipos han circulado sin supervisión.

Los números que respaldan esta ofensiva son significativos. Durante el mes anterior al anuncio, operativos aduanales permitieron incautar mercancías por valor de más de treinta mil millones de pesos, la cifra más alta registrada en lo que iba del año. Velásquez destacó que entre esos decomisos se incluyeron drones que grupos criminales habían utilizado para atacar a la fuerza pública. El hallazgo subraya cómo estos equipos, lejos de ser herramientas civiles neutrales, se han convertido en instrumentos de violencia en manos de organizaciones delictivas.

El contrabando en general representa, según el presidente, una pérdida cercana a ciento veinte billones de pesos anuales para las arcas del Estado. Esa cifra dimensiona el alcance de lo que el Gobierno intenta contener. Para reforzar la capacidad de respuesta, se anunció la creación de un grupo élite dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), especializado en desmantelar redes de contrabando. Un detalle que De La Espriella enfatizó: por primera vez, la dirección de este grupo estará conformada por mujeres oficiales con trayectoria probada dentro de la institución.

Otro frente de la estrategia implica cambios en las seccionales de la Dian ubicadas en puertos y zonas fronterizas. Velásquez anunció que estas dependencias serán dirigidas por integrantes activos de la fuerza pública, incluidos oficiales de rangos superiores. La intención es crear equipos especializados capaces de identificar y desarticular las redes que operan en esos puntos críticos. De La Espriella advirtió que quienes participen en contrabando o faciliten el uso de puertos para actividades criminales enfrentarán procesos judiciales, potencialmente a través de mecanismos de cooperación internacional.

La Dian también ha fortalecido sus vínculos con autoridades estadounidenses y ha establecido trabajo conjunto con otras agencias internacionales. Velásquez confirmó que estas alianzas continuarán profundizándose, reconociendo que el contrabando y el narcotráfico son fenómenos transnacionales que requieren respuestas coordinadas.

Un componente adicional de la ofensiva se dirige hacia los activos digitales. La Dian implementará un programa de fiscalización dirigido a residentes colombianos que posean criptoactivos en el exterior. Quienes estén obligados a declarar estos activos deberán reportarlos ante las autoridades tributarias, cerrando otra vía por la cual recursos de origen criminal podrían circular sin detección. La medida refleja una comprensión de que las economías criminales modernas operan tanto en espacios físicos como digitales, y que los controles deben adaptarse en consecuencia.

Colombia tiene cuatro cánceres terribles: la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y los voy a combatir de frente, caiga quien caiga
— Presidente Abelardo De La Espriella
En esos ejercicios también hemos aprehendido drones con los que las mafias han atacado a nuestra fuerza pública
— Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dian
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