En el Perú de 2027, el presupuesto público revela una tensión entre el discurso y la acción: mientras el Gobierno de Keiko Fujimori proclama la seguridad ciudadana como prioridad nacional, los números asignan S/519 millones menos a la policía y S/1,812 millones más a las Fuerzas Armadas. Esta brecha entre la palabra oficial y la distribución real del dinero público no es solo una disputa contable, sino una pregunta sobre qué tipo de orden promete el Estado y a quién le llega primero.
Gobierno reduce seguridad ciudadana S/519M pero cuadruplica inversión militar para 2027
La reducción de presupuesto para patrullaje policial impacta directamente la capacidad de respuesta ante ola nacional de extorsión y delincuencia organizada.